Las empresas acogidas a un ERTE podrán comenzar a despedir desde este otoño

Más de medio millón de empresas tienen vetado en la actualidad el despido. Se trata de unas 550.000, aquellas que se han acogido a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) a consecuencia de la covid-19. Ésta fue la cláusula que incluyó el Gobierno en la normativa que regulaba estas ayudas: la obligación de estas compañías que se beneficiaran de las condiciones especiales de estos ERTE de mantener el empleo durante seis meses o, de lo contrario, deberían devolver las cotizaciones bonificadas. Sin embargo, en la última prórroga el Ejecutivo suavizó esta prohibición para lograr el acuerdo de la patronal.

Así, si en un principio el compromiso de mantener a toda la plantilla de la empresa se estableció hasta seis meses después de que decayera el estado de alarma (con lo que se vetaba para prácticamente todo el 2020), en la última prórroga el periodo para contabilizar los seis meses comenzaba a correr en el momento en el que la compañía reincorporara a un trabajador en ERTE, aunque solo fuera uno.

Para algunas empresas ese contador se inició a últimos de abril, pues según los datos del Ministerio de Seguridad Social, desde finales de abril hasta finales de mayo se reactivaron ya más de 450.000 trabajadores. Esto significa que hay empresas que desde finales de octubre ya podrán reducir la plantilla si así lo consideran, sin recibir ningún tipo de penalización por parte del Estado, salvo que el Gobierno cambie de nuevo de criterio a este respecto en la nueva prórroga que se está negociando. Esto por el momento se mantiene, según algunas fuentes consultadas.

No obstante, echar a un trabajador este otoño será más caro que esperar a 2021, ya que el Ejecutivo mantiene el veto a realizar despidos objetivos por el coronavirus hasta el 31 de diciembre, según el borrador presentado a los agentes sociales. Así, las empresas que se vean obligadas a realizar ajustes de personal deberán indemnizar a estos empleados con 33 días por año trabajado, en lugar de 20 días.

Lo que sí ha aceptado el Gobierno es alargar la nueva prórroga hasta el 31 de enero, para que la finalización no coincidiera en plenas fiestas navideñas. En cualquier caso, el plazo de tiempo no será uno de los escollos de la negociación, ya que la puerta a otra nueva extensión quedaría abierta. Sí es una línea roja la limitación de los ERTE por sectores que proponen ahora, ya que sindicatos y empresarios aseguran que muchas empresas que necesitan estas ayudas se quedarían fuera. "Tenemos que atender a la gente que más lo necesite y a la gente que está cerrada", reiteró este martes el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que alertó de que la situación ahora se agrava por los rebrotes, lo que provoca que haya "muchos sectores afectados".

Crítica de Garamendi

Otra de las críticas que lanzó este martes Garamendi es que se han sentado a negociar los nuevos ERTE con "falta de información". Concretamente, la CEOE afeó al Ejecutivo que no les hubiera cuantificado cuál es el coste total de los ERTE y qué parte corresponde a las prestaciones y cuál a las exoneraciones de las cuotas a la Seguridad Social. Desde el Ministerio de Trabajo niegan que no se les hayan facilitado estos datos y remiten a las cifras que dan cada mes. Sin embargo, las últimas se refieren a julio (ya que van con un mes de retraso), cuando el gasto en prestaciones derivadas de ERTE fue de 1.265 millones de euros, que sumados a los tres meses anteriores da un total de 9.358 millones.

Sí desveló recientemente el dato global el ministro José Luis Escrivá, que estimó un coste de unos 23.000 millones -aunque sin desagregar-, lo que supone ya se ha gastado más que el préstamo de 21.300 millones que recibirá España de Europa. La ministra portavoz, María Jesús Montero, explicó este martes que se han invertido en ERTE "en torno a 4.500-5.000 millones" de euros, dependiendo del mes.