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Economía

El cierre de la mitad de las centrales de carbón no afectará al recibo de la luz

Las grandes eléctricas clausuran la mitad de sus plantas térmicas, que dejaron de
ser rentables ante las exigencias medioambientales.

Imagen de la central térmica de Andorra, que detuvo su producción el pasado jueves por la noche
Imagen de la central térmica de Andorra
Javier Escriche

El adiós al carbón que el sistema eléctrico dará a partir de este martes como una de las fuentes de generación de energía no va a impactar directamente en los precios de la luz que pagan los consumidores en sus facturas. La ausencia de las térmicas que funcionan con esa histórica materia prima apenas se dejará notar en un coste del kilovatio/hora (kw), estiman fuentes del sector, tras el desplome registrado en el confinamiento, aunque ya comienza a notarse el repunte con la reactivación económica de junio en la que se encuentra todo el país tras la desescalada.

Las subidas de precio de las últimas semanas no se pueden achacar directamente a la falta de suministro de las centrales de carbón. El coste medio de la luz en junio se encuentra en los 40 euros/Mwh, casi el doble que en mayo, según el operador Omie. Se debe al incremento del consumo tras el confinamiento y al aumento del precio del crudo. A lo largo de los últimos meses, la participación del carbón en el ‘mix’ ha ido disminuyendo. Hasta ahora, las centrales térmicas han aportado un 2,8% de toda la electricidad consumida. Hace dos años representaba un 12% del total, según Red Eléctrica.

El apagón que llega ahora se ceba con siete grandes instalaciones, muchas de ellas ubicadas en territorios cuya economía se encuentra muy vinculada al funcionamiento de la central. Se trata de las plantas que quemaban carbón en Meirama (La Coruña), Narcea (Asturias) y La Robla (León) —Naturgy es su propietaria—; Andorra (Teruel) y Compostilla (León) —Endesa—; Puente Nuevo (Córdoba) —Viesgo—; y Velilla (Palencia) —Iberdrola—. Entre todas suman 4.630 megavatios (Mw). En activo quedarán otras siete. De ellas, cuatro ya han solicitado la clausura (Lada, en Asturias; As Pontes, en La Coruña; Los Barrios, en Cádiz; y Litoral, en Almería). Aunque las restantes no han realizado movimiento alguno, su futuro está casi sentenciado a uno o dos años.

El proceso de cierre de estas centrales ya viene de largo. Las exigencias medioambientales de la Unión Europea con respecto a las emisiones de dióxido de carbono (CO2) de estas factorías impuso toda una serie de inversiones millonarias que las eléctricas propietarias tendrían que asumir para que el negocio siguiera en activo. Las compañías han ido considerando que el nivel de gasto que esos requisitos de sostenibilidad suponían hacía inviable el negocio del carbón, un material cuyo precio es más elevado si proviene de las minas españolas que del extranjero.

Durante los últimos meses la inyección de electricidad de estas instalaciones al conjunto del sistema ha ido reduciéndose sin que ello haya provocado un incremento de precios de la luz. Si el coste ha subido ha sido por otras razones como el repunte en el precio del petróleo o el gas, la escasez de lluvias o alzas de demanda temporales, los factores que más condicionan el recibo.

Aun con la ausencia del carbón, al sistema le sigue sobrando potencia instalada. La nuclear es la tecnología que que más electricidad aporta (más de un 23% en lo que va de año), seguida por la eólica (un 22%), la hidroeléctrica (15%) o los ciclos combinados (más de un 12%).

Comarcas pendientes

El impulso a las energías renovables –la semana pasada el Ministerio para la Transición Ecológica aprobó un decreto para impulsar este sector– compensará las centrales que van saliendo del sistema. Aunque seguirán siendo necesarias tecnologías con las que se pueda contar a cualquier hora del día si la demanda lo requiere. Y para eso, la nuclear y los ciclos son esenciales para evitar apagones. Por ello, el sector sigue esperando la regulación de los apoyos económicos que recibirán estas centrales para garantizar el suministro eléctrico.

Aunque desde un punto de vista operativo dejarán de aportar luz, técnicamente no serán clausuradas hasta que el Gobierno de luz verde a los procesos administrativos que están en vigor. Solo en ese momento las eléctricas comenzarían los trabajos de desmantelamiento de los que están pendientes centenares de trabajadores, y comarcas enteras, para evitar que estas clausuras deriven en desempleo entre quienes trabajaban en ellas.

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