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Economía

presupuestos 2021

El sector inmobiliario cree que regular el alquiler reducirá la oferta y subirá precios en B

Considera que el mercado se está autorregulando con motivo de la pandemia y que por ello este es el peor momento para una intervención pública.

Foto de archivo de un cartel de 'se alquila'.
Foto de archivo de un cartel de 'se alquila'.
EP

El acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos para presentar en tres meses la ley de vivienda que permitirá regular el precio del alquiler ha sido recibido con preocupación en el sector inmobiliario, que rechaza la medida por considerar que reducirá la oferta y aumentará los precios y la economía sumergida.

Empresas del sector y portales inmobiliarios coinciden en que el mercado se está autorregulando con motivo de la pandemia de la covid-19 y en que por ello este es el peor momento para una intervención pública.

Sostienen también que la medida ya ha demostrado su ineficacia en París y Berlín, y los Agentes de Propiedad Inmobiliaria (API) dudan incluso de su constitucionalidad.

Para la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), se trata de una "medida puramente ideológica, contraria al libre mercado", cuyas consecuencias serán: aumento del mercado negro, altos precios y desigualdades, deterioro de viviendas, fin de la compra para alquilar, guetos con listas de espera, inseguridad jurídica y retirada de las socimi.

Su director general, José Ramón Zurdo, afirma que nadie puede entender cómo se planifica desde el Gobierno una intervención de la renta de los alquileres justo cuando el mercado ha bajado los precios entre el 10% y el 15%, hasta niveles de 2018, y con la previsión que a finales de año las rentas bajen mucho más.

También el consejero delegado de Alquiler Seguro, Antonio Carroza, cree que esta intervención traerá "daños irreparables" al mercado, con una "fuerte retracción de la oferta que provocará la subida de los precios y un grave aumento de la economía sumergida".

La aseguradora Arrenta calcula que la limitación de precios provocará una reducción del parque de viviendas de hasta el 10% y lamenta que la ley catalana de contención de rentas, que acaba de entrar en vigor, haya marcado un precedente negativo.

Avisa de que otro de los efectos será el aumento de los alquileres no declarados a Hacienda o realizados en dinero negro, lo que elevará -dice- la economía sumergida hasta más del 40% de hace cinco años, frente al 30% estimado en la actualidad.

Los portales inmobiliarios subrayan que el principal problema es la falta de oferta frente a la alta demanda, especialmente en Madrid y Barcelona.

Fotocasa recuerda que las medidas para aumentar la oferta son muy bien acogidas por el sector y sostiene que ayudarán a que los precios se moderen, por lo que pide al Gobierno incentivos y ayudas para que los propietarios saquen al mercado sus casas y trabajar en un parque público de vivienda en alquiler.

Según sus datos, el precio del alquiler en Barcelona ha caído en septiembre un 4,8% interanual y en Madrid un 2,6%.

El director de Estudios de pisos.com, Ferran Font, defiende que "limitar las rentas no es la solución" y que "hay que aumentar la oferta y ayudar a la demanda, con medidas enfocadas a mejorar la situación económica de los inquilinos y a aumentar el parque de vivienda a través de la colaboración público-privada, como en Viena o Sídney".

Idealista manifiesta que su apuesta sigue siendo por medidas que incentiven la aparición de más producto en el mercado y por dejar de lado cualquier política "coercitiva" o "punitiva".

Daniel Cuervo, director general de los promotores madrileños (Asprima) y secretario general de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE), subraya que ya se ha demostrado en otras ciudades europeas como París y Berlín que la regulación del precio consigue el efecto contrario al perseguido, al disminuir la oferta en las zonas afectadas y aumentar los precios en las coronas metropolitanas donde no está regulado.

Los promotores creen que la medida también paraliza la inversión en nuevas promociones dedicadas al alquiler y en mantenimiento de lo ya alquilado.

El presidente del Consejo General de los API, Gerard Duelo, ha acusado al Gobierno de "abrir la puerta a afectar viviendas de titularidad privada a través de procesos expropiatorios".

En su opinión, legislar por medio de una norma de rango inapropiado sobre materias que afectan a un derecho fundamental como es el derecho a la propiedad privada protegido en el artículo 33.1 lleva a dudar de la constitucionalidad de la medida.

La Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval) asegura que la regulación catalana será recurrida ante el Tribunal Constitucional y que ya está generando un mercado negro de contratos.

La medida cuenta con el apoyo de Unidas Podemos, En Comú Podem, ERC, Bildu, CUP, Más País, BNG y Compromís, y de 9.000 organizaciones como Cáritas, Cruz Roja, ONCE, Facua y los sindicatos de inquilinos, que denuncian que los alquileres han subido 30 veces más que los sueldos en España.

El portavoz del Sindicato de Inquilinos de Madrid, Javier Gil, ha dicho que, aunque la regulación que se propone es de mínimos, supondrá un "cambio histórico" y necesitará de la movilización de la sociedad para que el Gobierno finalmente la lleve a cabo. 

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