Nueva ley de vivienda: ¿a quién beneficia?

Entras las principales novedades que se aprueban este martes están la imposición de topes en los precios del alquiler, penalizaciones a la vivienda vacía y ayudas para los jóvenes.

Bloque de viviendas en Madrid.

Tras cerca de un año de negociaciones en el Gobierno de coalición, el anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda será aprobado este martes en el Consejo de Ministros.

Se trata de la primera Ley de Vivienda de la democracia, con la que espera garantizar el acceso a la vivienda de los colectivos más vulnerables, con el fomento del parque público de vivienda, la limitación de los precios de los alquileres en las zonas tensionadas o las bonificaciones para incentivar a los propietarios a ofrecer precios accesibles.

Una normativa que pretende regular el precio del alquiler en las zonas tensionadas -áreas en las que se ha producido un aumento sostenido en el precio de los alquileres en los últimos años-, e imponer un recargo del IBI del 150% a las viviendas vacías, entre otras medidas. Estas son las más destacadas:

Alquileres públicos en las nuevas promociones de viviendas

Las promociones de obra nueva deberán contar con una reserva del 30% de viviendas destinadas al parque público, siendo la mitad de este porcentaje destinado al alquiler social. Así, un edificio con 100 viviendas, deberá destinar 30 a este fin.

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Ventajas fiscales para pequeños propietarios para bajar el precio de alquiler

Los pequeños propietarios (con menos de 10 viviendas en su poder) podrán optar a grandes descuentos e incentivos fiscales con el fin de incentivar la bajada del precio de alquiler en sus viviendas. De hecho, se planea a una bonificación de hasta el 90% de las rentas que obtengan los propietarios en caso de que bajen el precio del alquiler respecto al contrato anterior.

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Ventajas fiscales para pequeños propietarios para bajar el precio de alquiler

Para incentivar el alquiler de estas viviendas, el Gobierno permitirá a los Ayuntamientos que puedan aumentar la tasa del IBI para viviendas que estén vacías con un recargo de hasta el 150%. Aunque se ha matizado que la nueva norma tendrá en cuenta «las distintas competencias existentes en la materia», tanto autonómicas como municipales, por lo que indicó que deben ser las comunidades autónomas las que soliciten si quieren aplicar o no el control de precios en las zonas tensionadas. 

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Limitación del alquiler a viviendas de grandes propietarios

Los grandes propietarios, que son aquellos que tengan más de 10 viviendas en su propiedad, deberán adaptar el precio de sus alquileres al índice de referencia de la zona donde se encuentra para aquellas viviendas que se encuentren en las denominadas zonas tensionadas.

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Bonos de ayuda para jóvenes

Esta nueva normativa incluirá la creación de un bono joven de vivienda dotado con 250 euros mensuales durante los próximos dos años. Esta medida va a beneficiar a los jóvenes de entre 18 y 35 años con rentas de trabajo e ingresos anuales inferiores a 23.725 euros. 

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¿Cómo afectará a Aragón esta nueva Ley de Vivienda? El presidente del Ejecutivo autonómico, Javier Lambán, ya adelantó en una entrevista a la Cadena Ser que "no existe la posibilidad" de aplicar estas medidas en Aragón. "El mercado de la vivienda no está tensionado como en otras regiones, por lo que los remedios tienen que dirigirse por otros derroteros", argumentó Javier Lambán, quien también aludió a los bonos de ayuda para jóvenes. 

"Atajar la dificultad de acceder a una vivienda solo se puede solucionar mediante una inversión pública fuerte en construcción de vivienda social y para alquiler: Esa será la solución definitiva", reconoció el jefe del Ejecutivo aragonés.

La llegada del texto al Consejo de Ministros pone fin a meses de desencuentros sobre la regulación de la vivienda entre los socios de Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, que lograron un acuerdo al respecto a comienzos de mes para salvar el último escollo en las negociaciones de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022.

Además, zanja semanas de especulaciones e incertidumbre sobre el impacto de la Ley, de la que hasta ahora solo se conocían medidas puntuales difundidas por distintas voces del Ejecutivo.

El anteproyecto, con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y el Ministerio de Derechos Sociales como proponentes, se remitirá después al Congreso para su tramitación parlamentaria.

La normativa busca "una regulación homogénea de los aspectos más esenciales de las políticas de vivienda", como aparece en la exposición de motivos del texto.

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