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Economía

El Gobierno busca abaratar los alquileres de los locales por la limitación de horarios

Cataluña avanzó hace unos días que iba a reducir el alquiler de los locales cerrados por el coronavirus. Al parecer, según avanza 'La Información', el Gobierno asegura que está buscando una vía para rebajar los alquileres de los locales afectados por el toque de queda y la restricción de horarios.

Locales cerrados por la crisis en Zaragoza
Locales cerrados por la crisis.
Guillermo Mestre

Algunos medios, como 'La Información', publican este lunes que el Ejecutivo de Pedro Sánchez está buscando un cambio legal que libere de parte del pago del alquiler de sus locales a los negocios que estén afectados por las limitaciones horarias que han sido impuestas por las autoridades en el marco de esta segunda ola de coronavirus.

Así lo han publicado algunos medios en la línea que ya había avanzado Cataluñade ayudas. El Gobierno catalán quiere aprobar un decreto para rebajar, hasta el 50% el alquiler de los establecimientos y locales comerciales que tienen prohibido desarrollar su actividad por las restricciones para atajar los contagios de Covid-19, como bares y restaurantes.

Las restricciones hacen que el pago del alquiler se haya convertido en un elemento crítico para la supervivencia de muchos negocios ante este segundo embate de la crisis sanitaria y el Ejecutivo está decidido a dar respuesta rápida a esta situación, según informan fuentes gubernamentales y confirman fuentes de algunas de las organizaciones sectoriales más afectadas por este problema.

'La información' asegura que la solución en que trabaja el Gobierno, que se podría formalizar a través de una enmienda en alguna de las leyes ya en tramitación - si se optara por implantarla de manera urgente - o a través del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado - si se realizase un esquema de compensación más amplio- se basa en dos premisas básicas: tratar de repartir el coste del alquiler entre el inquilino, el casero y las arcas públicas durante los periodos en que existan restricciones a la actividad de los negocios y conseguir que el impacto de la medida sea soportable para las ya muy castigadas arcas públicas.

En un ámbito en que las competencias están repartidas entre ayuntamientos, comunidades autónomas y Estado, el margen de maniobra del Gobierno se limita a una eventual modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos en orden a modificar de forma transitoria los contratos de alquiler o al aprovechamiento de la figura del 'estado de alarma'. En el anterior estado de alarma, el Ejecutivo aprovechó ese periodo de excepcionalidad para regular una moratoria en el pago del alquiler por parte de pymes y autónomos, una medida que desde los sectores afectados se interpretó como insuficiente, y una vez levantado éste las reclamaciones de reparación del sector de la hostelería principalmente se han tropezado con las dudas del Gobierno, que ha alegado problemas jurídicos para no actuar. Según publica 'La Información' fuentes del Gobierno, aseguran que el dispositivo jurídico que se va a utilizar aún no está claro, pero se da por hecho que se presentará una medida en las próximas semanas.

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