Abengoa, la segunda mayor suspensión de pagos en España

Abengoa no ha podido resistir más en una crisis empresarial que estalló hace ya cinco años y el lunes por la tarde solicitó el concurso voluntario de acreedores. Con una deuda millonaria que arrastra desde hace años, ha tirado la toalla después de que fracasaran las negociaciones para la enésima reestructuración financiera de Abenewco 1, la sociedad que tiene el grueso del negocio. La deuda supera los 6.000 millones de euros, lo que convierte a este proceso como una de las quiebras más abultadas de la historia financiera de nuestro país, sólo por detrás de la de Martinsa Fadesa.

Tras años de rescates, acuerdos de reestructuración y aplazamientos de pagos, esta vez Abengoa no consiguió que los bancos acreedores le dieran el consentimiento necesario para extender el plazo para el cierre y ejecución del acuerdo de reestucturación al que se llegó el pasado mes de agosto. El plan suponía la inyección de hasta 500 millones en liquidez y avales con garantías del ICO (Instituto de Crédito Oficial del Estado) y el seguro de crédito Cesce, a cambio de que se pasaran todos los activos a la sociedad Abenewco, controlada por los acreedores.

Es importante destacar que la solicitud voluntaria de concurso no significa automáticamente que se vaya a producir la liquidación definitiva de la empresa. Con este nuevo paso hacia delante los accionistas pretenden que los acreedores acepten quitas y reestructuraciones de la deuda que permitan la viabilidad. Sin duda, sindicatos y administraciones públicas presionarán para evitar la quiebra y la pérdida de miles de puestos de trabajo.

Uno de los que ya ha comenzado a presionar es el propio Gobierno, que ha querido desprenderse de toda culpa ante la crítica situación de la compañía. La portavoz María Jesús Montero defendió que desde el Ejecutivo «se han hecho los deberes» para ayudar a mantener la viabilidad de Abengoa, y aseguró que son otros de los participantes en el rescate, como la banca y la Junta de Andalucía, los que tienen que explicar «por qué no han estado en ese mismo grado de compromiso». Montero afirmó tras el Consejo de Ministros que el Gobierno siempre ha «tendido la mano» a la compañía para llevar a «buen puerto la difícil situación» de la empresa agravada por la crisis de la covid-19, estando dispuestos a aportar más de 400 millones de euros en el plan de reestructuración para el grupo a través del ICO y Cesce.

Desde la Junta, el presidente Juanma Moreno aseguró que no cree que se pueda imputar al Gobierno andaluz la responsabilidad de la situación de Abengoa, e incidió en su «apoyo» a la viabilidad de la compañía. En rueda de prensa, Moreno apuntó que «si se habla de 6.000 millones de descuadre en las cuentas de Abengoa, los 20 millones solicitados a la Junta y que no podemos darle por la normativa, no hubiera contribuido prácticamente de ninguna manera a poder mejorar la situación de la empresa». Por ello, confía en que el Gobierno y la banca establezcan un plan de viabilidad «serio y que dé futuro a la compañía».

Ahora los accionistas minoritarios, que ya consiguieron destituir al consejo de administración capitaneado por Gonzalo Urquijo para parar el acuerdo, instaron al Gobierno a negociar con el nuevo consejo para frenar el rescate y buscar nuevas alternativas. En un comunicado, volvieron a expresar su «disposición a negociar e inyectar hasta 30 millones en la filial del negocio» y apuntan que el concurso de acreedores «puede agravar la situación y llevar a la empresa a su liquidación», algo «indeseable» para todas las partes.

Estos minoritarios buscan de nuevo, en la junta extraordinaria del 4 de marzo, la reprobación y cese del actual consejo, que «nunca ha contado con nuestro apoyo».

14.000 empleos en juego

La tecnológica cuenta con 14.000 profesionales, casi 3.000 de ellos en España, la mayoría en Sevilla. Fundada en 1941 por miembros de la burguesía industrial sevillana se ha reinventado varias veces y ahora está enfocada a las energías renovables. El grupo entró en situación crítica en 2015 cuando la deuda superaba los 20.000 millones de euros, entonces se optó por convertirla en participaciones de capital de los acreedores.

CC. OO. mostró su «máxima preocupación» por la situació en la que quedan los 14.000 empleos: «No es una situación nueva, sino que desde hace meses somos conocedores de los problemas financieros que arrastra la empresa, no deja de despertar las máximas alertas del sindicato», explican. Por ello, esperan que se encuentren «los mecanismos pertinentes» para dar las soluciones que garanticen el empleo y «eviten la pérdida de valor» de la compañía. «El empleo es la preocupación máxima en un proceso, que debido a su gravedad y complejidad, debemos ir analizando».

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