economía
Los cambios que trajo la reforma laboral de 2012 que ahora tensa al Gobierno
El texto aprobado por el Ejecutivo popular de Mariano Rajoy en la pasada crisis económica puso fin a la ultraactividad de los convenios y abarató el despido. Los sindicatos urgen que se avance en la derogación mientras las patronales ven problemas más graves en la economía.
Los socios de Gobierno PSOE y Podemos han escenificado estos días la tensión sobre las diferencias en una cuestión incluida en sus programas electorales, aunque con matices, como la tan anunciada derogación de la reforma laboral de 2012 o de sus "aspectos más lesivos". El documento fue aprobado por el Gobierno del PP en otro momento de crisis económica, durante el pico más alto de la inmobiliaria de 2008, e incluyó modificaciones desde reducir el peso de los sindicatos en la negociación colectiva a rebajar el coste del despido. No todas tienen ahora la misma prioridad a la hora de ser revisadas, en un nuevo ciclo recesivo de la economía, ahora por la pandemia de covid-19.
Las centrales sindicales urgen que se avance en la negociación, abierta desde antes de la pandemia, mientras las organizaciones empresariales insisten en que "no es el momento" por la nueva crisis y recuerdan el último dato de subida de los precios industriales de un 23% en septiembre por el peso en la factura de la luz, las materias primas o la logística.
La reforma laboral de 2012 supuso la rebaja de las indemnizaciones por despido desde los 45 días por año trabajado, con un tope de 42 mensualidades, a los 33 actuales y un máximo de 24 en caso de que se considere improcedente. Un tema que por ahora no ha trascendido que esté encima de la mesa. El mínimo legal quedó en general en los 20 días por año trabajado, con un tope de 12 meses. Se venía de otra reforma laboral, la de 2010, firmada por el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, también para intentar ajustes con los que capear la crisis. En ambos casos se sucedieron sendas huelgas generales como protesta de los sindicatos.
En 2012 también se reguló el despido por absentismo, aunque fuera con bajas médicas justificadas, que ha sido una de las medidas ya derogadas por el actual Ministerio de Trabajo que encabeza la vicepresidenta de Podemos, Yolanda Díaz. Se eliminó en febrero de 2020, poco antes de estallar la crisis sanitaria, cuando se frenaron los avances en las negociaciones.
Claves de la reforma
Desde Bruselas se han pedido cambios en el mercado laboral español que reduzcan la temporalidad y el desequilibrio entre contratos fijos y temporales, como paso previo a solicitar las ayudas europeas del plan de reconstrucción tras la crisis sanitaria.
De la última reforma laboral quedan entre los principales aspectos que estudiaría el Gobierno, los siguientes:
1. Convenio de empresa y sectorial. Hasta la reforma laboral, primaba el convenio del sector de actividad, que servía de punto de partida para las empresas que decidían aprobar un pacto propio mejorando algunas condiciones. Después del cambio, el acuerdo de empresa tiene más peso, por lo que desde los sindicatos se viene denunciando que se aprovecha para empeorar las condiciones del sectorial. La patronal defiende que el convenio de empresa se ajusta más a las necesidades de cada compañía.
2. Ultraactividad. Fue una de las palabras más repetidas tras la aprobación de la reforma. El fin de la ultraactividad de los convenios supuso que cuando cumplen su plazo de vigencia dejan de aplicarse a los dos años de vencidos. Antes, sus condiciones se mantenían hasta que hubiera uno nuevo, por ejemplo, si las negociaciones entre la empresa y los representantes de los trabajadores se bloqueaban.
3. Modificación de las condiciones sustanciales del contrato. La reforma incluyó que debido a la situación de crisis, la empresa podía bajar el salario, cambiar el horario o de puesto al empleado aduciendo causas "económicas, organizativas o técnicas". Debe acreditar que se han producido dos trimestres consecutivos de disminución persistentes de los ingresos o las ventas. Si el trabajador se niega solo tiene la opción del despido mínimo legal de 20 días por año trabajado y un tope de nueve mensualidades.
La negociación sobre qué ocurrirá con la normativa laboral se encuentra ahora atascada en el seno del Gobierno de coalición, en el que han tardado en ponerse de acuerdo incluso sobre quién lideraría las negociaciones, si Trabajo o Economía. Para los sindicatos se estaría en la "recta final". El tiempo corre, porque Europa espera una propuesta antes de final de año.
Desde las patronales se ha venido insistiendo en que en la situación actual de crisis económica, tras la sanitaria de covid, no se pueden afrontar cambios de tal calado como derogar la reforma laboral. "Hay muchos más problemas urgentes que deberían acaparar la atención del Gobierno y no discutir si se reforma o no una ley laboral", afirma Aurelio López de Hita, presidente de Cepyme Aragón, preocupado por el incremento de los costes de empresas y autónomos.
En este sentido, el director general de CEOE Aragón, Jesús Arnau, considera que "la situación actual es tan complicada por el grado de incertidumbre que puede ser una crisis más grande que la de la pandemia". Enumera que el coste de luz se ha multiplicado por cinco o el de las exportaciones por siete, lo que ha obligado a algunas empresas grandes consumidoras de electricidad a programar paros de producción.
Recuperar derechos
Sin embargo, para los sindicatos, es necesario avanzar en el camino de recuperar los derechos perdidos a raíz de la crisis anterior, en línea con la postura de la formación morada que encabeza la ministra de Trabajo. "Les regalaron una reforma a la carta y no la quieren perder", afirma Daniel Alastuey, secretario general de UGT-Aragón, sobre la postura de la patronal.
"Para los empresarios nunca es el momento", reprocha, en lo que coincide con su homólogo en CC. OO. Aragón, Manuel Pina. "Cuando viene una crisis siempre se nos dice que no es el momento, cuando nos estamos recuperando o va bien, que a ver si vamos a estropearlo", reprocha este último. "La subida de la luz también es para los trabajadores", añade.
Para reducir la temporalidad tal y como pide Bruselas, coinciden en que la vía es "que se cumpla la legalidad". Alastuey denuncia que hay "empresarios que no respetan y fían la ganancia a que mayoría trabajadores no reclaman después" y Pina reclama "más inspectores".
Urgen que se acelere el acuerdo con los agentes sociales, pero si no se suman los empresarios, Alastuey considera que se puede alcanzar un acuerdo solo con los sindicatos, como ocurrió recientemente con la subida del salario mínimo.
Critica que el apoyo de los empresarios se haya tenido solo cuando podían obtener un beneficio. "Los ERTE han salvado empleos, pero han sido gastos que ha asumido la sociedad", recuerda.
Desde la patronal, Arnau advierte que "no puede haber una reforma laboral que no esté en el acuerdo del diálogo social. Quien crea empleo luego son las empresas". En cuanto a la necesidad de reducir la temporalidad, una de las exigencias de Europa, defiende que esta es "intrínseca a muchos sectores como la agricultura o el turismo" y que "estos cambios esto la harían peor". Considera que la prioridad es conseguir estabilidad económica y "no regular en contra de las empresas, sino facilitar que contraten y no generar nuevos obstáculos". Resalta que la reforma también tuvo consecuencias positivas como crear empleo cuando la economía crecía por debajo del 2%.
López de Hita cree que el abanico de problemas que se ciernen sobre sectores como la industria o el comercio ya son "son suficientemente graves" y pide al Gobierno "una dirección firme y objetivos claros" para ponerse a trabajar "en lo que se nos viene encima", en vez de centrarse en "discusiones con carácter político". Califica de "espectáculo contraproducente y esperpéntico" el que estaría dando estos días el Gobierno de coalición con sus diferencias internas sobre la reforma laboral.
