El Gobierno dispara las cotizaciones para pagar el nuevo sistema de pensiones
El plan del PSOE y Podemos aumentará el gasto al permitir durante 20 años elegir la jubilación que sea más ventajosa.
El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, lo ha conseguido: ha logrado pactar con Bruselas y con Unidas Podemos la segunda fase de la reforma de las pensiones que faltaba por acordar y que cierra el círculo a lo comprometido para esta legislatura. Para ello se ha visto obligado a flexibilizar mucho su propuesta inicial para atraer al acuerdo a la formación morada y lograr el respaldo de los sindicatos, una vez que dan por sentado que no conseguirán el aval de los empresarios, contrariados por la fuerte subida de las cotizaciones.
Sí, habrá ampliación del periodo de cálculo de los nuevos jubilados que acceden a una pensión, pero aquellos que prefieran el método actual podrán mantenerlo hasta 2043. A cambio, y para compensar otro gasto extra más que se le viene encima al sistema precisamente en las décadas de mayor tensión financiera con la jubilación del 'baby boom', las bases máximas se elevarán más de lo previsto ( las pensiones máximas lo harán en menor medida), habrá un recargo para las rentas más altas y el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) se extenderá a 2050 e incluso a partir de 2029 duplicará el gasto que comporta para empresas y trabajadores, según el borrador de decreto ley de medidas urgentes para la reforma del sistema de pensiones al que ha tenido acceso este periódico.
Era la medida más polémica y contra la que se han manifestado públicamente en tromba partidos políticos, sindicatos y asociaciones de pensionistas. Por ello, Escrivá ha buscado una solución que antes ha tenido que consensuar con la Comisión Europea, que es de donde partía la exigencia de esta medida para moderar el gasto.
Dos fórmulas para estimar la pensión
Durante veinte años convivirán dos fórmulas para estimar la pensión de los nuevos jubilados: la actual, que tiene en cuenta los últimos 25 años de cotización, y la que se aprobará con esta reforma, que calculará la prestación ampliando el periodo de cómputo a 29 años (uno menos que la propuesta primera) y descartando las 24 peores mensualidades; es decir, se tendrán en cuenta 27 años. La Seguridad Social actuará de oficio y elegirá la opción que más beneficie al nuevo jubilado.
Este nuevo método de cálculo empezará a desplegarse de forma progresiva durante doce años a partir de 2026 y se aplicará de forma exclusiva a partir de 2044, cuando dejará de poder utilizarse los últimos 25 años.
El objetivo de esta segunda opción es beneficiar a los trabajadores con carreras laborales irregulares, más volátiles o aquellos que han sido despedidos al final de su vida laboral, para que no vean mermada su pensión por haber recibido menores ingresos en sus últimos años en activo.
Escrivá siempre había rechazado que esta medida fuera a suponer un recorte en la pensión y, de hecho, argumentaba que el impacto presupuestario iba a ser neutro. Ahora, sin embargo, al combinar las dos fórmulas implicará un gasto extra al sistema durante las dos próximas décadas, puesto que mejorará las nuevas pensiones de una parte de los trabajadores. Por ello, en contrapartida y en lo que supone otro guiño hacia los sindicatos y a Unidas Podemos, ha endurecido la medida para destopar las cotizaciones máximas, puesto que en la actualidad los salarios por encima de los 53.946 euros anuales no cotizan al sistema, medida que sí logrará insuflar de más recursos a un sistema que lleva años en números rojos.
Brecha con la pensión máxima
La nueva propuesta que este viernes presentó a los agentes sociales contempla una subida adicional a las cotizaciones máximas del 31,2% en las próximas décadas, ligeramente superior a la que había planteado el año pasado. En concreto, propone un incremento fijo de 1,2 puntos porcentuales desde 2024 hasta 2050 (frente al 1,154 puntos porcentuales que propuso en noviembre), al que hay que añadir la subida anual por la evolución de la inflación.
Sin embargo, las pensiones máximas se revalorizarán en menor medida que la prevista en la primera iniciativa, que ya agrandaba enormemente la brecha con la cotización máxima: sumarán un incremento adicional al IPC anual del 0,0115% (frente al 0,115% inicial) durante ese periodo, menos de tres décimas. A partir de 2050 habrá incrementos adicionales que llegarán al 20% en 2065, según señala el borrador de ley.
Pero, además, el Gobierno creará una cuota de solidaridad para la parte del salario que actualmente no cotiza por superar el tope máximo de cotización (a partir de esos 54.000 euros brutos de remuneración), que será del 1% en 2025 y que irá aumentando a un ritmo de 0,25 puntos por año hasta llegar al 6% en 2045. Así, en 2025, por cada 500 euros que gane una persona por encima del tope máximo de cotización, tendrá que pagar 5 euros adicionales.
Además, para mejorar los ingresos, se incluye una subida progresiva en el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que ha entrado en vigor este año para sustituir al factor de sostenibilidad derogado y que supone un alza de 0,6 puntos de las cotizaciones de todos los trabajadores, de los que 0,5 puntos son pagados por la empresa y 0,1 por el empleado. Se incrementará una décima año a año hasta duplicarse en 2029, cuando se elevará hasta el 1,2%. Con ello, se pretende reforzar el sistema durante los años en los que puede haber una mayor tensión por la jubilación de la generación del 'baby boom', puesto que estos recursos irán íntegramente a rellenar la hucha de las pensiones.
