Un 30% de los prejubilados sufrirá un doble recorte en su pensión con las nuevas penalizaciones

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, reitera una y otra vez a modo de mantra que la mayoría de las personas saldrá beneficiada con el nuevo diseño de las penalizaciones a la jubilación anticipada, una de las medidas del primer paquete de la reforma de las pensiones que quiere aprobar de forma inminente. Pero lo cierto es que el nuevo esquema que ha diseñado castigará con dureza no solo a las rentas más altas, sino a todos aquellos trabajadores que ganan 2.300 euros al mes o más, que sufrirán un recorte de hasta 460 euros al mes si adelantan dos años su retiro.

Pero no solo eso, sino que también tendrá un impacto muy fuerte en la pensión de colectivos vulnerables como son los que llegan al retiro a través del paro. Aproximadamente el 20% de los jubilados involuntarios habían sido despedidos de la crisis de 2008 y no habían vuelto a encontrar trabajo, según datos de CC.OO.

El mayor recorte con el nuevo esquema se dirigirá a todos aquellos trabajadores que cotizan por una base reguladora igual o superior a la pensión máxima, que está situada en 2.707 euros al mes, lo que en la práctica afecta a quienes cobran un salario a partir de 2.300 euros, según advierte este sindicato. Representan nada más y nada menos que entre un 25% y un 30% de las nuevas prejubilaciones y tendrán una fuerte reducción que puede llegar hasta el 21%, más de cinco veces superior a la que tienen en la actualidad.

Esto se debe a dos causas: la primera es que el nuevo sistema para desincentivar la jubilación anticipada establece coeficientes mayores de los que había. Si la horquilla actual va del 1,6% al 16%, el nuevo modelo eleva esta penalización a un mínimo del 2,81% para quienes adelanten un mes su jubilación y un máximo del 21% para quienes se retiren dos años antes de la edad ordinaria.

La segunda causa que hace que el castigo sea doble es que estos coeficientes reductores ya no se aplicarán sobre la base reguladora, sino sobre la pensión real, lo que perjudica significativamente a aquellos trabajadores que cotizan por encima de la pensión máxima. Así, por ejemplo, según la legislación actual, un trabajador con una base reguladora superior a 2.707 euros al mes y que tenga una carrera laboral inferior a 38 años y medio sufrirá un recorte de su pensión del 4% si se jubila dos años antes, mientras que esta reducción se elevaría al 21% con la propuesta de Escrivá. Estas penalizaciones se van reduciendo progresivamente dependiendo del mes en que te jubiles (cuanto más cerca de la edad ordinaria, menor castigo) y también en función del número de años cotizados. A partir de 44,5 años, el coeficiente reductor por retirarte dos años antes disminuye al 16%.

Lo único en lo que ha suavizado Escrivá este diseño es en que establece un periodo transitorio de 12 años para implantarlo. Así, irá subiendo progresivamente cada año el castigo, de forma que en 2022 los coeficientes reductores oscilarían entre el 0,73% y el 5,70%, y así gradualmente hasta llegar al máximo. Además, condiciona su puesta en marcha a que haya una senda de subida de la pensión máxima, con el objetivo de mantener la contributividad del sistema. Porque otro de los recortes que impactará de lleno sobre este colectivo es el incremento de la base máxima de cotización que plantea Escrivá.

Recorte forzoso

¿Y qué pasa con las prejubilaciones forzosas? Porque no todos los que adelantan su retiro lo hacen voluntariamente, sino que casi una cuarta parte se ven obligados al haber sido despedidos. Ellos incluso pueden jubilarse cuatro años antes de la edad ordinaria (que es lo que hace la mayoría), aunque en este caso tendrán un recorte de entre el 24% y el 30% dependiendo de los años cotizados. Para ellos Escrivá mantiene el mismo esquema en la mayor parte de los meses, aunque mejora los coeficientes reductores del mes 22 al 7, puesto que los equipara con los de la jubilación anticipada voluntaria, que también suavizó, y establece unas penalizaciones más bajas que las actuales del mes 6 al 1.

Sin embargo, para los sindicatos esto está muy lejos de ser suficiente. Desde UGT aseguran que no firmarán ningún acuerdo que suponga un endurecimiento de las prejubilaciones forzosas o de aquellas que procedan del paro, además de exigir que se elimine el recorte de los que hayan cotizado más de 40 años.

Las empresas tendrán que pagar las cotizaciones de sus becarios

Los becarios tendrán que ser dados de alta en la Seguridad Social por las empresas que les acojan, lo que implica, por tanto, pagar sus cotizaciones, tanto si su trabajo está remunerado como si no. Así se recoge en el borrador de acuerdo en materia de pensiones enviado el pasado martes a los agentes sociales por el ministerio dirigido por José Luis Escrivá.

En realidad, el Gobierno ya aprobó una norma que obligaba a darles de alta en el sistema en 2018, pero no llegó a establecer el reglamento para ponerlo en marcha. Ahora Escrivá fija un plazo máximo de tres meses para desarrollar esta normativa y "garantizar" así que "la realización de prácticas formativas en empresas, instituciones o entidades incluidas en programas de formación, la realización de prácticas no laborales en empresas y la realización de prácticas académicas externas al amparo de la respectiva regulación legal y reglamentaria, determine la inclusión en el sistema de la Seguridad Social de las personas que realicen las prácticas indicadas, aunque no tengan carácter remunerado", según especifica el texto. De esta forma, de aprobarse este primer paquete de medidas este mes, ya en septiembre los becarios pasarían a cotizar a la Seguridad Social, lo que mejoraría además los ingresos del sistema.

Otra de las medidas que recoge este borrador de acuerdo es revisar en el plazo de seis meses las pensiones de viudedad para "aproximar" las condiciones de acceso de las parejas de hecho al de las parejas constituidas en matrimonio.

Además, el Gobierno accede a otra vieja reivindicación de los sindicatos: aprobar con carácter indefinido la 'cláusula de salvaguarda', que permite a las personas despedidas antes de la entrada en vigor de la reforma de 2013 y que no trabajaron más mantener las condiciones de jubilación previas (más ventajosas).