El sector inmobiliario exige que la ley de vivienda atraiga más inversión a Aragón y no limite los precios

Consideran que se quedará sin efecto en Aragón donde no hay zonas tensionadas. Prevé un efecto mínimo en Aragón al no tener el problema de las ‘zonas tensionadas’.

Un edificio de viviendas en construcción en el barrio de Arcosur en Zaragoza.
Un edificio de viviendas en construcción en el barrio de Arcosur en Zaragoza.
Francisco Jiménez

Menos intervencionismo y más incentivos para que promotores y constructores puedan poner en el mercado más vivienda de alquiler. Eso es lo que reclama el sector inmobiliario a la nueva ley nacional de la vivienda, que consideran electoralista. "Es más una ley política pensada a un año vista de las elecciones que un marco legal que vaya a tener una aplicación directa", opina Juan Carlos Bandrés, director general del grupo Lobe y presidente de la Confederación de Empresarios de la Construcción de Aragón. "Toda la normativa existente en España está diseñada para la venta, cuando lo que se necesita es otro tipo de vivienda más competitiva y asequible, reducir el número de metros cuadrados de la misma y romper la densidad por sectores. Si eso no se hace, esta ley nacional se quedará sin efecto", advierte.

La nueva ley, entre otras medidas, limita los precios en zonas tensionadas – aquellas en la que el coste del alquiler supere el 30% de los ingresos medios de los hogares de, y en las que el alquiler haya subido un 5% sobre el IPC en los últimos cinco años– y ofrece bonificaciones fiscales a los arrendatarios que sí las alquilen. Penaliza también con un recargo del IBI a los propietarios de viviendas que lleven más de dos años vacías y fija la reserva del 30% del suelo urbanizado en las nuevas promociones para vivienda pública y, de ese porcentaje, la mitad para alquiler.

"Tiene razón la ley al señalar que hace falta vivienda de alquiler asequible en España, pero en cuanto a que la norma lo haga posible, soy bastante escéptico", confiesa Fernando Baena, presidente del Colegio de API (Asociación de Promotores Inmobiliarios) de Aragón. "Es difícil incidir en el mercado o fijar que tal suelo tiene que tener un porcentaje de VPO cuando los precios de los módulos llevan congelados desde hace más de una década y los precios de las materias primas han sufrido un fuerte incremento. Aunque al suelo le demos un valor nulo va a ser muy complicado", reconoce. "Hay que ayudar a los jóvenes en el acceso a la vivienda, pero también ofrecer medidas fiscales e incentivos a propietarios y promotores para que saquen más vivienda al mercado. Incentivar más que penalizar", recomienda.

Rafael Gagete, director general de la constructora Qrea desconfía de una ley que ha nacido sin consenso con el sector. "Deja de lado todo lo que es la compra de vivienda y se centra en el alquiler tratando de intervenir en el mercado cuando regular los precios no es lo mejor, sino que haya más oferta disponible". Las limitaciones en el precio del alquiler que introduce la ley, dice, "pueden hacer que muchos propietarios que estuvieran pensando en rehabilitar sus viviendas se echen para atrás al no resultarles rentable". Para Vicente Lafuente, gerente de la Fundación Laboral de la Construcción, esta ley "es bienintencionada pero puede generar inseguridad" ya que hay una resolución del Consejo General del Poder Judicial por posible inconstitucionalidad al ser las comunidades autónomas las que tienen competencias en materia de política de vivienda.

Según Lucio de la Cruz, gerente del COAATZ (Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Zaragoza) para valorar esta ley en su contexto hay que tener en cuenta "la elevada edad medida de la vivienda en Zaragoza, que es de 1975, o en Huesca, de 1983". Las políticas de rehabilitación, recuerda, "llevan demasiado poco tiempo implantadas". A su entender "el problema de falta de vivienda de alquiler se solucionaría si saliera más oferta de pisos en condiciones al mercado". Sin embargo, apostilla, "limitar el precio en zonas tensionadas puede generar inseguridad jurídica".

Fernando Montón, director general de Grupo Plaza 14, se muestra también contrario al intervencionismo. Últimamente, apunta, en el centro de Zaragoza, se han desarrollado muchos proyectos ‘build to rent’ y sería una pena que la ley los frenase. Echa en falta en la norma protección jurídica para el arrendador en caso de impagos, lo que le hace entender que algunos prefieran no alquilar, e indica que la reserva del 30% para VPO carece de sentido: "Está bien hacer más VPO pero siempre y cuando el cliente tenga capacidad de compra".

"La regulación de los precios de los alquileres no va a mejorar el mercado. El efecto será el contrario", avisa Sergio Angusto, director general de la constructora Coanfi. "Lo que puede ocurrir es que los grandes operadores no entren en este mercado", añade.

Juan José Casajús, delegado en Aragón de la empresa Murprotect, ve bien una ley ya que "favorece que salga al mercado vivienda digna y alquilable". A diario constata que casi todo el parque que se ofrece en alquiler son inmuebles de los años 60 o 70. "Muchos con serios problemas de humedades que complican la vida al propietario y al inquilino". Por eso, aplaude una ley que fomente la rehabilitación integral y permita sacar al mercado del alquiler estas viviendas en condiciones. Eso sí, le pide agilidad administrativa.

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