Disminuye la solvencia de los hogares aragoneses, según la OCU
En Aragón son ya un 55% las familias que tienen dificultades para ahorrar y un 6% sufren graves dificultades económicas.
La creciente subida del IPC al 9,8% va a deteriorar la situación económica de miles de familias, que ya venía debilitada desde el inicio de la pandemia. De hecho, el daño económico sufrido en 2020 se agravó durante 2021, según una encuesta realizada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).
El cuestionario se ha realizado a 3.813 personas de entre 25 y 79 años de toda España con el fin de valorar la solvencia financiera de los hogares, o lo que es lo mismo, su capacidad para afrontar los gastos en vivienda, movilidad, alimentación, salud, educación y ocio.
Los datos, publicados en la revista 'OCU Compra Maestra' de abril, reflejan que hasta un 55% de los hogares aragoneses tuvo dificultades para ahorrar algo de dinero el año pasado, frente al 66% de la media de los españoles (en 2020 fue un 60% a nivel nacional). También revelan que un 6% de los encuestados en Aragón sufren graves dificultades económicas.
Estas dificultades no han afectado por igual a todas las comunidades autónomas. Los peores resultados se concentran en cinco comunidades autónomas: Canarias, la Región de Murcia, Baleares, Andalucía y la Comunidad de Madrid. Entre estas, llaman la atención los datos de la Región de Murcia, que ha bajado diez posiciones en apenas un año; mientras que Aragón, aunque sigue bastante por encima de la media nacional, ha perdido un puesto, puesto que su índice ha pasado del 56,0 a 52,2 en apenas un año.
La encuesta también apunta partidas de gastos relevantes que resultan difíciles de afrontar. Les sucede a un 43% de los encuestados cuando se les pregunta por el pago de los suministros de gas, luz y agua. Y a un 31% cuando se alude a la adquisición de alimentos básicos como la carne y el pescado. Además, acudir al dentista o a la óptica supone un importante esfuerzo económico para el 46% y el 31% de las familias, respectivamente.
Es por eso que OCU pide a las diferentes administraciones ayudas directas a los consumidores vulnerables, especialmente en hogares con niños y padres en situación de desempleo, que resultan los más afectados según la encuesta.
Además, insisten en que debería de agilizarse el acceso a otras ayudas que ya existen, como el bono eléctrico y el térmico. La organización estima que alrededor de 1,2 millones de hogares no disfrutan de esta última ayuda aun cumpliendo los requisitos para recibirla, generalmente por no haber sido informados correctamente de su existencia y las dificultades para tramitar su acceso y mantenerlo.
