El Gobierno y los sindicatos acuerdan subir las cotizaciones durante la próxima década tras el plantón de los empresarios
La patronal se descuelga del alza de 0,6 puntos con la que se prevén recaudar 50.000 millones hasta 2033 para las pensiones del 'baby boom'.
El Gobierno llegó este lunes a un acuerdo in extremis con Comisiones Obreras y UGT para subir las cotizaciones sociales que pagan las empresas y los trabajadores como fórmula para equilibrar las cuentas de la Seguridad Social ante la incorporación de la generación del 'baby boom' (los nacidos entre los años 50 y 70) en los próximos años. Del pacto se había caído por la mañana la patronal, al considerar esta medida como "insuficiente".
El acuerdo ha llegado en el último minuto, porque el compromiso adquirido en verano por el Ejecutivo con los agentes sociales era el de definir como muy tarde este 15 de noviembre el nuevo Mecanismo de Equidad Intergeneracional que sustituyera al factor de sostenibilidad aprobado por el PP en 2013. El sistema ideado por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, no pasará por un ajuste de las pensiones futuras en función de parámetros como el envejecimiento, sino de un alza "pequeña" -como insistió Escrivá- de las cuotas sociales.
El nuevo mecanismo tendrá dos partes. La primera consistirá en esa subida de las cotizaciones desde el año 2023 hasta 2032. De los 0,6 puntos adicionales, las empresas asumirán 0,5 puntos, una décima más que los 0,4 puntos que se encontraban incialmente en la mesa negociadora. Los trabajadores aportarán 0,1 puntos frente a los 0,2 planteados. La Seguridad Social calcula un alza de 12 euros al mes, de los que 10 serán a cargo de la empresa y dos del empleado.
Estos ingresos actuarán como "válvula de seguridad" del sistema a partir de 2033, en el caso de que haya un desvío de la previsión de gasto en pensiones para 2050. Mientras tanto, servirá para elevar las cuantías para el Fondo de Reserva de las pensiones, que roza los 2.000 millones. Los cálculos del Ministerio anticipan que en el año 2032 ese fondo contará con unos 50.000 millones de euros. En 2011 llegó a acumular más de 67.000 millones.
En el caso de que no se diera una desviación de la senda de gasto previsto, no se aplicará ninguna medida adicional. En ese contexto, se planteará la utilización de los recursos del fondo de reserva para reducir las cotizaciones sociales o mejorar la cuantía de las pensiones. Pero, al mismo tiempo, el acuerdo también implica que si a partir de 2033 se apreciara en los Informes de Envejecimiento de la Comisión Europea una desviación de la previsión de gasto en pensiones a 2050 respecto al informe de 2024, se utilizará este Fondo, con un límite de disposición anual del 0,2% del PIB. Incluso si la disposición de dinero del Fondo de Reserva no fuera suficiente , el Gobierno negociará con los interlocutores sociales para elevar al Pacto de Toledo una propuesta que, "de forma equilibrada", se dirija bien a reducir el porcentaje de gasto en pensiones en términos de PIB, bien a incrementar el tipo de cotización u otras fórmulas alternativas para aumentar los ingresos.
Impacto en el empleo
El ministro Escrivá ha rechazado que esta medida vaya a tener un impacto en la creación de empleo, porque España "tiene uno de los costes laborales más bajos de los países de nuestro entorno", indicó al presentar el acuerdo ante los medios. "La alternativa sería aplicar el factor de sostenibilidad anterior, que recortaba las pensiones entre un 2% y un 3%", recordó. Por ello, mostró su extrañeza ante la ausencia de los empresarios.
La patronal ya había rechazado por unanimidad dar su apoyo al nuevo Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) al considerar que "es insuficiente, no garantiza el equilibrio del sistema" y, por tanto, "necesitará medidas adicionales en el futuro para asegurar su sostenibilidad".
No respaldarán una subida de las cotizaciones en un momento todavía delicado para las empresas después de la crisis del coronavirus ya que tendría "efectos negativos sobre el empleo y va en dirección contraria a lo que necesita el sistema público de pensiones", según subrayaron. Además, denunciaron que la propuesta del Ejecutivo "tiene poco de intergeneracional, ya que carga todos los esfuerzos sobre los trabajadores actuales y futuros, especialmente sobre los jóvenes".
Desde CEOE y Cepyme consideran que "no es el momento de aumentar los costes empresariales y poner en riesgo la recuperación" de empresas y economía.
