Los empresarios anticipan un "otoño caliente" con más subidas de precios para el consumidor
El Consenso Económico de PwC rebaja del 4,3% al 4% su estimación de crecimiento para la economía española en 2022 y alerta de la traslación del aumento de costes a la cadena de salarios.
El repunte de la actividad económica esperado para este verano gracias al tirón del turismo podría ser solo un espejismo que acabe derivando en un duro frenazo a partir de septiembre. Cada vez son más las voces que apuntan al temido "otoño caliente" por el que el Consenso Económico de PwC ha decidido recortar del 4,3% al 4% su previsión de crecimiento para la economía española, por debajo del 4,3% anticipado también por el Gobierno.
La firma elabora esta encuesta trimestral de coyuntura desde 1999 a partir de un panel de más de 450 expertos, empresarios y directivos que, para 2023, estiman un crecimiento del 3%, en este caso ya con una caída significativa de casi nueve décimas respecto a la anterior edición.
En el análisis de los resultados de la encuesta, PwC certifica que los efectos de la guerra en Ucrania "amenazan con cobrarse una buena factura en el crecimiento". "El aumento de los precios de la energía, con el riesgo asociado de que se trasladen al resto de la economía y a los salarios, suponen un desafío para la actividad económica, el empleo y la competitividad de las empresas", añaden.
Es cierto que la previsión de los expertos para este trimestre de verano va en la dirección de un suave optimismo. Pero la percepción cambia significativamente cuando se les pide a los encuestados que enjuicien la coyuntura económica dentro de un año. Ahí la previsión mayoritaria es que la situación va a empeorar de forma notable. Hasta un 46% de ellos suscriben esa idea.
El reto de la inflación
Los resultados de la encuesta confirman que el gran problema de la economía española es la inflación. En un trimestre, la estimación de los expertos sobre esta referencia a finales de año ha aumentado en dos puntos, del 4,69% al 6,64%. Y desde PwC advierten que, probablemente, esa última previsión se quede corta "si tenemos en cuenta que se hizo sin conocer los datos provisionales de junio", con un histórico incremento del IPC al 10,2%, con la inflación subyacente disparada también al 5,5% en el periodo.
Uno de los grandes problemas derivados de este entorno inflacionista es la subida de precios que ya están acometiendo las empresas para cubrir parte del alza de costes sin destrozar sus márgenes por completo. Y aquí, el panorama que anticipan los directivos encuestados es poco alentador de cara a los consumidores. En concreto, el 63,7% de los expertos apuesta por incrementar aún más los precios en los próximos meses. Se trata del porcentaje más elevado de toda la serie histórica de la encuesta.
"La respuesta mayoritaria, como no podía ser de otro modo, es que la causa principal es el aumento de los costes no salariales, fundamentalmente los vinculados con la energía", indican desde PwC. Dos de cada tres encuestados así lo explican. Pero también es significativo que se haya duplicado (del 13% al 26%) el porcentaje de los que relacionan la subida con los costes salariales.
"Este puede ser un serio indicio de la traslación de los aumentos de precios y de costes a la cadena de salarios, elevando la probabilidad de que se produzcan efectos de segunda ronda, o al menos es una señal del temor de que ese peligroso impacto indirecto se pueda llegar a concretar", advierten.
Esta situación es la que ha agravado el pesimismo en torno a las previsiones de crecimiento, fundamentado también "en un empeoramiento de la situación financiera de las familias y en una caída, en los próximos seis meses, tanto del consumo como de la demanda de vivienda, según el 43,5% y el 39,1% de los encuestados, respectivamente", por la inflación y una menor renta real disponible.
Ante esta situación, y con las cuentas públicas afectadas aún por notables desequilibrios, tres de cada cuatro encuestados sostienen que el Gobierno debe elaborar un plan de consolidación fiscal a medio y largo plazo.
Entre las demás opciones, bajar los impuestos a todos los ciudadanos es la que menos atrae. Solo un 23% está de acuerdo con llevar a cabo esta política como solución al impacto de la crisis en las familias. Por contra, valoran de forma más positiva mantener los impuestos actuales y aprovechar la recaudación extra generada por la inflación para reducir la deuda pública y el déficit.
