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La renovación automática del bono social llega a 10.000 aragoneses: ¿compensa la subida de la luz?

La escalada de precios ha obligado al Gobierno a elevar los descuentos que ofrece en la factura para algunos consumidores e introducir cambios en los requisitos.

Bombilla encima de una factura.
Bombilla encima de una factura.
EP

Ahorrar en la factura de la luz resulta más complicado desde que los precios empezaron a dispararse el año pasado, coincidiendo con el retorno a la actividad tras la pandemia de covid-19, y se aceleró más en el último mes de guerra en Ucrania. Una de las vías para conseguirlo es el bono social, el descuento del Gobierno, que acaba de incorporar nuevos cambios, y que va dirigido a consumidores vulnerables. La escalada de precios ha sido tal, que el coste de la electricidad ha pasado de los cerca de 40 euros el megavatio hora (MWh) en los mercados mayoristas en enero de 2020 a los 233,78 que se pagarán este martes de media. 

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Entre las últimas medidas del Gobierno se encuentra reducir el papeleo que tienen que afrontar los beneficiarios del bono social y del que se venían quejando asociaciones de consumidores y organizaciones que asesoran a colectivos vulnerables en eficiencia energética como Ecodes. En Aragón, unos 10.000 beneficiarios de este descuento obtendrán su renovación automática por dos años más, sin necesidad de volver a presentar la documentación. Se trata de alrededor del 7% de los 142.000 en toda España, según los datos de Endesa. La eléctrica cuenta con 415.000 familias españolas adheridas al bono social al cierre del primer trimestre de 2022.

"Lo que no hacen es la concesión automática por criterio de renta", lamenta Cecilia Foronda, desde la organización zaragozana. Recuerda que la Administración cuenta con los datos del contribuyente y si se cruzaran en estos casos evitaría documentación. El número de beneficiarios ha bajado en los últimos años, a medida que se introducían nuevos requisitos, pero cree que si sigue reduciéndose es "por la dificultad para solicitarlo". La ayuda está destinada a pensionistas, familias numerosas, personas en situación de vulnerabilidad y afectados por la crisis económica derivada de la covid-19.

Foronda destaca que otra novedad a favor de los clientes es que quienes perciban el Ingreso Mínimo Vital (IMV) tendrán el bono social de forma automática. Sin embargo, matiza que "todavía están viendo cómo lo van a hacer".

Descuentos versus subida de la luz

El bono social venía ofreciendo descuentos del 25% al 40%, según se tratara de consumidores vulnerables o muy vulnerables, pero la escalada de la luz terminó por 'comérselos' el año pasado y el Gobierno tuvo que elevarlos a finales de octubre al 60% y 70% de forma temporal, hasta el próximo 30 de junio. Para poder beneficiarse de estas rebajas es necesario seguir con un contrato sujeto a la tarifa regulada, el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), que depende de los vaivenes del mercado, que en el último año han sido muchos y todos para encarecerse. De ahí que con las rebajas iniciales y las fiscales aprobadas en la factura no fuera suficiente. 

Históricamente la tarifa regulada ha resultado más baja porque se compensaban años de electricidad cara con los de precios más bajos. Ahora, es necesario estudiar más a fondo el recibo antes de tomar decisiones. En el último año, la factura ha resultado más cara en el mercado regulado que en el mercado libre, donde se puede contratar con alguna de las comercializadoras una tarifa fija, según el comparador que incluye la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

José María Yusta, experto en mercados financieros, reconoce que con el descuento anterior del 25% "difícilmente les saldrá más rentable el PVPC con el bono social que la alternativa de ir al mercado libre". Sin embargo, el profesor de la Universidad de Zaragoza señala que "dependerá de la evolución" de la tarifa regulada. Con los precios de este lunes y el descuento del 60% para consumidores vulnerables resultaría más favorable la PVPC. 

Desde Ecodes, que lleva a cabo programas de eficiencia energética en hogares con dificultades económicas, siguen defendiendo la tarifa regulada pese a los incrementos en el mercado. Antes de cambiar aconsejan estudiar bien las ofertas. "Hay que hacer una valoración exhaustiva para ver si alguna tarifa en el mercado libre sería mejor que estar en el regulado con bono social porque con descuentos del 60% o 70% es muy difícil que salga mejor", afirma Foronda. 

Protección frente a facturas impagadas

Foronda recuerda que las ventajas del bono social no se limitan a los descuentos. "Para la persona con riesgo de impagos, en el mercado regulado y con bono social la protección frente a un corte de luz es más amplia porque la protección al vulnerable es mayor con bono social", explica. 

Desde la propia Endesa indican que para quienes no pueden pagar la factura de la luz la Ley del Sector Eléctrico señala que "no se puede interrumpir el suministro eléctrico en una vivienda en la que haya, al menos, un menor de 16 años en la unidad familiar, o en la que el titular o uno de los miembros de su unidad familiar sea persona con discapacidad igual o superior al 33% o con grado de dependencia II o III", según recuerda la propia Endesa. Los clientes deberán dirigirse a los servicios sociales para que justifiquen que se encuentran en una de esas situaciones y después presentar la documentación a su compañía eléctrica.

Las personas que entren en la categoría de "vulnerables en grado severo" y que sean atendidos por sus servicios sociales "no tendrán que hacerse cargo de una factura, siempre que los servicios sociales acrediten el pago de, al menos, el 50% de dicha factura a la comercializadora de referencia, dentro de los 5 meses siguientes a la emisión", recuerda la eléctrica. La comercializadora asumirá el 50% restante del importe.

La compañía recuerda que está regulado el Suministro Mínimo Vital, una medida destinada a los beneficiarios del bono social que incurran en impago. Tienen un plazo adicional de seis meses para pagar la factura pendiente. "Durante esos seis meses, no se les podrá interrumpir el suministro, pero, si tenían contratada una potencia superior a 3,5 kilovatios, verán limitada su potencia a 3,5 kilovatios", detalla la compañía. Esta medida no ha de solicitarse, sino que el consumidor recibirá de su comercializadora la notificación de la fecha a partir de la que se le va a aplicar el suministro mínimo vital.

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