El fracaso de las negociaciones dejan a Abengoa al borde de la quiebra
La compañía convoca una reunión "inmediata" tras la negativa de la banca a dar una nueva prórroga antes del rescate.
Los acreedores de Abengoa no han otorgado los consentimientos solicitados para extender de nuevo el plazo para el acuerdo de reestructuración, lo que sitúa a la compañía al borde de la quiebra. Uno de los grandes acreedores, el ICO y la aseguradora Cesce, retiró el fin de semana el 'waiver' (renuncia de pago) que permitía ampliar el plazo para llegar a un acuerdo antes del rescate, lo que significa el preconcurso o concurso de acreedores. Se trata del tercer acuerdo de reestructuración de deuda que fracasa desde 2017.
En un comunicado a la CNMV, Abengoa reconoce que esta resolución provoca que dejen de estar en vigor "tanto los consentimientos relacionados con el aplazamiento y renuncia de pago de determinados intereses como los waiver y restricciones establecidos en el citado acuerdo respecto de los vigentes instrumentos financieros y de deuda de la sociedad". Por tanto, anuncia que el consejo de administración celebrará "de forma inmediata" una sesión en la que "tomará las decisiones que le correspondan para proteger los intereses de Abengoa".
La empresa ha informado al regulador de que los acreedores financieros no han otorgado los consentimientos solicitados por la sociedad para extender de nuevo el plazo para el cierre y ejecución del acuerdo de reestructuración anunciado el pasado 6 de agosto de 2020 y que buscaba un compromiso de apoyo financiero de 20 millones de euros por parte de la Junta de Andalucía.
Desde agosto hasta el pasado 19 de febrero se ha ido extendiendo el plazo de cierre de la operación al haberse obtenido en cada posible vencimiento los consentimientos necesarios al efecto, "a la vez que la firma sevillana ha trabajado, en todo momento y en paralelo, en la búsqueda de posibles alternativas" ante la negativa de la Junta a aportar los fondos. Sin embargo, la compañía ha explicado que al no haberse obtenido un nuevo consentimiento para la extensión del plazo, el acuerdo de reestructuración "ha quedado automáticamente resuelto", de modo que la operación de financiación no puede ser ya ejecutada. La única salida ahora es, por tanto, el concurso de acreedores, lo que pone en riesgo los 14.000 empleos del grupo de ingeniería, 3.000 de ellos en España.
En concreto, el problema fundamental ha sido que aunque un fondo ya tenía firmado el compromiso para inyectar 35 millones en el grupo, no ha recibido el visto bueno de los acreedores. La empresa lleva en preconcurso desde 2015, cuando presentó una deuda tanto financiera como a proveedores de 20.000 millones de euros. Para evitar la quiebra, la convirtió en participaciones de capital, de forma que los acreedores se quedaron con el 95% de la compañía. En ese momento, los acreedores y administraciones públicas se comprometieron a inyectar más de 550 millones de euros entre avales y liquidez, como la Junta de Andalucía, pero finalmente no lo hizo. La ministra de Industria, Reyes Maroto, dijo la semana pasada que el Gobierno está dispuesto a seguir ayudando a Abengoa y pidió tanto a la Junta de Andalucía como a los accionistas minoritarios que desbloquearan la compleja situación que vive la multinacional andaluza. En las cuentas presentadas la semana pasada declaró unos fondos propios negativos de 4.760 millones.
Y es que en la junta del pasado 4 de marzo, los socios minoritarios se opusieron al rescate. Su intención es expulsar al actual presidente de Abengoa, Juan Pablo López-Bravo para trazar su propia estrategia hacia una operación más favorable, a su juicio. El pasado noviembre ya consiguieron destituir al anterior consejo de Gonzalo Urquijo, por lo que el consejo elegido el 22 de diciembre está ahora pendiente de lo que decida una junta general extraordinaria sobre su futuro.
Desde UGT mostraron su preocupación porque "cada día es más difícil sacar la empresa adelante y asegurar los puestos de trabajo". El secretario general de UGT FICA Sevilla, Manuel Ponce, instó a buscar la solución y abogar por un acuerdo de refinanciación que suponga el mantenimiento de la plantilla. "Después del verano la Junta no ha concretado su compromiso y esto ha dado pie a meses de incertidumbres, más la controversia de los accionistas y minoristas", señaló, al tiempo que criticó que "cada uno esté mirando sus intereses y no el interés general de los trabajadores que son los que van a sufrir y la industria en general".
