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Economía
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España cargará durante años con el abultado déficit asumido por la crisis del coronavirus

El FMI no prevé que el desfase baje del 4% en cinco años, mientras que la deuda se mantendrá sin reducirse en el entorno del 118%.

Un detalle de la sede del Banco de España en Madrid.
Un detalle de la sede del Banco de España en Madrid.
Europa Press

Mientras las reglas fiscales de Bruselas sigan suspendidas temporalmente, España vivirá relativamente cómoda con los elevados niveles de déficit y deuda asumidos como consecuencia del millonario gasto para hacer frente a la crisis del coronavirus. Sin embargo, las expectativas que plantea el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre las cuentas públicas no son nada halagüeñas para este 2021 ni para 2022 ni para los próximos cinco años. El organismo prevé que España mantenga como un yugo sobre su cabeza el peso de un descuadre fiscal que no conseguirá bajar del 4% ni siquiera en 2026, el último ejercicio analizado en su último informe fiscal. Y que el endeudamiento se mantenga prácticamente en el mismo nivel que ahora también este próximo lustro.

Las previsiones del FMI suponen un jarro de agua fría para las cuentas nacionales en el sentido de que no conseguirán mejorar de forma periódica y sostenida una vez pasada la crisis; tampoco cuando la recuperación sea un hecho factible. El análisis espera que el déficit cierre este año en el 9,4% del Producto Interior Bruto (PIB), después de que liquidara 2020 en el 11,4%. Esta cifra varía con respecto a la última actualización del Ministerio de Hacienda, en la que comunicó un déficit del 10,9,% el año pasado.

En 2022, ese déficit se situaría en el 5,8%, para pasar posteriormente al 4,9% en 2023. Desde ese momento se situaría en el 4,3% durante 2024, 2025 y 2026. Es decir, España no conseguiría cuadrar sus cuentas públicas al menos en el límite que establece el Pacto de Estabilidad del euro (en un déficit máximo del 3%) ni siquiera a partir de 2023, el ejercicio fiscal llamado a convertirse en el momento en que la economía recupere todo el terreno perdido desde marzo del año pasado, cuando comenzó la pandemia con el confinamiento generalizado de toda la actividad.

Por ahora, la Comisión Europea no tiene la intención de cambiar su política de manga acha: hay margen para que los Estados miembro gasten el dinero necesario, independientemente del déficit en el que incurran. De hecho, España ha más que triplicado su descuadre de cuentas en 12 meses. La cuestión es que en algún momento Bruselas determinará el punto y final a esta permisividad. Ese momento previsiblemente llegará a finales de 2022 o principios de 2023. Y para entonces podrían llegar las primeras exigencias de ajustes y reformas una vez superara la crisis sanitaria.

Ajustes que en el caso de España tendría que afrontar con unas cuentas mucho menos saneadas que las de otros países, como anticipa el FMI. El conjunto de la zona euro cerrará este año con un desfase del 6,7% y bajará al 1,6% en 2026. Incluso en casos como el de Estados Unidos o Reino Unido, con un déficit mucho más abultado que el de España en estos momentos, lo reducirán de forma considerable: el de la primera economía mundial bajará del 15% al 4,7% en cinco años; y el del antiguo miembro de la UE se reducirá del 12% al 3% en ese mismo periodo.

Una tasa covid

Ante esta situación, el organismo recomienda ir preparando planes de consolidación fiscal que permitan rebajar deuda y déficit en el medio plazo, y aconseja a los países "preaprobar" reformas tributarias de calado que, aunque tarden aún años en ponerse en marcha, marquen una hoja de ruta para el reequilibrio de las cuentas. Y a corto plazo, apuesta por elevar los impuestos a las rentas más altas y los grandes patrimonios.

Tampoco pintan bien las perspectivas de la deuda pública española. Este año cerrará en el récord del 118,4% sobre el PIB. Esto es, previsiblemente más de 1,3 billones de euros comprometidos con bancos e inversores nacionales e internacionales. En los dos próximos años, España conseguirá rebajar esa cifra mínimamente, un punto porcentual, hasta el 117%. Pero después no mejorará. Seguirá moviéndose entre el 117% y el 118% hasta 2026.

Será un lastre con el que la economía tendrá que lidiar después de que ni siquiera en la anterior recuperación de la crisis financiera de hace una década consiguiera recortar esa deuda.

La inyección de ayudas ensancha la brecha entre países ricos y pobres

La respuesta a la pandemia del coronavirus ha generado una gran diferencia entre cómo los países atajaron la anterior crisis económica con respecto a la actual: inyecciones masivas de dinero para proteger a la población y esperar a que escampase. Unas medidas muy diferentes a los recortes aprobados hace ya más de una década para afrontar la recesión financiera. Sin embargo, el FMI también constata diferencias de actuación, porque hay países donde han destinado hasta un 16% de su Producto Interior Bruto (PIB) a este tipo de estímulos, frente a otros -los más pobres- donde apenas han conseguido alcanzar el 2%. En medio se sitúan los emergentes, con un ratio de gasto del 4%.

Mientras que "muchos Gobiernos en economías avanzadas han implementado un gasto considerable, el apoyo en los mercados emergentes y, especialmente, en los países de bajos ingresos ha sido más pequeño, con una gran porción de las medidas expirando ahora", indica el último informe fiscal del organismo. En cualquier caso el FMI subraya que estas ayudas fiscales han servido "para prevenir una contracción económica más severa y más pérdidas de empleos".

En este sentido, el FMI señala que el gasto público extraordinario realizado por España se ha situado entre el 5% y el 10% del PIB, por debajo de otras economías como Francia, Italia, Alemania o Estados Unidos. En el caso de las garantías estatales para conceder préstamos -fundamentalmente a las empresas- este ratio sí que se ha aproximado al 15% de la riqueza nacional.

Los planes de estímulos aprobados han pasado por dos grandes líneas de actuación, muchas de cuyas medidas aún están en vigor y extendiéndose: la protección de los trabajadores a través de seguros de desempleo extraordinarios (en España, los ERTE) o líneas de financiación y avales públicos, además de ayudas directas a las empresas en crisis.

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