Ambición climática y especulación: qué son y por qué se han disparado los derechos de CO2
Grandes fondos y banca de inversión juegan ya un papel clave en la formación de los precios finales de la energía.
No hay alivio para los consumidores. Los precios de la luz siguen desbocados y el megavatio/hora se mantiene en zona de máximos tocando el pasado viernes los 117,14 euros. Agosto amenaza con ser el mes con la factura mensual más cara de la historia, en plena escalada de los precios del gas. Pero también ante el encarecimiento de los derechos de emisión de CO2, un complicado mercado que desde 2018 vive un auténtico 'boom' con el acelerón en la política climática de la Unión Europea... y también con el carácter especulativo adquirido en los últimos años. ¿De dónde surge, cómo funciona y por qué afectan los derechos a la factura final del consumidor?
¿Qué es el mercado de derechos de emisión de CO2?
Es una fórmula que la UE puso en marcha en 2005 para ayudar a cumplir con el protocolo de Kioto, cuyo próximo objetivo es reducir en un 55% las emisiones de gases de efecto invernadero en 2030 respecto a 1990. Resumiendo mucho, los derechos es lo que pagan algunas instalaciones como eléctricas de gas para poder contaminar.
¿Cómo funciona el mercado?
Cada año, cada instalación contaminante tiene asignada una cantidad limitada de derechos de CO2 que pueden emitir a la atmósfera de forma gratuita. Como el número de derechos se va reduciendo con el paso del tiempo, si una instalación necesita emitir más de lo que le han asignado, debe acudir al mercado a comprar derechos a través de una subasta. Por lo general, se los compra a otras instalaciones que tengan excedentes porque han hecho los deberes reduciendo sus emisiones. Al crear oferta y demanda, el mercado establece un precio para esas emisiones.
¿Está cumpliendo su objetivo?
Como los derechos se van restringiendo con el paso del tiempo, su coste se va elevando (como está ocurriendo ahora). «En 2005, cuando el mercado empezó a funcionar, el precio de los derechos rondaba los 5 o 6 euros por tonelada, con lo que contaminar salía muy barato y no se beneficiaba al que hacía los deberes, porque tampoco le salía a cuenta vender sus excedentes», indican fuentes del sector. Sin embargo, con el paso del tiempo y la subida de precios, los contaminantes se ven obligados a buscar otro tipo de tecnologías más baratas como las renovables.
¿Qué instalaciones participan?
Según datos oficiales, este régimen afecta a casi 1.100 instalaciones (11.000 en toda la UE) que representan un 45% de las emisiones totales. Se trata de centrales térmicas, de cogeneración, otras instalaciones de combustión de potencia térmica superior a 20 MW (calderas, motores, compresores.), refinerías, siderurgia, cementeras, vidrio o papeleras. La idea es que estas instalaciones prefieran ir reduciendo sus emisiones a pagar por los derechos para emitirlas. Las eléctricas no cuentan desde 2013 con asignaciones gratuitas y, por lo tanto, deben comprar todos sus derechos de emisión.
¡Por qué se han disparado los precios?
El precio de los derechos de emisión del CO2 cotiza actualmente en 53,5 euros por tonelada, muy lejos de los 26 de hace justo un año. Esta evolución se debe a la suma de varios factores. Entre ellos, la propia política climática de la Unión. «La descarbonización pasa por un precio del CO2 que tenga valor; cuanto más suba el precio, mayor será el incentivo que tendrán las instalaciones para cambiar a tecnologías menos contaminantes», insiste José María García, 'trader' de Vertis Environmental Finance. Además, justo este año se ha producido el segundo mayor recorte de la historia en las asignaciones gratuitas (de 57,11 millones de toneladas a menos de 49 millones.
¿Justifica la transición energética la escalada de precios?
No de forma aislada. Es cierto que el aumento más rápido de los precios se aceleró en noviembre del pasado año, al anunciarse un retraso en el inicio de las subastas de este 2021. Y se intensificó cuando el Consejo Europeo elevó del 40% al 55% los objetivos de reducción de las emisiones para 2030. Pero hay algo más que ha influido en el encarecimiento de los derechos. El propio Banco de España cree que «la escalada ha sido tan elevada que, según algunos analistas, no puede descartarse un componente especulativo significativo».
¿Por qué se especula?
«Desde la entrada en vigor de la directiva europea Mifid II el 3 de enero de 2018, el derecho de emisión de CO2 pasó a ser considerado un instrumento financiero y, por tanto, atractivo para bancos y fondos de inversión», explican los expertos de Vertis.
¿Por qué les resulta atractivo?
Estas financieras saben que las instalaciones tienen la obligación de entregar los derechos todos los años al organismo nacional competente (los equivalentes a las emisiones realizadas) y, por tanto, siempre hay un volumen de potenciales transacciones en el mercado. Fuentes del sector destacan el fuerte interés detectado al inicio de la pandemia. Con el desplome de la actividad empresarial, se necesitaban menos derechos y los precios comenzaron a bajar. «Justo en ese momento se dispararon los volúmenes negociados, evidenciando que los grandes fondos habían entrado para comprar».
Según datos facilitados por un operador, en marzo de 2020 hubo sesiones en las que se rozaron los 90 millones de derechos negociados. Para hacerse una idea de la intervención de estos fondos, el anterior pico, precisamente en 2018, no superaba los 60 millones de derechos.
Así se traslada el repunte a la factura final del consumidor
El precio de la electricidad en el mercado mayorista se fija en subastas diarias en base al coste del CO2 en el mercado europeo y al precio del gas en los mercados internacionales. Según fuentes del sector, por cada euro que sube el gas, el coste de la electricidad se incrementa en 2 euros el MWh. En el caso del CO2, por cada euro que sube, el coste de la electricidad se incrementa en 0,33 euros. Y eso se traslada a la factura final, en la que el precio de la energía tiene un peso que ronda el 27%, según datos de la CNMC, aunque varía según el perfil de consumo.
Hay que tener en cuenta que en España tenemos un sistema marginalista (la última tecnología que entra para ajustar oferta y demanda es la que prima en el precio final). Con la desaparición del carbón, los ciclos combinados han incrementado su peso en el mix de generación para cubrir el hueco que dejan las renovables. Estas centrales emplean gas natural para su producción y, para quemarlo, emiten CO2, por lo que necesitan comprar derechos para compensarlo, contribuyendo también a la subida de precios.
