Ingenieros e inspectores, las oposiciones más difíciles de cubrir
El Estado afronta pruebas selectivas de funcionarios a las que no se presentan opositores e incluso plazas que se quedan desiertas sin ocupar.
El problema está diagnosticado: la austeridad con que se abordó la crisis de 2008 provocó una caída de las ofertas de empleo público y de la tasa de reposición de las bajas en los puestos de funcionario. Sumado a todo ello, además, las plazas convocadas no llegan a cubrirse en su totalidad, sobre todo en los procesos selectivos de determinados cuerpos superiores de empleados públicos.
Así se reflejaba en un documento publicado en 2021 por el entonces Ministerio de Política Territorial y Función Pública, 'Orientaciones para el cambio en materia de selección en la Administración General del Estado'. Y de esta manera lo recogen los datos del Ministerio de Hacienda y Función Pública de las plazas sacadas a concurso correspondientes a las ofertas de empleo de 2017, 2018 y 2019, las personas que se presentaron a las pruebas y la tasa de cobertura con que se saldaron los procesos selectivos.
No hay datos completos de años más recientes, ya que oposiciones y concursos no han concluido aún. Y es que otro de los problemas a los que se enfrenta la función pública es el que resalta Begoña Gil, portavoz del sindicato CSIF: la dilación desde que se publica la nueva oferta de empleo hasta que se resuelve, algo agravado por la irrupción de la pandemia. En este 2022 estarían ocupando su puesto quienes aprobaron las oposiciones de la oferta de empleo de 2019. Y las incorporaciones de las últimas e importantes ofertas de empleo correspondientes a los dos últimos años seguramente no lleguen hasta 2024.
Pagan más en el sector privado
Los déficits en la cobertura de las plazas han sido en los últimos ejercicios importantes en ciertos cuerpos o escalas de la Administración. A juicio de Javier Martínez, portavoz de CC.OO., las más afectadas son las actividades por las que se perciben retribuciones superiores en el sector privado, en el que, además, no hay que enfrentarse a años de estudio para los que se requiere contar con una capacidad económica relevante. De este modo, hay problemas para encontrar funcionarios para las plazas convocadas para ingenieros, además de personal dedicado a las tecnologías de la información y la comunicación.
Así, de las 251 plazas convocadas para ingenieros aeronáuticos en los tres últimos años, se ocuparon menos de la mitad (115); y de las 50 convocadas para ingenieros navales, se cubrieron únicamente 27. Los puestos para ingenieros de minas ofertados entre 2017 y 2018 se cubrieron en menos de un 60%. Y tampoco se encontraron todos los profesionales requeridos para plazas de ingenieros industriales, ingenieros geógrafos, las diversas modalidades de ingenieros de montes, los de caminos, canales y puertos o los agrónomos, si bien en estos últimos la cobertura ha rebasado muy bien el nivel del 90%.
Además de los puestos de ingenieros del Estado, otras plazas con dificultades para cubrirse en su totalidad han sido las dedicadas a médicos para la Administración General del Estado. Ello, explica Martínez, porque su retribución es menor que la que perciben los que trabajan para las Comunidades Autónomas. Así, las plazas para facultativos de sanidad penitenciaria apenas se han ocupado en un 15% el pasado 2019. Y porcentajes reducidos de cobertura también han registrado médicos titulares: de las 87 plazas convocadas para ellos, en los tres últimos años se han cubierto la mitad. Tampoco se han llegado a ocupar todas las plazas de médicos inspectores del Cuerpo de inspección sanitaria de la Seguridad Social: de las 177 convocadas, quedaron desiertas 93.
También ha habido un cierto déficit en la cobertura de varios Cuerpos de Inspectores. El de Inspectores de Hacienda del Estado ha convocado un total de 356 plazas estos años, de las que se han cubierto 211; de las 40 que se abrieron para el Cuerpo Superior de Inspectores de Seguros del Estado, apenas se cubrieron 22; mientras que para la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, de los 180 puestos que contemplaba la oferta pública, el número de quienes superaron la prueba se limitó a 122.
Convocatorias desiertas
Además de problemas de cobertura de las plazas públicas reservadas para ingenieros en sus diversas modalidades o de inspectores, ha habido convocatorias que se han quedado desiertas. Algunas, porque no han concurrido candidatos a las pruebas selectivas. Otras, porque, aunque ha habido personas que se han presentado a los exámenes, no han logrado las notas necesarias para obtener el puesto. Es cierto que son la excepción, pero no deja de ser llamativo que tal cosa ocurra, sobre todo tratándose de ofertas muy pequeñas.
Hay varios ejemplos. En 2018 se quedaron sin cubrir las dos plazas ofertadas para la escala de actuarios para el Cuerpo Superior de Actuarios, Estadísticos y Economistas para la Administración de la Seguridad Social; y en 2017 había pasado igual para los cinco puestos convocados para la escala de estadísticos y economistas de ese mismo Cuerpo, pese a que a la prueba se habían presentado diez candidatos, pero éstos no debieron de lograr la puntuación exigida para incorporarse. En 2019 tampoco se encontraron técnicos facultativos superiores para los organismos autónomos del antiguo departamento de Fomento, porque ni siquiera llegó a presentarse nadie al examen. Apenas aparecieron dos personas en las oposiciones para los puestos de navegación aérea de Fomento convocadas en 2017, aunque, a la postre, la prueba quedó desierta; y sólo una persona concurrió al examen para las doce plazas que en 2018 se ofertaron para especialistas en operaciones aéreas y que, por tanto, tampoco se cubrieron.
Este tipo de casos son la minoría, aunque son de reseñar ya que son convocatorias pequeñas, con poca oferta, pese a lo que no hallan concurrentes y que, incluso cuando tienen opositores, éstos muchas veces no logran aprobar y ser seleccionados. De hecho, desde el Ministerio de Hacienda y Función Pública destacan cómo, en general, en los últimos años, la mayor parte de las ofertas se han cubierto en más de un 90%.
Promoción interna
Al desafío que supone encontrar profesionales para ciertos puestos de acceso libre hay que sumar los que hay en la cobertura de las plazas que se ofertan para promoción interna, pobre en algunos casos. Esta cuestión se ha tratado de resolver, aunque no sin críticas de quienes lamentan que se esté reduciendo el nivel de exigencia, con el acuerdo alcanzado en noviembre entre el Gobierno y los sindicatos, que revisa y actualiza los criterios de estos procesos a los que se presentan los empleados públicos para prosperar en sus carreras, con exámenes tipo test, reducción de temarios y contenidos en la oposición y una fase de concurso en la que se valorará la experiencia. El objetivo, en palabras de Begoña Gil, es facilitar la promoción interna.
Los problemas de cobertura de las pruebas selectivas para ciertos puestos pueden agravarse, dada la dimensión creciente de las ofertas de empleo público. Así, la oferta ordinaria para este año alcanza las 34.151 plazas, cifra récord, después de la que también fue la mayor de la historia en 2021, con 30.445 puestos.
Reducción de la temporalidad y el teletrabajo
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia dedica un componente en su integridad al desarrollo del objetivo de la modernización de la Administración. Una de las medidas más relevantes que incorpora y que ya está operativa es la reducción de la temporalidad en el empleo público, con el objetivo de situarla por debajo del 8% desde niveles por encima del 30% en que se encontraba. A ese fin aprobaba el Congreso de los Diputados hace un año una ley con medidas urgentes. Es una actuación que compete a todas las Administraciones Públicas, que antes del 31 de diciembre han de convocar las plazas para estabilizar el empleo temporal enquistado, de manera que todo el proceso esté resuelto antes del 31 de diciembre de 2024.
Aunque el Estado central ya contaba con una tasa de temporalidad cercana al 8%, ha tenido que aprobar una oferta de estabilización de hasta 10.636 puestos, la más elevada de la historia.
El Plan de Recuperación, en su capítulo sobre las Administraciones Públicas, también hace alusión al desarrollo del teletrabajo en el sector estatal. Por el momento, no se ha aprobado la ley que lo regula de manera estructural, pero durante la pandemia estuvo operativo el trabajo a distancia de forma coyuntural y también hay en estos momentos medidas adoptadas por cada departamento ministerial en el marco del ahorro energético planteado para hacer frente a las consecuencias económicas de la invasión rusa de Ucrania. Ello está ocasionando malestar en algunos centros de trabajo, ya que se critica que no se están aplicando criterios objetivos y homogéneos para las personas que ocupan puestos similares. Además, hay quejas relacionadas con el hecho de que no esté regulado como tal el teletrabajo, lo que implica que en muchas ocasiones no se respeten las normas sobre prevención de riesgos laborales y que a veces la provisión del material corra a cargo de los propios trabajadores.
