Los funcionarios exigen una subida de sueldos 1,5 puntos por encima del IPC
Los empleados públicos se plantan ante la escalada de los precios y maniobran para introducir cambios en los Presupuestos de 2022, pero el Ministerio de Hacienda descarta modificar la partida de las nóminas.
Tensión entre el Gobierno y los funcionarios por la escalada imparable de la inflación. El Ejecutivo ha impuesto una subida salarial del 2% en 2022 que el colectivo considera absolutamente insuficiente ante la evolución que está mostrando el Índice de Precios de Consumo. Los sindicatos más representativos del colectivo maniobran para introducir modificaciones en los Presupuestos Generales del Estado y revisar esta subida, con el objetivo de alcanzar un acuerdo a dos años que garantice una mejora salarial del IPC más un punto y medio, como fórmula para empezar a recuperar parte del poder adquisitivo perdido a lo largo de la última década.
Tras la comunicación por parte del Gobierno de la mejora de las nóminas en un 2% en 2022, CSIF, UGT y CC.OO. montaron en cólera. Las centrales sindicales consideran que ese porcentaje no cubre ni de lejos la pérdida de capacidad de compra acumulada y que, además, se queda corto en el actual escenario de inflación desbocada. El IPC cierra el mes de octubre en el 5,5%, según el dato adelantado por el INE, mientras los sueldos de los funcionarios experimentaron un incremento del 0,9% en 2021. Ante esta coyuntura, los sindicatos creen que las previsiones del Gobierno están "absolutamente desfasadas" y exigen mejorar la subida en los PGE.
No solo para 2022. La pretensión sindical es alcanzar un acuerdo a dos años, con subidas del IPC medio del ejercicio en curso más 1,5 puntos en cada año. Fuentes sindicales adelantan a La Información que están trabajando en las enmiendas que van a intentar introducir a los PGE a través de distintos grupos parlamentarios. El planteamiento es el siguiente: una senda de dos años, a razón de una subida del IPC más un punto y medio en 2022, seguida de otro incremento ligado a la inflación más otros 1,5 puntos en 2023. "El objetivo es empezar a recuperarnos de la merma de poder adquisitivo de más del 10% que sufrimos desde la anterior crisis económica", demandan.
Sin embargo, desde el Ministerio de Hacienda ya adelantan que la mejora de esta partida presupuestaria, al menos en las cuentas públicas del próximo año, está absolutamente descartada, porque "no se puede elevar el techo de gasto". Sin embargo, las reglas de tramitación parlamentaria de los PGE establecen que "las enmiendas al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado que supongan aumento de créditos en algún concepto únicamente podrán ser admitidas a trámite si, además de cumplir los requisitos generales, proponen una baja de igual cuantía en la misma Sección", de modo que la mejora de la partida de las nóminas de los funcionarios sí sería posible siempre que se restasen los mismos recursos en otra partida.
Habría otra vía. Como se explicó en estas 'La Información', el Gobierno está dispuesto a hacer un esfuerzo extra para llevar la subida de salarios a los empleados públicos más allá del 2% pintado en el proyecto de Presupuestos de 2022, pero siempre que ese extra se materialice como un salario diferido a través de aportaciones a los planes de pensiones que están abiertos en el ámbito de la Administración y cuyo ejemplo más insigne es el Plan de Pensiones de la Administración General del Estado, que cuenta según el último dato oficial publicado por el Gobierno con 523.875 beneficiarios. Se deduce, por tanto, que aún no hay nada cerrado.
"Somos conscientes de la situación económica que atraviesa el país, pero no puede ser que a los empleados públicos, que han sido profesionales esenciales en primera línea en la pandemia, se les premie con recortes en las nóminas", reivindican desde uno de los principales sindicatos del colectivo. Otras fuentes sindicales se muestran más prudentes y apuntan a que el Gobierno "no puede seguir elevando el gasto de manera exponencial", sobre todo porque en el año 2023 Europa nos va a decir que se acabó la fiesta", en referencia a la reactivación de las reglas fiscales para retornar a la senda de reducción del abultado déficit público.
La paz social, en juego
Los sindicatos aseguran estar "avisando" al Gobierno en lo que consideran una "fase de negociación", en este proceso de tramitación parlamentaria, pero muestran una evidente preocupación por la evolución de los precios y advierten de que "si se produce un gran desfase respecto a la mejora de la nómina las expectativas del empleado público se van a ver truncadas", por lo que no descartan movilizarse contra el Ejecutivo. CC.OO. ya advirtió tras la aprobación del proyecto de PGE por parte del Consejo de Ministros de que llevaría a cabo movilizaciones durante la tramitación parlamentaria de los Presupuestos con el objetivo de lograr una mayor subida del 2%. "De momento es un aviso a navegantes", zanjan desde el ámbito sindical.
El colectivo de funcionarios se revuelve contra el Gobierno, mientras los pensionistas, que en los últimos años han sido otros de los grandes damnificados por las fluctuaciones de la inflación, permanecen en un segundo plano, sin hacer demasiado ruido. ¿El motivo? Que el Ejecutivo ha pactado una reforma con los agentes sociales que liga sus pensiones a la inflación de manera permanente. El problema es que la fórmula elegida establece que la subida de las prestaciones se decidirá a finales del año, en función del IPC medio registrado en los doce meses anteriores a diciembre, por lo que de momento tienen que esperar para conocer cuánto subirán sus nóminas en 2022. En cualquier caso, tienen garantizada una 'paguilla' a principios del próximo año para compensar el desfase que han sufrido en este ejercicio por la subida del 0,9%, frente a un IPC en el 5,5%.
No obstante, desde los grandes sindicatos advierten de que "los pensionistas siempre se van a manifestar, porque nunca les parece suficiente, ya que una gran proporción son prejubilados con penalizaciones que exigen no tener que soportar ese coste". Es la reflexión de un dirigente sindical que advierte de que la paz social con este colectivo tampoco está garantizada. En general, en el ambiente, tanto en el sector público como en el privado, empieza a respirarse un panorama complejo para el Gobierno porque podría invitar a la movilización social. Los sindicatos llevan meses avisando de que esta revuelta podría producirse, en especial ante el repunte de la factura de la luz, aunque admiten que el Ejecutivo tiene "poco margen" de actuación en este ámbito. "El descontrol es grande y puede acabar suponiendo un problema grave para Sánchez", avisan desde el flanco sindical.
