El colapso de la cita previa sigue en el SEPE y la Seguridad Social de Zaragoza y retrasa prestaciones como la jubilación

Nieves espera en la calle a que llegue la hora de su cita para poder entrar en una oficina de la Seguridad Social del centro de Zaragoza. Ha acudido este jueves a arreglar unos papeles de un familiar. Las medidas sanitarias para prevenir contagios por la pandemia de covid reducen la presencia de público en los centros de atención de la Administración, en los que es necesario haber pedido antes cita previa. Reconoce que no ha sido fácil obtenerla.

"Por teléfono no lo cogían. A la quinta llamada conseguí que un funcionario me dijera la oficina que me correspondía y me aconsejó que pidiera hora en internet antes de las 8.00 de la mañana", recuerda. Había probado a distintas horas del día, sin suerte, hasta que siguió este consejo y lo logró un día a las 7.55. Se queja de que el número era de pago y muchas veces terminaba colgando sin que nadie le hubiera atendido.

"Vengo con miedo de que falte algún papel", confiesa. Ha pedido fiesta en el trabajo para poder acudir. En su caso, hubiera preferido hacer todos los trámites desde casa, aunque reconoce que siempre "tienes dudas".

Funcionarios "desbordados"

Contactar con la Administración se ha complicado debido a la pandemia y la sobrecarga de trabajo en las oficinas más demandadas como las del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) o la Seguridad Social. "La situación sigue siendo la misma, el colapso del SEPE y Seguridad Social", reconoce Paco Domínguez, desde el sindicato CSIF, sobre le día a día desde el estallido de la pandemia. "La Administración dice que no tiene capacidad para agilizar informáticamente nada", apunta. Los funcionarios se encontrarían "desbordados" y para intentar desatascar la situación asegura que algunos se están "llevando trabajo a casa".

El problema lo achaca a la "escasez de personal", con plantillas "diezmadas" en los últimos años. "Nos acaban de confirmar que se va a contratar a 17 personas interinas para reforzar la Seguridad Social y 18 en el SEPE, en Zaragoza", pero no lo considera suficiente porque "se han perdido miles de puestos de trabajo en esta crisis", lamenta.

Desde el sindicato han denunciado que en toda España los ciudadanos están "desesperados por las dificultades para obtener una cita previa". Y la situación "se agrava día a día" porque al paro y otras prestaciones se ha sumado el Ingreso Mínimo Vital. "Falta personal para sacar adelante el volumen desorbitado de prestaciones", afirman los funcionarios. "El aluvión de trabajo y la falta de personal está provocando que haya gente que no esté cobrando el ingreso o el ERTE, pero no somos los empleados públicos", se justifica.

Esta situación estaría provocando retrasos en otros trámites como en el reconocimiento de las pensiones de jubilación, que "ha pasado de tramitarse de un plazo de quince días a más de un mes", denuncia Domínguez. Y ahora se sumarán los expedientes de los ERTE que se prorroguen hasta el 31 de enero de 2021.

Para intentar aliviar la situación explica que " a todo el que tiene cita previa se le suele llamar con antelación para ver si se le puede resolver la cuestión de manera telefónica".

Reconoce que "los trámites son muy complicados" para hacer un ingreso mínimo vital o un ERTE. Este último además es un procedimiento "vivo" ya que se pueden sacar trabajadores, cambiar la jornada y ahora, prorrogarlo.

Teléfonos de información, de pago

Desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), su delegado en Zaragoza, Alejandro Marín, pide que "se habiliten canales de comunicación efectivos y gratuitos para los ciudadanos en tanto que se ha suprimido por la pandemia en muchas de las administraciones la atención presencial o resulta materialmente imposible acceder a los sistemas de cita previa". A lo que une que se "mejore en la dotación de recursos humanos y materiales por parte de determinadas administraciones".

Así, plantea "suprimir los teléfonos de coste compartido 901". Sobre ellos alerta de que los costes "varían en función del operador móvil" y "se suele de disparar si llamamos desde un móvil". La organización pone como ejemplo que si un ciudadano realiza una llamada de cinco minutos con Movistar a un 901 cuesta 0,28 euros desde el teléfono fijo, y se eleva a 1,88 euros desde el móvil.

Los funcionarios también coinciden con los usuarios en denunciar que el teléfono para solicitar la cita previa sea de pago. "Hemos solicitado que sea gratuito", apunta Domínguez.

Marín critica que en muchos de los casos "las llamadas no resultan efectivas y se precisan varias para realizar la gestión deseada, ya que los usuarios denuncian esperas, cortes tras conseguir contactar, o imposibilidad de realizar la gestión por vía telefónica". Como alternativas propone "sistemas sencillos" como chat, videollamadas, atención por correo electrónico, etc.

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