Lambán amenaza con acciones legales para frenar el trasvase del Ebro a Santander
Los socios del PSOE en el cuatripartito, el Partido Popular e Izquierda Unida cierran filas con el Gobierno autonómico.
El presidente de Aragón, Javier Lambán, amenazó ayer con emprender acciones legales para frenar el trasvase de 4,99 hectómetros cúbicos del Ebro a Santander ya que, como recalcó, "contraviene el Estatuto de Autonomía, la Ley de Aguas y Ríos y la opinión prácticamente unánime de las fuerzas políticas" de la Comunidad. "En estricta defensa del Estatuto y del sentido común, estudiaremos cualquier tipo de medida legal o jurídica que esté a nuestro alcance, y lo haremos con toda la contundencia", aseveró.
Sus palabras se produjeron solo unas horas después de que la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) avalase el proyecto con los únicos posicionamientos en contra del Gobierno de Aragón y del Ayuntamiento de Alcañiz, un trámite que se ha producido en plena lucha contra la pandemia y con el respaldo de regiones como Cataluña, País Vasco o La Rioja y de las comunidades de regantes.
Lambán subrayó que su Ejecutivo ha tomado una posición "absolutamente contraria" al trasvase, una decisión que, a su entender, conecta «con el sentir ampliamente mayoritario de la sociedad aragonesa». Y pese a reconocer que es "de muy pequeña entidad", aseguró que la DGA no está de acuerdo con que se produzca técnica y formalmente. El líder autonómico recordó que, hasta ahora, se venía resolviendo el problema de abastecimiento de la ciudad de Santander mediante soluciones "absolutamente coyunturales" y sin que el Gobierno de Aragón plantease ninguna objeción. «Nos parecía bien porque se justificaba su uso», explicó.
No acepta la DGA el argumento esgrimido por el Ejecutivo central de que "no impedirá las demandas actuales y futuras de usos y aprovechamientos de la Demarcación". El problema es que este trasvase tendría carácter permanente. La última palabra la tendrá el Ministerio para la Transición Ecológica de Teresa Ribera, a quien Lambán pidió «sensibilidad» al término de una de las últimas videoconferencias de presidentes autonómicos.
El Ejecutivo central tendrá que atender al dictamen que aprueben las Cortes de Aragón, que se unirá al contundente informe del Instituto Aragonés del Agua (IAA) y al del Consejo de Ordenación del Territorio. No obstante, el Gobierno cántabro, que ve el trasvase «de justicia», espera que la aprobación pueda producirse en cuestión de un mes.
Solo Vox lo justifica
Comparten los argumentos del PSOE sus socios en el cuatripartito que gobierna Aragón (PAR, Podemos y CHA), el PP e IU.
El portavoz de Medio Ambiente del PP, Antonio Romero, reprochó que "cada vez que se produce un trasvase del Ebro se lleva a cabo por parte de un Gobierno del PSOE", y le recomendó a Lambán que esté "más fino". Criticó, no obstante, cómo se está llevando a cabo la autorización de este trasvase.
"Ni mini ni macro, trasvase no", sostuvo Álvaro Sanz, diputado de IU, que se posicionó a favor de "una nueva cultura del agua y la gestión 100% pública".
Santiago Morón recordó que Vox no rechaza el aprovechamiento de los recursos hídricos que son "de todos los españoles". "Y lo creemos por solidaridad y en aras a la búsqueda del bien común", resaltó, aunque abogó por que se contemple en un plan hidrológico nacional. Para Daniel Pérez Calvo, de Cs, "el hecho de que regantes de Aragón, La Rioja, Navarra y el canal de Bardenas, así como la propia CHE no se opongan, invita a pensar que lo del Gobierno de Aragón responde sobre todo a un postureo antitrasvase para satisfacer a sus socios del cuatripartito".
En tromba salió el cuatripartito contra este trasvase a Santander. Joaquín Palacín, de CHA, pidió al Gobierno que lo rechace y "tenga en cuenta la posición unánime contraria de Aragón a este proyecto"; Jesús Guerrero, del PAR, reclamó que se respeten los derechos que tiene Aragón en materia de agua» y desde Podemos insistieron en que "cualquier extracción, por pequeña que sea, debe estar muy justificada".
