medio ambiente

La Comisión Europea estudia prohibir los anuncios de combustibles fósiles

Los productos de combustibles fósiles afectados son el petróleo, el gas fósil y el carbón, y la iniciativa propone prohibir los anuncios de todo tipo de vehículos que utilicen este tipo de combustibles y de todas las empresas.

Gasolinera en Zaragoza.
Gasolinera en Zaragoza.
Raquel Labodía

La Comisión Europea registró este miércoles una Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) que pide al Ejecutivo comunitario que proponga una ley para prohibir la publicidad y el patrocinio de los combustibles fósiles.

La ICE, que se titula "Prohibir la publicidad y el patrocinio de los combustibles fósiles", también reclama prohibir los anuncios de todo tipo de vehículos que utilicen este tipo de combustibles, (excepto los dedicados al servicio de transporte de interés económico general) y de todas las empresas que extraen, refinan, producen, suministran, distribuyen o venden cualquier combustible fósil.

Los organizadores también solicitan que la prohibición se aplique tanto a la publicidad "offline" como "online" y que cubra la publicidad y el patrocinio, especialmente en los ámbitos del deporte, la educación, la ciencia, los eventos públicos y los eventos mediáticos de terceros.

Y aclaran que los productos de combustibles fósiles afectados son el petróleo, el gas fósil y el carbón.

La Comisión decidió registrar la ICE, explicó el Ejecutivo en un comunicado, porque la consideró "legalmente admisible", ya que cumple las condiciones de no estar manifiestamente fuera de las competencias de la Comisión, no ser manifiestamente abusiva, frívola o vejatoria y no estar claramente en contra de los valores de la Unión.

Ahora, los organizadores tienen un año para recoger, al menos, un millón de firmas de siete Estados miembros distintos para que la Comisión reaccione.

Una vez alcanzado dicho requisito, la Comisión podrá decidir si aceptar la propuesta o no, justificando en ambos casos su decisión.

La Iniciativa Ciudadana Europea fue introducida en el Tratado de Lisboa como una herramienta de los ciudadanos europeos para fijar la agenda política de la Unión y está en vigor desde abril de 2012.

Hasta el momento, la Comisión ha recibido 79 ECI, de las que ha rechazado 26 porque su registro no cumplía las condiciones. 

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