Aragón convoca 8.086 empleos públicos de los que 1.482 se adjudicarán sin examen
Suma a la oferta ordinaria la de estabilización para combatir la temporalidad.
De los 58.057 empleados del Gobierno de Aragón, solo 29.832 ocupan plazas fijas (el 51%). La temporalidad se ha disparado a límites insostenibles en los últimos años, y se tendrá que rebajar de golpe para ajustarse en 2024 al 8% que Europa exige a España para poder acogerse a los fondos de recuperación. Más de seis reuniones oficiales, y varias oficiosas, han mantenido los responsables de Función Pública y los sindicatos para intentar sellar un acuerdo. Este lunes, por unanimidad, pactaron la convocatoria de 8.086 plazas de estabilización y de la oferta de 2022 que permitirán que la cifra se acerque al límite establecido. El consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, destaca que se trata de "la mayor oferta de empleo público de la historia".
El acuerdo incluye la oferta de empleo público ordinaria de 2022, con 658 plazas en Educación, 992 en Sanidad y 327 en Administración General (donde ya hay en tramitación 3.568 vacantes), y 2.541 que corresponden al proceso extraordinario de estabilización para ajustarse a la Ley 20/2021, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad. Las que permitirán que interinos de larga duración asuman las plazas incluyen 1.482 (481 de Educación, 694 de Sanidad y 307 de Administración General) que se otorgarán solo por concurso, sin necesidad de superar un examen, y otras 1.059 que se adjudicarán por concurso oposición.
Difieren, y mucho, las cifras que manejan la Administración autonómica, CC. OO., UGT y CSIF, sentados en la mesa de negociación, y las del sindicato Stepa, que denuncia que el proceso de estabilización de trabajadores temporales es una "sentencia de muerte para 4.000 interinos en fraude de ley". Según sus cálculos, deberían ofrecerse 3.500 plazas en Administración General por concurso excepcional de méritos (el reservado a los que lleven más de seis años en su puesto) y 500 por concurso-oposición (ocupadas entre 3 y 6 años), frente a las 307 y 264, respectivamente, que reconocen desde Hacienda.
El proceso de estabilización impulsado desde el Gobierno de Pedro Sánchez no realiza ninguna distinción entre las administraciones. Tampoco entre las comunidades autónomas. Y hay parámetros difíciles de equiparar.
En el caso de Aragón, el año pasado se convocaron empleos públicos correspondientes a las ofertas aprobadas desde 2017 hasta ahora, entre las que se incluían plazas de estabilización. A ellas corresponden buena parte de las 3.568 que hay en tramitación en la actualidad, y que se adjudicarán a través de un sistema de oposición o concurso-oposición. Consideran desde Stepa que forman parte de una "trampa legal" utilizada por Hacienda para "convocar precipitadamente en los últimos días de 2021 miles de plazas que deberían formar parte de la oferta extraordinaria". Contrasta su visión con la del resto de sindicatos, que señalan que, como recoge la ley, hay que descontar de la extraordinaria las plazas ya convocadas en las ofertas de empleo público ordinarias y de estabilización, como también recogen los informes de la Abogacía del Estado y los de la dirección general de Servicios Jurídicos de la DGA.
En la próxima reunión de la mesa técnica, que se celebrará este miércoles, se aprobarán la distribución de plazas en las diferentes categorías profesionales de personal laboral y especialidad de personal funcionario, los criterios que regirán los procesos selectivos pendientes, los concursos de traslados, el fomento de la promoción interna y el baremo para el ingreso por concurso de méritos. Critican desde Stepa que hasta ahora no les han facilitado información, y anuncian que continuarán con sus movilizaciones. "Cuando salga la oferta de empleo público la impugnaremos. El tiempo nos dará la razón", sostiene María Pilar Remírez, del secretariado del sindicato.
Y es que la situación, que viene a corregir una temporalidad disparada, es muy compleja. Porque lo mismo deja fuera de la Administración a opositores que aprobaron y se quedaron sin plaza, como consolidan el empleo a quienes ocuparon uno de los puestos que nadie quiere, lo han preservado a lo largo de los años y lo tendrán, ahora, en propiedad.
Administrativos, limpiadores, auxiliares administrativos, ordenanzas y auxiliares de enfermería son las categorías que se podrían ver más afectadas, según explica Francisco José González, secretario general de la sección sindical de Comisiones Obreras (CC. OO.) en la DGA. Según sus cálculos, las plazas que se convocan ahora estarán inmersas en procesos selectivos el próximo año y a finales de 2024, el porcentaje de temporalidad se situará en el 8%. "Si todo transcurre con normalidad, la foto de 2024 nada tendrá que ver con la que tenemos ahora", advierte.
Pérez Anadón defiende que se trata de una oferta que ha de aportar "un mayor grado de profesionalización a la función pública y que tiene su parte alícuota en la recuperación económica de la Comunidad". Es una decisión encaminada, según dice, a "mejorar la Administración autonómica y la calidad de vida profesional de los funcionarios, porque les generamos la fijeza y la estabilidad necesaria, a la vez que se cumplen los parámetros que exige Europa". Y pone en valor el trabajo que realiza la DGA al "digitalizar su manera de trabajar y modernizar sus maneras de contratar".
