A partir del 1 de enero, las familias con problemas para pagar sus hipotecas tendrán más alternativas para conseguir hacerlo, sobre todo si se han visto afectadas por la subida del euríbor. El Gobierno aprobó este martes el compromiso alcanzado con las patronales de banca, al que ahora se tiene que sumar cada entidad, de forma voluntaria. Desde las asociaciones de consumidores han considerado que las medidas son una "buena noticia", pero esperan a ver el alcance porque las consideran "insuficientes".

"Una buena práctica bancaria hubiera sido no ofrecer el tipo variable a las familias", ha planteado José Ángel Oliván, presidente de la Unión de Consumidores de Aragón (Ucaragón). "Las familias necesitan saber cuánto les va a costar algo y la única manera es el tipo de interés fijo", ha añadido, frente al variable, como el índice euríbor, que considera una "apuesta". En cuanto al acuerdo con las patronales de banca alcanzado por el Gobierno, cree que es una "buena noticia" aunque opina que el cálculo del Ejecutivo de que beneficiará "a un millón de familias" puede ser excesivo.  

En cualquier caso, entiende que ampliar los límites de renta hasta los 29.400 euros al año incluye entre los beneficiarios a las clases medias trabajadoras como buscaba el Gobierno y no solo a los hogares más vulnerables. Ahora espera a ver cómo queda finalmente su desarrollo en la práctica.

"Nos parece una medida positiva, pero hay que esperar a ver el planteamiento concreto", ha añadido Alejandro Marín, delegado en Aragón de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). La organización considera "limitadas e insuficientes" las acciones propuestas. Ha valorado que se amplíe el abanico de beneficiarios, que en las moratorias tras la pandemia se reducía a "personas con extraordinarias dificultades", pero ha criticado que se fijen límites de renta. "La medida debería ser lo más amplia posible y no restringir en función de niveles de renta dado que no se está perdonando deuda, solo se alarga o aplaza su pago", ha señalado.

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Oliván ha destacado entre las medidas más beneficiosas la "desaparición de comisiones y trabas para cambios de hipoteca" que entiende que "va a facilitar que el mercado se normalice". Todo ello dará a las familias la posibilidad de "reestructurar su deuda y aguantar mejor la situación". Ha insistido en que "las hipotecas de tipo variable las sacaron los bancos para competir entre ellos. No fueron los consumidores a pedirlas".

 "La propaganda en esos tiempos iba en ese sentido", ha asegurado, respecto a los préstamos que se ofertaban para la compra de vivienda durante el 'boom' inmobiliario hasta 2007 y posterior crisis cuando los tipos alcanzaron el 5%.

Marín ha deseado que los requisitos que se pidan a los potenciales beneficiarios no sean tan prolijos como los que se vienen pidiendo desde el inicio de la pandemia de covid para acogerse a las moratorias de vivienda. Esto obliga a un "peregrinaje" para conseguir toda la documentación que "a veces deja a muchos beneficiarios por el camino". A ello se une que "en una primera lectura de la norma muchas veces el consumidor no sabe si es beneficiario o no de la media y tiene que sacar la calculadora" para saber si cumple los requisitos.

El delegado de OCU ha recordado que la experiencia no es muy buena con los códigos de buenas prácticas, voluntario para los bancos, como el que se ha aprobado ahora para los beneficiarios con dificultades para pagar la hipotecas. "Muchas entidades pese a estar obligadas por adhesión voluntaria o por la normativa a cumplir requisitos, no están cumpliendo los deberes como el de información de las entidades", ha advertido sobre el código actualmente en vigor para colectivos más vulnerables. "Estas medidas de cara al sector bancario pueden ser un lavado de cara ante la opinión pública, pero la realidad es bien distinta", ha lamentado. Espera que el nuevo mecanismo extrajudicial (Autoridad de Defensa del Cliente Financiero) para vigilar el cumplimiento de los bancos sea "más ágil" que las vías actuales de reclamación, que pueden llegar a tardar años en resolver. Ha pedido que las decisiones que acuerde sean "vinculantes en todos los casos para no forzar a consumidores a tener que ir a la vía judicial".

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