Ábalos propone beneficios fiscales para rebajar los precios del alquiler y abre un cisma con Podemos
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha vuelto a rechazar la limitación de precios máximos que exige el departamento de Derechos Sociales algo que desde Podemos se considera un incumplimiento flagrante de los acuerdos y acusan a los socialistas de "sucumbir" a las presiones de la patronal.
Los propietarios que rebajen un 10% la renta del contrato en alquiler de su vivienda en zonas tensionadas tendrán derecho a una reducción del 90% sobre el rendimiento neto en su declaración del IRPF, según se recoge en la propuesta de Ley de Vivienda del Ministerio de Movilidad, Transportes y Agenda Urbana.
Según explica el Ministerio en el documento, si un propietario que tenía un contrato de arrendamiento de 700 euros al mes firma uno nuevo por 630 euros, tendrá derecho a un beneficio fiscal en el IRPF de cerca de 950 euros al año, "superior al beneficio neto que le reportaría optar por un incremento de la renta".
Por otro lado, se recoge una bonificación para propietarios del 70% en el IRPF por la incorporación de una vivienda para alquiler habitual en las zonas tensionadas. Esto, según Agenda Urbana, favorece la entrada en el mercado de viviendas que anteriormente no estaban en alquiler como vivienda habitual. "De esta forma, se afronta directamente el problema de falta de oferta que caracteriza las zonas de mercado residencial tensionada, equilibrándose los precios", apunta el documento, que ya ha sido rechazado por Podemos al entender que incumple el acuerdo de Gobierno.
La declaración de zonas de mercado residencial tensionado se establecerá, según la propuesta del departamento de Ábalos, sobre la base de los índices estatales de referencia del alquiler, para aplicar instrumentos específicos encaminados a revertir la situación e incrementar la oferta. Dichas zonas tendrán un periodo de vigencia inicial de tres años, que se podrá ir prorrogando si los precios siguen siendo altos.
En el resto de las zonas que no se consideren tensionadas, las bonificaciones en el IRPF para los propietarios se situarán entre el 50% con carácter general (ahora está fijada en el 60%) y el 70% en el caso de alquilar a jóvenes de entre 18 y 35 años.
Además de estas dos bonificaciones, se establece una bonificación del 60% en el caso de los alquileres de viviendas de protección. "Con esta medida se estimula la incorporación al mercado del alquiler de viviendas a precios limitados y se favorece el acceso a las personas y hogares con menores ingresos", según el Ministerio.
En la misma línea, los propietarios que hayan realizado obras de rehabilitación o mejora en la vivienda de alquiler en los últimos tres años y que impliquen un desembolso de más de seis meses de renta, se beneficiarán también de una bonificación del 60%.
Asimismo, cuando se alquile una vivienda a inquilinos con ingresos por debajo de determinados importes, los propietarios también tendrán derecho a una reducción en el IRPF, pero en la propuesta del Ministerio el porcentaje está aún sin definir.
Por otro lado, también se establece que se definirán los criterios para la consideración de gran tenedor de vivienda en las zonas tensionadas, "en función de su potencial influencia, por el volumen de inmuebles de uso residencial de su titularidad en el mercado del alquiler en esa zona, que deberá representar, al menos, un 1% de las viviendas principales en el régimen de alquiler de la zona".
"Aquellos propietarios que tengan tal consideración deberán colaborar y ofrecer información sobre el uso efectivo de sus inmuebles", dice el texto.
La propuesta en la que está trabajando el Ministerio que dirige José Luis Ábalos también apuesta por introducir una definición de vivienda vacía a efectos del recargo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).
La propuesta que este miércoles ha entregado el secretario general de Vivienda, David Lucas, a la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, plantea establecer, en los nuevos contratos de arrendamiento, un porcentaje de reducción general del 50 %, modulable en función de diversos criterios, y se reafirma en que los sistemas de limitación de precios que exige su socio de gobierno "no han demostrado su eficacia en Alemania o Francia".
Para el alquiler de viviendas a jóvenes entre 18 y 35 años, prevé una reducción adicional del 20 % (70 % en total), mientras que para el de vivienda protegida y casas recientemente rehabilitadas sería de un 10 % adicional (60 % en total), siempre que se hayan realizado obras de rehabilitación o mejora en la vivienda en los últimos tres años, que impliquen un desembolso de más de seis meses de renta.
Unidas Podemos ha rechazado la propuesta del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para tratar de bajar los precios del alquiler, una medida que considera un "incumplimiento flagrante" del acuerdo de gobierno de coalición por la parte socialista.
Según han explicado fuentes de la formación morada, la oferta que ha presentado el PSOE, en nombre del Ministerio dirigido por José Luis Ábalos, en la reunión de este miércoles "consiste en dedicar recursos públicos a asumir, por parte de todos los contribuyentes, las rebajas en la renta que realice quien tenga una vivienda en alquiler".
En consecuencia, aprecian que los socialistas "sucumben" a las propuestas de la patronal inmobiliaria con un modelo que beneficia a los grandes tenedores de vivienda, en lugar de establecer obligaciones que haga aflorar inmuebles vacíos que bajen el alquiler.
Así lo han apuntado tras la reunión de este miércoles entre el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, y la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra. Lucas, que encabeza el equipo negociador del PSOE, hizo llegar a última hora de ayer el documento que recoge el sistema de incentivos, un modelo que ya rechazó la Vicepresidencia Segunda por entender que ha fracasado en Portugal.
Desde Unidas Podemos se considera que esa propuesta "no sólo incumple el acuerdo de Gobierno" por "no incluir la regulación de precios del alquiler", sino que además es "antisocial al promover que quien más tiene, y más ha contribuido a hinchar la burbuja, se beneficie en mayor medida de estos incentivos sostenidos con el dinero de todos".
Como prueba de ello aluden a que la base a esta propuesta plantea que "cuanto más cara sea la renta y más viviendas tenga un propietario, mayor será el beneficio fiscal que reciba".
Asimismo, reprochan que el PSOE "no recoge ninguna medida dirigida a los grandes propietarios constituidos en empresas como Blackstone y el resto de fondos buitre", que "podrían seguir cobrando alquileres abusivos como hasta ahora y especulando con el derecho a la vivienda".
Frente a ello, Unidas Podemos quiere que la Ley de Vivienda establezca obligaciones para estos fondos, al responsabilizarles del aumento del precio del alquiler en España y de generar "artificialmente una burbuja a través de la retención de vivienda vacía y otros mecanismos".
Para el socio minoritario de la coalición, resulta "sorprendente" que el PSOE envíe una propuesta "sin base empírica alguna" y "avalada" por el Ministerio de Hacienda, mientras se niega a implementar una medida, como es la de la regulación de los precios del alquiler, que se ha demostrado "eficaz" en otros países y en Barcelona.
Finalmente, Unidas Podemos ha lamentado que se "plieguen a las presiones de la patronal inmobiliaria" y reclaman que los recursos públicos se inviertan en mejorar servicios públicos y "no vayan a parar a los bolsillos de los especuladores de la vivienda".
Por tanto, la negociación sobre la futura Ley de Vivienda sigue encallada entre ambas formaciones en la cuestión nuclear de la regulación del precio del alquiler y pese a que en la última cita lograron avances para desplegar medidas que frenen desahucios de la población vulnerable.
El aún vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, manifestó que se mantendría en el Ejecutivo hasta el inicio de la campaña electoral en Madrid con la intención de lograr aprobar la nueva normativa sobre vivienda, que incluya la regulación del precio del alquiler pese a las presiones de la patronal inmobiliaria.
Otras propuestas de los morados son fijar la figura de gran tenedor a cinco o más propietarios (rebajando la franja pautada en el decreto antidesahucios que apunta a diez o más), obligar a estos grandes propietarios a destinar el 30% de la vivienda social a alquiler social o desplegar un impuesto a la vivienda vacía.
