El uso del plástico (ya) se paga
El 1 de enero España se convirtió en el primer y único socio comunitario en aplicar un impuesto que grava el uso de plástico de un solo uso, para "decepción" de la industria alimentaria que pedía una moratoria.
Ya esta aquí. España no ha cejado en su empeño de convertirse en el primer y único socio comunitario en aplicar el llamado impuesto especial al plástico, un tributo –que en cifras supone el pago de 0,45 euros por kilo de este material de un solo uso– que emana de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular.
Poco le ha importado al Ministerio de Transición Ecológica el ejemplo de otros países de la UE que, como Italia –donde ya se había regulado en este sentido– han decidido que la coyuntura económica no es precisamente la más propicia para cargar con un nuevo pago a la industria. Y ha hecho oídos sordos a las numerosas voces que desde más de una quincena de patronales, especialmente del sector de la alimentación, que exigían tan alto como claro el aplazamiento de la entrada en vigor de esta medida fiscal que, como advierten, tendrá un impacto millonario en las empresas, a las que restará competitividad en los mercados internacionales; desincentivará la inversión extranjera y terminará por recaer también en los bolsillos de los consumidores.
Y ahí está. Desde el primer día de este recién estrenado 2023 se cobra este impuesto que "tiene como objetivo incentivar la economía circular, proteger el medio ambiente, impulsar comportamientos respetuosos con el entorno natural y prevenir la generaciones de residuos", como recoge la propia normativa.
Esta nueva carga fiscal tendrán que soportarla todas aquellas empresas que fabriquen o adquieran envases no reutilizables que contengan plástico, es decir, todos los que se han diseñado para contener, proteger, manipular, distribuir y presentar mercancías, los productos plásticos semielaborados para la obtención de los envases no reutilizables –preformas o las láminas de termoplástico– así como aquellos que contienen plástico para permitir el cierre, la comercialización o la presentación de envases no reutilizables.
Está exenta, sin embargo, la fabricación, importación o adquisición intracomunitaria de envases destinados a contener, proteger, manipular, distribuir y presentar medicamentos, productos sanitarios, alimentos para usos médicos especiales, preparados para lactantes de uso hospitalario o residuos peligrosos de origen sanitario.
Hasta el último momento, la industria confiaba en que el Departamento que lidera Teresa Ribera escuchara sus peticiones, porque, de hecho, hasta casi final de 2022 nisiquiera existía una orden ministerial que recogiera los detalles, al menos, del cómo y cuándo tienen que liquidar las empresas dicho tributo. Pero el pasado viernes, 30 de diciembre, ya sobre la campana y apurando fechas, el Gobierno plasmaba negro sobre blanco en el Boletín Oficial del Estado la orden del Ministerio de Hacienda y Función Pública con el modelo de liquidación del impuesto (592) y el de devolución (A22). Con él, el impuesto al plástico ya se paga (solo) en España.
Todo comenzó cuando la UE introdujo una normativa que penalizaba a los Estados miembros con 0,80 euros por cada kilo de plástico que no se pueda reciclar y dejaba manos de los socios comunitarios el desarrollo de una normativa para gestionar la penalización. España no quiso perder tiempo y aunque ninguno de los países de la UE parecían tener prisa por alcanzar esa meta, España, con el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico como abanderado, echó a correr para ser el primero (y el único) en alcanzar dicho propósito y conseguir que el impuesto al plástico entrara en vigor justo después de que sonaran las campanadas de Año Nuevo. Podría haberle superado Italia, que también estaba bien posicionada en esa carrera e incluso ya había regulado el gravamen, pero el Gobierno del país transalpino decidió aplazarlo dadas el complicado e inflacionista escenario económico europeo.
Y el ya famoso impuesto al plástico se cobra desde el 1 de enero de 2023 para decepción de las más de 15 organizaciones empresariales que representan a los sectores de consumo (FIAB, ACES, Acotex, Adelma, Aecoc, AFEB, Anged, Applia, Asaja, Asedas, Anierac, Asemesa, Cooperativas Agroalimentarias, FECE, Foro Interalimentario, Marcas de Restauración y Stanpa) que durante meses han estado llamando a las puertas del Departamento que lidera Teresa Ribera para convencerle ya no de que retirara la medida, pero si que aplazara su entrada en vigor porque "el impuesto añade un sobrecoste y más presión inflacionista en un momento crítico para la economía", señalan.
Las patronales han hecho cuentas. Calculan que el impuesto tendrá un impacto directo en las compañías de 690 millones de euros y lamentan que "llega en el peor momento posible" porque esa cantidad se suma a los ya elevados sobrecostes que llevan soportando por el elevado precio de las materias primas, del transporte, de las energía...
No solo es una cuestión de dinero, explican las organizaciones empresariales. Que España sea el único país en el que se estrena este tributo también pone palos en las ruedas a la competitividad de las empresas frente a sus vecinos europeos. "Tendrá un impacto nocivo para las exportaciones de nuestros sectores", añaden las patronales que alertan, además, de que también será un freno a la inversión en España por parte de empresas del gran consumo "que, aun teniendo interés en nuestro país, pueden decantarse por otros mercados en los que no deban asumir estos costes adicionales", matizan.
Los sectores afectados, especialmente la alimentación, no entienden muy bien la precipitación con la que el Gobierno ha obrado para imponer esta nueva carga fiscal, especialmente porque, según aseguran, las empresas han demostrado su firme compromiso con la reducción de plásticos "y van por delante de la legislación en su compromiso con el medio ambiente". Como prueba, destacan el rediseño, la reducción de peso o la reutilización del plástico para tratar de minimizar la presencia de este material en el envasado. Así lo corroboran también los datos de Eurostat que sitúan a España entre los países con mejores ratios de reciclaje de envases de plástico (51,4%), por delante de naciones como Alemania, Francia o Italia y del conjunto de la media europea (37,7%).
Y existen además informes sectoriales como el realizado por Aecoc –una de las mayores asociaciones empresariales del país y la única que reúne a todos los agentes de la cadena de valor, desde productores y fabricantes, a operadores logísticos y distribuidores–, que evidencian que, en los últimos años, sus empresas han reducido en un 21,7% el porcentaje de plástico utilizado, que el 69,1% del plástico que emplean es reciclable o reutilizable y que el 35,1% del plástico de sus packagings procede de plástico reciclado.
Peor cuanto más pequeño
Si el impuesto al plástico es una losa para la industria, pesa mucho más cuanto menor es su dimensión. "En el actual escenario inflacionista, las empresas de menor tamaño tienen menor capacidad de maniobra y, por tanto, de resistencia ante la suma de nuevos sobrecostes", coinciden en afirmar los representantes de los sectores de consumo, que destacan que los impactos no solo se derivan del pago del propio impuesto, sino especialmente por toda la operativa de gestión y de administración que conlleva su contabilización y pago y que resulta especialmente gravosa en el caso de las pymes.
Un efecto que será notable en España –y también en Aragón– si se tiene en cuenta el gran peso que las pymes presentan en el conjunto de la economía nacional y regional, en las que el 99,88% de las empresas son pymes, que concentran el 72,5% de los puestos de trabajo. Un porcentaje muy superior a la de otros estados miembros como Francia, Alemania, Reino Unido o Países Bajos. "Las pymes españolas aportan el 62,2% del PIB nacional, por encima de los mercados vecinos y de la media de la UE, por lo que castigar más a un colectivo que está muy seriamente afectado por la coyuntura económica podría incluso abocar a las industrial al cierre o a la destrucción de empleo", advierten.
En el bolsillo del consumidor
El impuesto lo pagan las empresas pero terminará contribuyendo al agujero que está dejando la elevada inflación en los bolsillos de los consumidores, porque las empresas aseguran que es imposible continuar asumiendo los cada vez más elevados costes de producción. Así lo advierte la Asociación Nacional de Industriales, Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles (Anierac) que afirma que "la aplicación del impuesto especial del plástico a la industria alimentaria supondrá un nuevo varapalo económico para el consumidor, que tendrá que afrontar un coste añadido para un producto de primera necesidad".
Ante la escalada de precios del oro líquido –cuya cosecha ha sido extremadamente escasa– el ministro de Agricultura había pedido al sector que intentara moderar el precio del aceite de oliva. Los productores ya advierten que no podrán hacer ese esfuerzo y responsabilizan de ello a un tributo que "choca de bruces con la realidad de un año donde la escasez de lluvia ha dado lugar a una producción exigua y a un baile de precios".
Venta a granel
La normativa de la que emana el nuevo impuesto al plástico también prohibe desde el 1 de enero la venta de frutas y verduras de menos de 1,5 kilos en envases de plástico (salvo excepciones) y establece que los comercios minoristas de alimentación de más de 400 metros cuadrados tendrán que destinar al menos el 20% de su superficie a productos sin embalaje, incluida la venta a granel. Seis meses tienen de plazo dichos establecimientos para su adaptación a esta nueva normativa, que determina además que los comercios que vendan a granel alimentos y bebidas deberá aceptar el uso por parte de los consumidores de recipientes reutilizables (bolsas, tuppers o botellas) que solo podrán rechazar si están "manifiestamente sucios o no son adecuados".
Ante esta regulación ha levantado la voz Cooperativas Agroalimentarias de España, que considera la iniciativa del Miteco "muy perjudicial para el sector, discriminatoria para las frutas y hortalizas y poco coherente con otras políticas agrarias y con las demanda de la sociedad".
Las cooperativas advierten que la prohibición del envasado de estos productos perjudica las posibilidades de diferenciación y valorización. Y recuerdan que el sector hortofrutícola lleva años demostrando su compromiso por el uso sostenible de envases. Lo ha hecho, dicen sus representantes, invirtiendo y orientando sus estrategias comerciales hacia la eliminación de los recipientes y envoltorios superfluos o la elección de materiales reciclables.
Por ello, insisten en su apoyo total a una normativa que contemple la reducción del uso de envases y la mejora de su gestión, la recogida y el reciclado, pero reiteran su rechazo a la prohibición radical y arbitraria de determinados materiales o formatos.
