Economía
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Los trabajadores afectados por los nuevos ERTE cobrarán una prestación máxima de 1.302 euros

El Gobierno rebaja el límite en 180 euros en la última propuesta y obliga a las empresas a mantener el empleo seis meses. Los agentes sociales rechazan la oferta.

HERALDO .ES. Oficina del Inaem de la calle Santander 3-5, que tiene oficina del SEPE dentro.
Imagen de archivo de la oficina del Inaem de la calle Santander 3-5, que tiene oficina del SEPE dentro.
Guillermo Mestre

Una de las medidas estrella que incluye el Gobierno en la contrarreforma laboral que negocia con los interlocutores sociales son los nuevos ERTE permanente, que pasarán ahora a denominarse ‘Mecanismo RED de flexibilidad y estabilización del empleo’. El objetivo es el mismo: evitar que, tal y como viene siendo habitual, las empresas recurran a los despidos ante crisis económicas o situaciones puntuales de baja demanda. Pero las condiciones cambian ligeramente respecto a las que tienen en la actualidad, tanto para las empresas como para los trabajadores.

El gran cambio para las personas que estén afectados por uno de estos nuevos ERTE es que la cuantía máxima que el Estado les abonará se limita a 1.302 euros al mes para el próximo año, ligeramente inferior al límite actual, que se sitúa en los 1.482 euros, según figura en el borrador presentado el pasado miércoles a los interlocutores sociales y al que ha tenido acceso este periódico.

Esto se debe a que se crea una nueva prestación social, diferente a la protección por desempleo que han recibido en los ERTE hasta el momento. La cuantía de esta prestación se establece en el 70% de la base reguladora, como ahora, pero el Gobierno fija un máximo que será el equivalente al 225% del Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (Iprem), que el año que viene se elevará hasta los 579,02 euros mensuales. La prestación por desempleo también tiene unos topes, que en 2021 se sitúan entre los 1.153 euros y los 1.482 euros en función de los hijos que se tenga, una variable que en los nuevos ERTE no se tendrá en cuenta y que puede suponer un recorte de 180 euros al mes.

Esta prestación será compatible con la realización de otro trabajo a tiempo parcial, sin que se deduzca de su cuantía la parte proporcional al tiempo trabajado, y su duración se extenderá hasta finalizar el periodo de referencia del mecanismo.

Otra novedad importante es que el Gobierno plantea que la empresa pague a sus trabajadores el primer mes el "importe íntegro equivalente a sus retribuciones salariales" y que en los meses sucesivos les compense hasta completar la remuneración que reciben.

‘Contador cero’

El Ejecutivo sí mantiene en los nuevos ERTE lo que se denomina ‘contador a cero’, es decir, que el tiempo de percepción no se considerará como consumido en futuros accesos a la protección por desempleo. Sin embargo, un derecho que sí perderán los afectados es que el periodo en el que estén adscritos al mecanismo RED no se considerará como periodo cotizado y, por tanto, no computará de cara a la pensión o a futuras prestaciones, tal y como figura ahora en el texto.

Cabe destacar, no obstante, que el documento presentado ha suscitado un profundo rechazo tanto por parte de la patronal como de los sindicatos, que llegaron a calificar la propuesta de "intervencionista" e "inasumible". Por ello el Gobierno se ha comprometido a presentar otro texto nuevo, en el que previsiblemente se modificará el que la empresa tenga que abonar al trabajador el primer mes de salario y compensarle en los siguientes. De igual manera, los sindicatos exigirán que no se arrebaten derechos a los trabajadores afectados, por lo que pedirán que el periodo que dure el ERTE -un máximo de dos años, incluyendo las dos prórrogas que se permiten- compute como cotizado.

A la espera de esta nueva propuesta, que sí es previsible que mantenga la obligación de las empresas de conservar el empleo de toda la plantilla durante seis meses así como la prohibición de hacer horas extras y externalizar actividades, la reunión sobre reforma laboral celebrada ayer se centró en el contrato formativo. La duración del contrato, que el Gobierno ha fijado entre tres meses y dos años, es objeto de discusión, así como el salario y la protección social. La CEOE rechaza que tengan que pagar también las cotizaciones por desempleo de estos trabajadores y abonarles el salario mínimo por convenio. Algo que Trabajo descarta modificar.

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