economía
La crisis anticipa una mayor presión fiscal para los gigantes empresariales
La urgencia por financiar la recuperación acerca el acuerdo para aplicar un impuesto mínimo de carácter global.
Los multimillonarios planes de estímulo para sacar a la economía mundial del abismo de la crisis han dado paso a la búsqueda de fórmulas para evitar que este histórico gasto se convierta en una enfermedad estructural para el déficit global, en vez de ser su vacuna. En este escenario, EE. UU. ha dado un paso que revolucionará la fiscalidad de numerosos países con su propuesta para establecer un impuesto mínimo global que grave los beneficios de las grandes empresas en el extranjero. ¿El objetivo? Evitar el 'dumping fiscal' con el que las multinacionales crean complejas estructuras societarias para limitar al máximo el pago de impuestos, tributando sus beneficios en los países con mayores ventajas fiscales.
De paso, la Administración Biden se aseguraría la mejora en la recaudación, ante el colosal plan de 1,9 billones de dólares que ha lanzado para rescatar su economía. Un 40% del presupuesto federal. "Los Estados se han dado cuenta de que necesitan más dinero, entre otros motivos por la covid, y en EE. UU. coincide con un momento en el que la fiscalidad del trabajo ha ido subiendo y la de las empresas no (la recaudación por este último concepto se ha reducido del 2% al 1% del PIB en los últimos años)", explica Pelayo Oraa, socio del área de Fiscalidad Corporativa de KPMG Abogados. "También quiere subir el impuesto de Sociedades del 21% al 28%, lo que puede provocar que las empresas se deslocalicen, se vayan a otros países, así que le beneficia que cada país introduzca ese impuesto mínimo a nivel mundial", añade.
Elevar la tributación mínima
La secretaria del Tesoro del país, Janet Yellen, propuso elevar al 21% la tributación mínima por los ingresos de las empresas en el exterior. "Estamos ante una economía competitiva en la que un número considerable de países, se había centrado en bajar impuestos para incentivar las inversiones", explican los expertos de KPMG. Pero eso se acabaría con esta propuesta que, como efecto colateral, limitaría el registro de beneficios en filiales establecidas en paraísos fiscales. Según el último informe de Tax Justice Network, los Estados dejan de ingresar al año 360.000 millones de euros por la evasión y los abusos fiscales de los grandes grupos corporativos. El agujero en España se acerca a los 3.700 millones, en un momento en el que la recaudación por Sociedades se ha desplomado. En concreto, un 27% en 2020, hasta apenas superar los 17.000 millones de euros. La cifra era de 44.000 en 2007.
Desde la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), Antonio Barba explica que este "órdago" de EE UU cambiará por completo las reglas fiscales mundiales. "Por ejemplo, ahora, la filial de Apple en Irlanda tributa a un 12,5% por sus beneficios allí y, como ya los ha pagado, EE. UU. no recauda nada por ellos. Con un impuesto mínimo, Apple tributaría al 12,5% en Irlanda y EE. UU. se quedaría con la diferencia hasta el mínimo global que se acuerde". Y lo mismo ocurriría en el resto de países. El FMI, España y Alemania están entre los que han mostrado su apoyo a la medida. De hecho, la OCDE lleva años estudiando un sistema similar a través del conocido como Pilar 2, aunque el mínimo propuesto hasta ahora se limitaba al 12,5%.
Fuentes el Gobierno indican que "obviamente, la propuesta de EE. UU. le suena bien a España, pues defiende una mayor coordinación fiscal". Durante un reciente foro organizado por Lefebvre, Silvia López Ribas, subdirectora general de Impuestos sobre las Personas Jurídicas del Ministerio de Hacienda, adelantó que a mediados de junio "ya habrá una legislación modelo para su implantación", señalando a las empresas con una cifra de negocio global superior a los 750 millones como los principales contribuyentes del impuesto. "Los países son conscientes de que esto representa una carga fiscal relevante para las multinacionales y aún se están analizando los mecanismos de simplificación a incorporar", añade.
En España, según estimaciones de Aedaf, las empresas soportan una fuerte presión fiscal con un tipo efectivo de entre el 21,5% y el 22,6% muy próximo al tipo nominal de partida del 25%, uno de los más altos de los países del entorno. Si la propuesta sale adelante, tendrán que hacer frente a este pago y al mínimo acordado por sus beneficios en el exterior.
Hacienda vigila a las grandes tecnológicas
El acuerdo para un impuesto mínimo que grave los beneficios de las empresas en todo el mundo tiene mucho que ver con el papel que los gigantes tecnológicos han jugado durante años en los que la caída del pago de impuestos iba al mismo ritmo que el crecimiento en número de usuarios y beneficios.
Aunque en los últimos tiempos se han llevado a cabo medidas para 'regular' esta situación, la práctica habitual de compañías estadounidenses como Google, Amazon, Twitter o Facebook consistía en establecer una sede central operativa (una matriz) en un destino fiscalmente ventajoso de la Unión Europea, a través de la que facturar su negocio.
Al mismo tiempo, establecen filiales en cada uno de los países en los que tienen actividad, pero allí solo facturan conceptos de comunicación, marketing, promoción... partidas por las que el beneficio es mínimo y, por lo tanto, también lo es el pago de impuestos. Los beneficios se mueven y, simplificando mucho, se trata de concentrar los ingresos, los generen donde los generen, en países con una tributación más baja. Los expertos de Singular Bank lo explican con el ejemplo de una multinacional con 200 millones de euros en ventas y unos beneficios de 100 millones en España, donde el tipo impositivo es del 25%, pero tiene las oficinas en Irlanda, con un tipo del 12,5%. «Si factura todo desde España, pagará 25 millones en impuestos. Pero si lo hace desde Irlanda pagará 12,5 millones de euros».
¿Cómo es posible conseguir este resultado? La filial irlandesa factura a la española 100 millones de euros en, por ejemplo, gastos de administración, con lo que la filial española no registrará beneficios y no pagará impuestos por ellos, mientras que la sede establecida en Irlanda asume el pago de esos 12,5 millones que le corresponde.
Las críticas por estos complejos entramados empresariales, por otro lado completamente legales, han sido constantes en los últimos años. Ante esta situación, y sin consenso europeo para una tasa común, el Gobierno español aprobó el pasado año el impuesto digital, la denominada 'tasa Google', que grava los ingresos por publicidad, intermediación y transmisión de datos de estas compañías con un 3%.
Este impuesto entró en vigor el 16 de enero de 2021. Y Amazon fue la primera compañía afectada en anunciar que lo repercutiría a sus clientes (vendedores) a partir de l mes de abril, aumentando sus tarifas en el mismo porcentaje. Lo mismo hará Google a partir de mayo con los usuarios de su servicio de publicidad Adds, con un recargo del 2% en las facturas.
