gobierno de españa
El pacto sobre la reforma laboral con Bildu fractura al Gobierno y enfada a la patronal
La vicepresidenta para Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha asegurado que sería "absurdo y contraproducente" abrir ahora un debate sobre la reforma laboral "y generar la más mínima inseguridad jurídica" entre las empresas.
El Gobierno ha garantizado que cualquier modificación de la reforma laboral se hará de manera dialogada con los agentes sociales, después del enfado de los empresarios por el acuerdo de PSOE y Podemos con EH Bildu, que ha llevado a la CEOE a suspender su participación en las mesas de diálogo social abiertas, y que también ha abierto grietas en la coalición PSOE-Podemos.
También ha habido quejas por parte de los sindicatos, que han exigido al Gobierno que la negociación sobre la reforma laboral vuelva al diálogo social, un ámbito en el que ya habían comenzado las conversaciones para modificar los aspectos más urgentes de la norma del PP de 2012, que quedaron en el aire por la irrupción del coronavirus.
La vicepresidenta para Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha asegurado que sería "absurdo y contraproducente" abrir ahora un debate sobre la reforma laboral "y generar la más mínima inseguridad jurídica" entre las empresas, y ha añadido que el Gobierno está para resolver problemas y no para crearlos, al tiempo que ha garantizado el diálogo social.
Ha sido después de que el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, insistiera en que el acuerdo con EH Bildu para garantizar su apoyo a la prórroga del estado de alarma mantiene la derogación "íntegra" de la reforma laboral.
Iglesias lo ha subrayado tras la rectificación del PSOE, que la noche anterior anulaba el punto primero del acuerdo, el que establecía la derogación "de manera íntegra" de la reforma de 2012 antes de la finalización de las medidas extraordinarias adoptadas por la epidemia de covid-19, remitiéndose a la redacción que sobre este asunto se hacía en el acuerdo de Gobierno suscrito con Podemos, que no especificaba si la derogación sería completa o parcial.
En el mundo empresarial no ha caído muy bien este acuerdo político, que en sus términos originales supondría, entre otras cosas, incrementar el coste del despido que fue abaratado en 2012, una cuestión que de momento no estaba encima de la mesa de diálogo social y que cuenta con la oposición frontal de la patronal.
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha dejado claro que el acuerdo es "un auténtico dislate y una irresponsabilidad mayúscula", que puede tener "consecuencias incalculables" en la confianza en la economía española de empresas nacionales y extranjeras.
El Instituto de la Empresa Familiar ha rechazado el acuerdo con Bildu porque podría poner en riesgo el "imprescindible apoyo" de las instituciones europeas, mientras que la Cámara de España ha considerado una irresponsabilidad anunciar una derogación inmediata "en el momento más convulso de nuestra historia reciente".
Por la parte sindical, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha pedido a la CEOE "mesura" para continuar en la senda del diálogo, y ha calificado de "música de la mala" el acuerdo con Bildu, por incluir un asunto que debería pasar por la mesa de negociación que se abrió a principios de año para abordar la reforma laboral y que ahora está "hibernada" con todos los esfuerzos centrados en las medidas por el COVID-19.
"Sería bueno huir de voluntarismos y retomar la agenda para la derogación de la reforma laboral que fue interrumpida por la crisis sanitaria, contando con el marco de diálogo social y sabiendo que se requiere una mayoría parlamentaria para hacerlo", ha dicho el secretario general de CC. OO., Unai Sordo, que ha recordado que además hay que poner en pie toda una legislación que recoja los cambios del mercado laboral.
A finales de enero, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, planteó el inicio de la negociación para la derogación de la reforma laboral de 2012 en dos fases: una primera para abordar las cuestiones más urgentes, como devolver la prioridad al convenio sectorial y recuperar la ultraactividad, y una segunda para los aspectos más complejos, como la contratación o la causalidad del despido.
En aquel momento ya se cuestionó si la derogación sería completa, algo que tanto Calviño como la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dijeron que no era técnicamente posible, mientras que Díaz defendió que no se trataba tanto de volver al mercado laboral previo a la crisis, como de recuperar los derechos laborales perdidos.
De momento se ha derogado el artículo del Estatuto de los Trabajadores que permitía el despido por acumular bajas médicas en un determinado periodo de tiempo, lo que se hizo a través de un decreto ley que no fue negociado con los agentes sociales y que se convalidó en el Congreso con la única oposición de Vox y Foro Asturias.
