ECONOMÍA
Reforma de las pensiones: los cambios que están sobre la mesa a falta de 15 días de negociación
Al Gobierno, patronal y sindicatos se les acaba el tiempo este año para llegar a acuerdos sobre la segunda parte de la modificación del sistema, que habían previsto cerrar este ejercicio.
El sistema de pensiones parece que se encuentra siempre en una reforma continua, sobre todo este año, que comenzó con la entrada en vigor de una parte de las modificaciones, como la actualización según la subida de la inflación media, y se dejaron las cuestiones más peliagudas que aún no se han logrado atar. En la actual negociación de este segundo paquete de medidas, que buscan conseguir más ingresos para mejorar la sostenibilidad, se han planteado cuestiones de calado como elevar las cotizaciones de las pensiones más altas o alargar los años que cuentan a la hora de calcular qué cuantía se cobra. Faltan apenas 15 días para que termine el año y las reuniones siguen para intentar acercar posturas, todavía alejadas en una reforma que se plantea como una exigencia de la Comisión Europea.
De momento, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, que encabeza las negociaciones por parte del Gobierno, se ha quedado solo en muchas de sus propuestas, sin conseguir el apoyo ni de las patronales CEOE y Cepyme ni los sindicatos CC. OO. y UGT,c que son los que se sientan a la mesa. Los empresarios han considerado excesivos planteamientos como el alza de las cotizaciones, debido a la actual crisis, mientras para los sindicatos ha habido muchas aún insuficientes.
Lo único que se sabe seguro ahora es lo que subirán las pensiones el año que viene. Tras conocerse el dato definitivo de la inflación en noviembre, las contributivas aumentarán en 2023 un 8,5% como anunció el Gobierno. La fórmula de revalorización actual toma como referencia el Índice de Precios al Consumo (IPC) interanual promedio de doce meses (de diciembre del año anterior a noviembre del ejercicio en vigor). Desde organizaciones como la plataforma en defensa del sistema público de pensiones, que se concentra los lunes en la plaza del Pilar, se insiste en que debe aplicarse el IPC real. La media exacta tomando la inflación de diciembre de 2021 a noviembre de 2022 arroja un alza de precios en este periodo del 8,46%, que se redondearía al 8,5%.
Propuestas sobre la mesa de negociación
- Más años para calcular la pensión. En la reunión del pasado lunes el ministro Escrivá puso sobre la mesa la posibilidad de introducir en la reforma un aumento en el número de años que se tienen en cuenta para calcular la pensión, que son decisivos para saber la cuantía. Su propuesta sería pasar de los 25 actuales a los 30 años, con la posibilidad de descartar los 24 meses peores. No ha habido acuerdo todavía.
- Subida extra de las cotizaciones máximas. Entre las medidas para llenar la caja única que alimenta las pensiones, el ministro planteó el lunes un aumento del 30% entre los años 2025 a 2050, de las cotizaciones que pagan cada mes las empresas por sus trabajadores. Una medida a la que se oponen los empresarios por el incremento de costes salariales que representa y que supondría una subida de apenas el 3% a la hora de cobrar la pensión en ese periodo, según los primeros cálculos.
- Mejoras para reducir la brecha de género. Actualmente las mujeres pensionistas cobran, de media, un 30% menos que los hombres. La razón de que sus prestaciones sean más bajas depende de muchos factores, como que muchos de los sectores feminizados (limpieza, dependencia, comercio...) cuenten con salarios más bajos y que acumulen periodos sin cotización o con contratos a tiempo parcial o precarios por necesitarlos para conciliar. El Gobierno ha presentado medidas para paliar esta 'brecha', que los sindicatos han considerado insuficientes. Entre ellas figura entender por cotizados al 100% los tres primeros años de excedencia por cuidado de hijos o mayores así como las reducciones de jornada; elevar las coberturas de las lagunas de cotización (periodos no cotizados) desde el 50% al 80% de base mínima entre los meses 49 (4 años) al 72 (6 años) y la subida del 10% (2024 y 2025) del complemento de brecha de género, que actualmente supone 28 euros al mes en la pensión.
- Revisión de la jubilación parcial. No se conocen los detalles y hasta ahora solo se sabe que habría un compromiso de alcanzar un acuerdo en los primeros meses de 2023.
Queda pendiente todavía un tema que ha sembrado también las diferencias en la mesa de negociación, el llamado Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) que está previsto que se aplique desde enero y que supone un alza de todas las cotizaciones del 0,6% para conseguir más ingresos para el sistema.
A la subida de las cotizaciones se oponen desde los sectores que están al tanto del día a día de las empresas. "Es un coste desmesurado para empresas y trabajadores que no tiene su justa recompensa a los efectos de las prestaciones porque están topadas", apunta Francisco Javier Lázaro, graduado social y vicepresidente del Consejo General de Relaciones Industriales y Ciencias del Trabajo. El profesional recalca que "las empresas lo están pasando mal" en la coyuntura económica actual. Considera que el incremento "perjudica tanto a empresas como a trabajadores" porque cotizará más tanto la empresa por el trabajador como él en la parte que le corresponde y será "otro incremento que viene a detraer de ingresos reales". Teme que con tantos cambios "llegará enero y la gente no sabrá qué hacer".
Miguel Poveda, presidente de la Asociación Empresarial de Asesores Laborales (AEAL), advierte de que "todo esto en las circunstancias actuales me parece un despropósito que se va a llevar por delante a muchas empresas". Se muestra preocupado por la situación que atraviesan las compañías tras un año de precios récord de la energía, subida de la inflación y otros efectos de la guerra de Ucrania. "Todo tiene un límite. La vaca no da para más", asegura.
Sin embargo, desde los sindicatos, que tampoco se sienten cómodos con muchas de estas medidas, creen que en el caso de la subida de las cotizaciones puede ser asumida por las patronales. "Para las empresas nunca es el momento", reprocha Daniel Alastuey, secretario general de UGT-Aragón. Respecto a la subida de las cotizaciones considera que de producirse como se ha anunciado será "muy paulatina" y "es una medida que afectará más a las grandes empresas, que es donde los salarios son mayores y que son las que más beneficios están teniendo ahora".
"Históricamente las empresas nunca ven el momento para incrementar cotizaciones, que se han venido rebajando desde los años 90 hasta aquí", asegura en el mismo sentido Pablo Castillo, secretario de Acción Sindical de CC. OO. Aragón.
"Cada vez que ha habido un avance social o derecho laboral la respuesta eterna es que no podemos asumirlo, nos lleva a un desastre", afirma y añade que "estamos hablando en términos muy moderados, cotizaciones por debajo de los máximos históricos. En estos momentos para empresas con beneficios hay un problema de incertidumbre, pero la incertidumbre forma parte de nuestras vidas".
La ampliación del periodo de cálculo no es vista con buenos ojos por los sindicatos. "Acaba de entrar en vigor la reforma de los 25 años", apunta Alastuey, sobre la ampliación del periodo desde los 15 años. A este reciente cambio añade que "el Gobierno dice que tendrá 'efectos neutrales' por lo que no parece necesario ni han aportado información que podamos contrastar para ver si los cálculos son correctos", indica el líder sindicalista. Entiende que es más necesario avanzar en cuestiones como reducir la brecha de las pensiones, con medidas para favorecer a quienes cotizan menos por el cuidado de mayores y no solo de los hijos.
CC. OO. argumenta también su oposición en que "no forma parte del Pacto de Toledo". Castillo cree que se pueden ir aplazando algunos cambios y que el compromiso con Europa para reformar el sistema de pensiones y garantizar su viabilidad no marca unos puntos concretos "en los contenidos" sino en que se vayan aprobando "medidas que mejoren los ingresos del sistema".
Con lo que se han apurado los plazos para negociar y los numerosos desacuerdos que persisten todos coinciden en que será difícil cerrar acuerdos en todas las cuestiones pendientes antes de que termine el ejercicio. Poveda se muestra convencido de que "no va a dar tiempo", si la fecha límite se mantiene en este año.
