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Economía
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Negociaciones presupuestarias

El Gobierno negocia incluir en los PGE un 'cheque bebé' de 1.200 euros al año

Unidas Podemos presiona para introducir esta medida dentro de un 'paquete familiar' más amplio que contempla la ampliación de la duración de los permisos de maternidad y paternidad hasta los seis meses.

Una embarazada se somete a una ecografía.
Una embarazada se somete a una ecografía.
Paolo Aguilar/EFE

El Gobierno está valorando la posibilidad de incluir en los Presupuestos Generales del Estado de 2022 una prestación por crianza de carácter universal para madres con hijos de 0 a 3 años, una suerte de 'cheque bebé' que alcanzaría los 1.200 euros anuales. Según ha podido saber La Información por fuentes conocedoras del estado de las negociaciones en el seno de la coalición, la medida ha sido propuesta por Unidas Podemos, dentro de un 'paquete familiar' más amplio que incluye la ampliación de la duración de los permisos de maternidad y paternidad hasta los 6 meses, y ambas están siendo estudiadas por los socios mayoritarios del PSOE.

En concreto, la iniciativa que está sobre la mesa de negociación de los segundos PGE del Gobierno de coalición consiste en la aprobación de una nueva prestación por crianza de 100 euros mensuales para todas las madres con hijos menores de tres años. Esta vendría a complementar a la ayuda por maternidad que ya contempla la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para madres trabajadoras (que realicen una actividad por cuenta propia o ajena por la que estén dadas de alta en la Seguridad Social o Mutualidad) y que supone una cuantía de 1.200 euros anuales por cada hijo menor de 3 años que puede hacerse efectiva de manera anticipada o aplicando la deducción en la declaración anual del IRPF.

La medida se está debatiendo y aún está por determinar si se traduciría en una transferencia (mensual, de 100 euros, o anual, de 1.200 euros) o en una desgravación en la declaración de la renta, según precisan fuentes al tanto del estado de las conversaciones entre el PSOE y Unidas Podemos. La formación morada la ha llevado a la mesa por una cuestión de "justicia social", según han defendido ante los socios mayoritarios, ya que la actual deducción deja fuera a las madres que más pueden necesitar esta ayuda, que son las que no están trabajando o las que no tienen la obligación de hacer la declaración de la renta. Esos son algunos de los argumentos defendidos en la mesa por los de Ione Belarra y que los socialistas están analizando.

El Gobierno ya plasmó este planteamiento en el documento 'España 2050', donde se propone reformar las prestaciones familiares, bajo el argumento de que las políticas de soporte económico de los hogares con hijos a cargo se concentran en el tratamiento que hace el IRPF de la institución familiar y "estas no tienen efecto sobre los hogares con menores y rentas más bajas, que son protegidos de manera claramente insuficiente". "En concreto, aquellas personas y familias que no presentan declaración del IRPF porque no obtienen rentas no pueden beneficiarse del ahorro fiscal correspondiente a las cargas por descendientes", apunta el documento, que plantea cambiar el tratamiento fiscal para que, como ocurre con la deducción por maternidad, pudieran ser devueltas a los hogares que no tienen obligación de tributar, pero cuyos ingresos están por encima del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

En paralelo, el Ejecutivo planteaba en esa hoja de ruta para los próximos 30 años crear una nueva prestación por crianza de hijos, en este caso menores de 18 años. "En un primer momento, esta prestación deberá dirigirse a todas aquellas familias que se encuentran en situación de riesgo de pobreza, pero no cumplen los requisitos para acceder al IMV. Posteriormente, deberá ampliarse al resto de familias del país, tal y como ya se hace en la mayoría de los estados europeos", defiende el documento que presentó en un gran acto el pasado mes de mayo el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que fue elaborado por un centenar de expertos convocados por el que fuera responsable de la Oficina de Prospectiva de Moncloa, Iván Redondo.

El 'cheque bebé' forma parte de un 'paquete familiar' más amplio que está peleando Unidas Podemos en la negociación presupuestaria y que incluye la ampliación de la duración de los permisos de maternidad y paternidad hasta los 6 meses. Fuentes al tanto de las conversaciones entre los socios de la coalición avanzan que la intención de la formación morada es convencer a los socialistas de la puesta en marcha de esta medida de manera inmediata, ya en 2022, si bien revelan que estarían dispuestos a aceptar una ampliación paulatina de los permisos, tal y como se hizo con la senda para alcanzar las actuales 16 semanas. Es en esos términos en los que se mueve la negociación, según las fuentes consultadas, que indican que el PSOE está mostrando algunas reticencias respecto a estas medidas por su impacto presupuestario.

Pero la prestación por crianza universal o la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad no son las únicas medidas por las que está presionando Unidas Podemos en la negociación con el PSOE. Los de Belarra también han planteado otros asuntos como la eliminación de la denominada "tasa rosa", el precio añadido que se aplica a determinados productos destinados al público femenino, a pesar de que sus características son idénticas a otros dirigidos a los hombres, o la bajada del IVA de las peluquerías hasta el 10%, desde el 21% actual, una medida que consideran necesaria para que estas pymes refloten tras el golpe de la pandemia.

Sociedades y alquiler, los escollos

Algunas de estas medidas son viejas reivindicaciones de la formación morada y otras han sido pactadas incluso en acuerdos de coalición, como es el caso del establecimiento de un tipo mínimo efectivo en el Impuesto de Sociedades del 15% o la regulación de los precios del alquiler. Se trata, de hecho, de los dos asuntos que están bloqueando el acuerdo presupuestario en el seno del Gobierno en estos momentos. Si bien es cierto que en las últimas horas el ala socialista del Ejecutivo se ha abierto a ceder de alguna manera en el ámbito fiscal para impulsar el acuerdo, el bloqueo en materia de vivienda se mantiene por la negativa del PSOE a limitar los precios de los alquileres en las zonas del país consideradas "tensionadas".

Aunque los socios de la coalición no hablan de "líneas rojas", en privado, el flanco liderado por Yolanda Díaz dibuja de ese color el asunto de los alquileres. "Es el corazón de la Ley de Vivienda", insisten. Está por ver cómo evoluciona la dinámica de la negociación en las próximas horas, pero no se descarta que sean Díaz y Sánchez quienes terminen de desbloquear este asunto en una última reunión de alto nivel para cerrar el pacto presupuestario. Ambos han confiado públicamente en alcanzar un consenso, pero el calendario apremia. El Gobierno ya está fuera de plazo -la ley fija que debe remitir al Parlamento el proyecto de ley de Presupuestos a más tardar el 30 de septiembre- y todo apunta a que, de no acercar posturas antes del Consejo de Ministros del próximo martes, tendrá que convocarse uno extraordinario o llevarlo ya a mediados de octubre.

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