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La factura del coronavirus: 28.400 millones de gasto en seis semanas para siete millones de personas

Los ERTE y la prestación por cese de actividad acaparan tres de cada cuatro euros de gasto.

María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
EFE

En un calendario plagado de situaciones extraordinarias como el que está dejando la crisis del coronavirus, el de la factura que España ha asumido para contener los efectos económicos, laborales y sociales es uno de los más impactantes. En seis semanas, el Estado ha desembolsado 28.403 millones de euros.

La cuantía representa un 2% de la riqueza, es similar a la que la Administración destinó al desempleo en el peor año de la crisis (2012) o alcanza lo que la Seguridad Social destina al pago de pensiones en tres meses.

De los 139.000 millones que van a impactar en las cuentas públicas como consecuencia de las medidas de la covid-19, más de 28.400 millones se explican por el gasto directo del Estado.

Los ERTE por causa de fuerza mayor, que pueden abarcar a unos cuatro millones de trabajadores, supone un gasto de 17.894 millones. Por otra parte, Hacienda calcula que la prestación por cese de actividad para los autónomos supondrá un impacto de 3.766 millones. Entre ambas medidas (ERTE y paro para trabajadores por cuenta propia) se llevan un 75% de todo el gasto de la factura por el coronavirus.

Además, las entregas a cuenta realizadas a las comunidades para que puedan asumir mayor gasto suponen 2.867 millones; el crédito extraordinario a Sanidad para afrontar compra de material, entre otras medidas, más de 1.400 millones; y el gasto para afrontar las bajas laborales por la covid-19, otros 1.355 millones.

El resto de partidas, como sobre todo ligados a la protección de las familias en situación más vulnerable, la flexibilización de los fijos-discontinuos para que puedan acogerse a los ERTE o la adecuación de la situación de las empleadas del hogar, entre otras muchas situaciones, apunta otros 1.121 millones de gastos al recibo a las cuentas públicas

Todas estas actuaciones han permitido que más del 30% de la población activa se encuentre protegida con fondos públicos de forma excepcional. Se trata de 7,1 millones de ciudadanos, según las estimaciones de Hacienda. El Ejecutivo calcula que unos cuatro millones de trabajadores están acogidos a ERTE, más otro millón y medio de autónomos, a su paro excepcional. A ellos se suman los 900.000 desempleados con prestación y casi otro millón en baja o con subsidios.

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