Garzón: "El Estado tiene mecanismos suficientes contra los abusos del alquiler"
El ministro de Consumo ha hecho estas declaraciones en su visita al IES de Infiesto, donde ha participado en la entrega los premios del concurso escolar Consumópolis16.
El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha afirmado este jueves que el Estado tiene "mecanismos suficientes" para actuar en el caso de inclusión de cláusulas abusivas en el alquiler de viviendas, sobre las que han conminado a las inmobiliarias para que "las corrijan".
Así lo ha manifestado en declaraciones a los periodistas con motivo de su visita al IES de Infiesto, donde ha participado en la entrega los premios del concurso escolar Consumópolis16, en el que dos de los tres premios concedidos han correspondido a este centro educativo. "Desde el Ministerio de Consumo hemos visto que había indicios de fraudes y de abusos, ante lo que hemos alertado a las inmobiliarias para que lo corrijan", ha afirmado.
Respecto al alquiler de viviendas, Garzón ha enfatizado que el Gobierno está "muy vigilante", ya que en muchos casos los mercados están "tan tensionados que el acceso a la vivienda es prácticamente inaccesible para mucha gente, de manera especial las familias más vulnerables y las personas más jóvenes o con menos salario".
Garzón ha hecho estas declaraciones después de que Consumo notificara el pasado lunes a varias empresas inmobiliarias y portales de internet para el alquiler de viviendas su preocupación al detectar una "dinámica creciente de inclusión de cláusulas abusivas" en los contratos entre particulares, como fianzas desproporcionadas de cinco meses.
El Ministerio ha detectado que se están incorporando cláusulas en los contratos que podrían vulnerar la Ley de Arrendamientos Urbanos, entre ellas la exigencia en ocasiones de fianzas desproporcionadas, además de otras garantías adicionales y de mensualidades adelantadas que son contrarias también a la norma.
Al tratarse de contratos entre particulares, su declaración como abusivas tendría que sustanciarse mediante procedimiento judicial, según indicó el Ministerio, que ha pedido a inmobiliarias y portales que ejerzan su labor de intermediación para disciplinar al mercado del alquiler, sin prácticas que supongan una barrera para el acceso a la vivienda.
