El Gobierno y agentes sociales firman el acuerdo de los ERTE que flexibiliza el mantenimiento del empleo
El Gobierno destaca que se trata de un "acuerdo histórico" que incluye un conjunto de medidas de protección del empleo y de la actividad productiva para que "nadie se quede atrás" en la crisis del covid-19.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presidido este lunes en el Palacio de la Moncola la firma con los agentes sociales del Acuerdo Social en Defensa del Empleo, cuya principal medida es la prolongación de los ERTEs hasta el 30 de junio, acuerdo que será aprobado mañana por el Consejo de Ministros.
Cuando apenas habían transcurrido unas horas desde que el Gobierno, los sindicatos (CC OO y UGT) y los empresarios (CEOE y Cepyme) anunciaron el acuerdo para prorrogar los ERTE del coronavirus hasta el día 30 de junio, la patronal pidió al Ejecutivo abordar «a la mayor brevedad» su ampliación en los sectores que lo necesiten más allá esa fecha.
Los empresarios consideran que aunque la actual prolongación de los ERTE es positiva, se hace necesario «un nuevo proceso de negociación para ampliar el acompañamiento a las empresas y personas trabajadoras más afectadas más allá del mes de junio». En el punto de mira se encuentran todos los negocios turísticos, de ocio y hostelería, y otros muchos, que se verán impactados por su actividad al ralentí durante el verano, a pesar de que puedan abrir sus puertas en las próximas semanas. "Son negocios perfectamente identificables", reconocen fuentes de la patronal.
Se trata de una realidad sobre la que también tratan ya los sindicatos. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, advirtió de que si la actual situación se prolonga, permitirá que se pueda abrir una nueva negociación que permita que en los sectores más afectados puedan continuar el tiempo que sea necesario hasta que finalice la pandemia.
Se trataría de que esas empresas pudieran seguir acogidas al sistema de protección que el Gobierno puso en marcha con el estado de alarma, a mediados de marzo, que puede llegar a cubrir a cuatro millones de trabajadores. Por ahora, lo que el Consejo de Ministros aprobará este martes será el decreto fruto del pacto que este lunes rubricaron todas las partes en el Palacio de la Moncloa, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la cabeza. Las empresas que puedan recuperar parcialmente su actividad podrán proceder a la incorporación de personas trabajadoras, afectadas por ERTE, primando los ajustes en términos de reducción de jornada.
El Acuerdo Social en Defensa del Empleo, como así se denomina, prorroga los ERTE por fuerza mayor (su origen es el coronavirus) hasta el 30 de junio para aquellas empresas que no puedan reanudar su actividad.
Y se habilita una nueva modalidad de ERTE denominado «de fuerza mayor parcial»: va destinado a las empresas que puedan reiniciar su actividad. Hasta finales de junio, estas compañías pueden combinar trabajadores en actividad y suspendidos y por todos ellos habrá exoneraciones en las cuotas que se pagan a la Seguridad Social. Para incentivar la reincorporación a los puestos de trabajo del mayor número de trabajadores en el expediente, las exenciones serán mayores para los empleados que regresen a la actividad que para quienes continúen suspendidos.
A cambio de esta protección, las empresas deben mantener el empleo durante seis meses desde la fecha en que reanude su actividad. De lo contrario, tendrán que devolver las cotizaciones de cuyo pago resulten exoneradas. Solo libera de este compromiso a «aquellas empresas en las que concurra un riesgo de concurso de acreedores».
Uno de los principales caballos de batalla de esta negociación sobre los ERTEs ha sido la cláusula de mantenimiento del empleo asociada a los mismos. La regulación de mediados de marzo vinculaba las exoneraciones de cuotas de los ERTEs por fuerza mayor derivados del covid-19 a que las empresas mantuvieran el empleo durante seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad.
En decreto se flexibiliza esta cláusula, aunque no desaparece. Se especifica que este cómputo de seis meses empezará a contar desde la incorporación al trabajo efectivo de personas afectadas por el ERTE, aun cuando éste sea parcial o sólo afecte a parte de la plantilla.
Tras la firma del acuerdo, el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, reivindicaba el pacto de esta medida, que «ha demostrado ser una política muy eficaz para proteger a los trabajadores» y el empleo.
Por su parte, el secretario general de CC OO y el de UGT se han felicitado por el acuerdo alcanzado con el Gobierno y la patronal para prolongar los expedientes de regulación temporal de empleo y recuerdan que esta sigue siendo una herramienta "clave"para evitar despidos.
El Gobierno destaca que se trata de un "acuerdo histórico" que incluye un conjunto de medidas de protección del empleo y de la actividad productiva para que "nadie se quede atrás" en la crisis del covid-19.
Al acto también han asistido por parte del Gobierno, el vicepresidente y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias; la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño; la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero; la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones José Luis Escrivá.
Por parte de los agentes sociales asisten los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente; el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva.
Texto del acuerdo
El texto del acuerdo contempla extender hasta el 30 de junio de este año los ERTEs de fuerza mayor derivados del Covid-19, ya sea por fuerza mayor total (sin reinicio de la actividad) o parcial (recuperación de una parte de la actividad). En este último caso, se señala que, a la hora de reincorporar trabajadores a la actividad, se primarán los ajustes vía reducción de jornada.
El texto establece que no podrán acogerse a ERTEs de fuerza mayor las empresas y entidades con domicilio en paraísos fiscales. Además, se precisa que las empresas que se acojan a estos procedimientos no podrán repartir dividendos durante el ejercicio fiscal correspondiente a la aplicación del ERTE, excepto si devuelven a la Seguridad Social las cuotas de las que fueron exoneradas. No obstante, esta limitación no será aplicable a las empresas que, 29 de febrero de este año, contaran con menos de 50 trabajadores.
Asimismo, contempla que las prestaciones por desempleo asociadas a los ERTEs (que se conceden sin necesidad de cumplir el periodo de carencia) se mantendrán hasta el 30 de junio, salvo las de los fijos-discontinuos, que serán de aplicación hasta el 31 de diciembre. No obstante, el Gobierno también se reserva la posibilidad de prorrogar estas prestaciones si así lo ve necesario.
La regulación que se dio a mediados de marzo a los ERTEs por fuerza mayor derivados del Covid-19 establece una exoneración de cotizaciones del 75% para las empresas que a 29 de febrero de este año tuvieran más de 50 trabajadores en alta en la Seguridad Social y del 100% para las que tuvieran menos de 50 trabajadores. En el texto del decreto se señala que estas exenciones se mantendrán en mayo y junio para los ERTEs de fuerza mayor total.
En el caso de ERTEs de fuerza mayor parcial, la empresa, a partir de la fecha de efectos de la renuncia al ERTE, se beneficiará de una exención de la cuota empresarial por los trabajadores que vuelvan a su actividad del 85% en mayo y del 70% en junio en el supuesto de que a 29 de febrero de este su plantilla fuera inferior a 50 trabajadores. Si contaba con más de 50 a dicha fecha, la exención alcanzará el 60% en mayo y el 45% en junio.
