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Economía

El Gobierno amplía la moratoria para los concursos de acreedores y extenderá a tres años el periodo de devolución de los ICO

Esta ampliación de la moratoria permitirá que empresas viables, pero afectadas por la pandemia, puedan continuar su actividad en el futuro y no verse abocadas a la liquidación, ha anunciado la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.

María Jesús Montero y Nadia Calviño
Las ministras María Jesús Montero y Nadia Calviño
Gobierno de españa

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real decreto-ley por el que amplía la moratoria concursal del 31 de diciembre de 2020 establecido inicialmente hasta el 14 de marzo de 2021 a fin de que empresas viables, pero afectadas por la pandemia, puedan continuar su actividad en el futuro y no verse abocadas a la liquidación, ha anunciado la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.

En concreto, la norma extiende hasta el 14 de marzo de 2021 la suspensión de la obligación de los deudores de solicitar concurso de acreedores (concurso voluntario), así como la obligación del juez de admitir a trámite el concurso si lo solicitan los acreedores antes de esa fecha (concurso necesario).

Asimismo, la norma aprobada este martes amplía hasta el 31 de enero la obligación del juez de no tramitar las solicitudes que formulen los acreedores por el incumplimiento de los deudores de acuerdos de refinanciación o convenios en el caso de solicitudes presentadas hasta el 31 de octubre.

La ampliación de la moratoria concursal no impide que cualquier empresa que considere necesario o conveniente presentar concurso pueda hacerlo.

El Gobierno amplía la concesión de avales ICO y la devolución 

Respecto a los avales ICO, se ha aprobado la ampliación del plazo para la concesión de avales ICO hasta el 30 de junio de 2021, la extensión del plazo de devolución en tres años más, hasta un máximo de ocho años, y la ampliación del periodo de carencia en 12 meses, hasta el máximo de 24 meses.

Según ha comunicado la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, las medidas de apoyo a los afectados por el coronavirus están siendo eficaces, pero deben ser adaptadas a cada momento en un entorno cambiante para dar respuesta a posibles problemas de solvencia que puedan generar que empresas viables tengan que cerrar por la caída de la actividad económica derivada de la pandemia.

En este sentido, el Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto ley que introduce una serie de medidas relacionadas con los avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO), como la ampliación del plazo para la concesión de avales de las dos líneas en funcionamiento hasta el 30 de junio de 2021 y la extensión del plazo máximo para devolver los créditos en tres años, hasta un máximo de ocho años, y del periodo de carencia hasta un máximo de 24 meses.

Debido a que la intención del Gobierno es apoyar a las empresas solventes, los solicitantes no podrán encontrarse en situación de concurso de acreedores o su préstamo en mora.

El real decreto ley también estipula que las entidades bancarias, que deberán responder a las solicitudes de ampliación en un plazo máximo de 30 días, no podrán aumentar de forma injustificada el tipo de interés ni exigir la contratación de productos vinculados.

Calviño ha destacado que el 73% de las operaciones concedidas con cargo a la línea de liquidez tenían un plazo de devolución de entre 4 y 5 años, por lo que con estas medidas las empresas y autónomos dispondrán de más tiempo para recuperar su actividad y hacer frente a sus obligaciones financieras.

Nuevos criterios de reparto de fondos contra la violencia de género

El Gobierno ha aprobado criterios para el reparto de los fondos destinados a las entidades locales para luchar contra la violencia de género, los 20 millones de euros que establece el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

A través de un real decreto, el Ejecutivo ha actualizado esos criterios para "adaptarlos a los criterios de la realidad poblacional de los municipios" y con el objetivo de "primar a las entidades locales con víctimas atendidas por Atenpro", ha anunciado la ministra portavoz, María Jesús Montero.

En ese reparto se mantiene como criterio prioritario la participación de los ayuntamientos en el sistema policial Viogén. Así, cada municipio recibirá la cantidad fija de 1.000 euros (frente a los 689 de los años 2018 y 2019), más 0,18 euros por habitante (cifra que no varía). 

Se amplía al 30 de junio el blindaje a empresas estratégicas

El Gobierno ha aprobado ampliar al 30 de junio de 2021 la reforma de la normativa sobre inversiones exteriores para impedir que empresas o inversores de otros países la Unión Europea puedan hacerse con el control de entidades españolas de sectores estratégicos aprovechando la caída de su cotización por el coronavirus.

El pasado mes de marzo, en pleno confinamiento para frenar la pandemia, el Gobierno aprobó un blindaje para proteger a las empresas españolas de inversores extracomunitarios aprovechando el desplome de su valor en Bolsa. Semanas después, extendió esta restricción también a las adquisiciones realizadas por inversores residentes en países de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio cuando dichos inversores estuvieran controlados por entidades residentes fuera de ese ámbito territorial.

Crédito de 6.000 millones a la Seguridad Social y 2.300 al SEPE

El Consejo de Ministros ha aprobado, también un suplemento de crédito por valor de 6.000 millones de euros para equilibrar las cuentas de la Seguridad Social ante el gasto que han supuesto las medidas "alivio" y protección de rentas derivadas de la pandemia.

Asimismo, el Gobierno ha aprobado un crédito extraordinario de 2.300 millones de euros para que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) pueda hacer frente al mayor gasto en prestaciones contributivas y subsidios derivados de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y de otras ayudas puestas en marcha, como la de los empleados de hogar.

Así lo ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, que ha destacado que con estas medidas se garantiza la protección a colectivos especialmente vulnerables.

Aprobados 148 millones para atraer y retener talento científico

El Consejo de Ministros también ha aprobado ayudas por 148 millones de euros para la contratación de investigadores mediante varias convocatorias en concurrencia competitiva que financiarán e incentivarán la formación y especialización en I+D+I de investigadores, tanto en el sector público como en el privado.

Entre estas convocatorias están los programas Ramón y Cajal y Juan de la Cierva, que este año incrementan su financiación en un 30% en cumplimiento del Plan de Choque para la Ciencia y la Innovación aprobado el pasado mes de julio, una medida con la que se pretende incentivar la atracción y retención de talento en los grupos de investigación españoles.

Aprobadas deducciones para rodajes extranjeros en España

También se ha aprobado un Real Decreto que modifica el impuesto sobre sociedades para la deducción por inversiones en producción extranjera de largometrajes cinematográficos u obras audiovisuales.

Así lo ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, quien ha añadido que esta medida "incorpora la fase de producción" a las deducciones fiscales de estos largometrajes, "no solo preproducción y postproducción"

El juez De la Mata, nuevo representante de España en Eurojust

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha sido nombrado por el Consejo de Ministros miembro nacional de España en Eurojust, agencia europea de refuerzo de la cooperación judicial penal para luchar contra el terrorismo y la delincuencia organizada.

Su adjunto será el fiscal Jorge Espina, según ha informado el Gobierno, que solicitó informes sobre ambos candidatos al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a la Fiscalía General del Estado. 

Rebaja del IVA de las mascarillas al 4%

Por último, el Consejo de Ministros ha confirmado la aprobación del Real Decreto-Ley que recoge, entre otras medidas, la rebaja del IVA de las mascarillas quirúrgicas desechables del 21 al 4 por ciento. Así, junto a la bajada del precio máximo de venta al público fijada el pasado jueves en la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM), Montero ha anunciado que las mascarillas quirúrgicas desechables pasarán a tener un precio máximo un 35 por ciento inferior a los 0,96 euros que costaban anteriormente, es decir, de 0,62 euros. Según la ministra, esta medida entra en vigor "de forma inmediata", con el objetivo de "facilitar que los colectivos vulnerables puedan acceder a estos productos sin que su situación de renta les perjudique".

Además, la ministra portavoz ha avanzado que se mantendrá esta reducción del gravamen de las mascarillas hasta el 31 de diciembre de 2021, con el objetivo de que durante el próximo año se consiga vencer finalmente a la pandemia. "Ofrecemos un horizonte temporal que esperamos sea suficiente", ha apuntado. 

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