Más de 900 empresas quedan excluidas de recibir liquidez por falta de avales
Las más de 900 empresas que entraron en concurso de acreedores -antigua suspensión de pagos- en los dos primeros meses del año quedan excluidas.
Las más de 900 empresas que entraron en concurso de acreedores -antigua suspensión de pagos- en los dos primeros meses del año quedan excluidas de la línea de avales públicos para créditos que concedan los bancos a fin de garantizar la liquidez del tejido productivo ante la crisis del coronavirus.
Después de que el Gobierno anunciara el lanzamiento de 100.000 millones de euros en avales para solventar los "problemas coyunturales" derivados de la caída de la actividad por la pandemia, muchas de estas sociedades veían más cerca la posibilidad de salvarse; sin embargo, las condiciones impuestas por Moncloa las aparta de poder aspirar a dichas ayudas.
En el Consejo de Ministros celebrado este martes, el Ejecutivo acordaba las características del plan, dando luz verde a la puesta en marcha de un primer tramo por 20.000 millones de euros para cumplir con su compromiso de garantizar todas las medidas necesarias para preservar la actividad productiva y el empleo.
De dicho importe, la mitad va destinada a pymes y autónomos, a los que la garantía del Estado cubre el 80 % tanto de los nuevos préstamos como de las renovaciones de financiación.
Para el resto de empresas, el Estado garantiza el 70 % de la nueva financiación concedida por los bancos y el 60 % de las operaciones de renovación, esto es, la renovación de líneas de liquidez y no la refinanciación de préstamos del pasado.
Una decisión a la que dieron "la bienvenida" desde las patronales bancarias, AEB y CECA, que reiteraron su "plena colaboración" con las autoridades para luchar contra la ralentización económica y velar por que el mecanismo funcione para "conocer la dimensión real de las necesidades" de sus clientes.
A pesar de la buena acogida, la letra pequeña de este plan de garantías limita la solicitud de los avales públicos a las empresas y autónomos afectados por los efectos económicos del coronavirus siempre que a cierre de 2019 no fueran morosos o que no hayan entrado este año en un procedimiento concursal.
En declaraciones a Efe, el presidente de la Asociación Profesional de Administradores Concursales (Aspac), Diego Comendador, asegura que dichas condiciones "castigan y condenan" a las empresas concursadas.
"No puedo estar más en contra. Una empresa que está en concurso tiene los mismos problemas, más agravados, que una que no lo está, por lo que la crisis del coronavirus les afecta igual. Si les privas de esta línea haces una discriminación negativa que dificulta aún más la situación de estas compañías", explica Comendador.
En su opinión, "lo que hay que ver y entender no es si la empresa está en concurso, sino si es viable o no, y si lo es, tiene que recibir ayudas para que las consecuencias de esta epidemia desaparezcan", insiste.
Los concursos en 2020, en alza
Según los datos publicados en el Registro Mercantil, hasta febrero, un total de 933 sociedades se declararon con problemas de insolvencia, golpeando especialmente a la producción manufacturera, construcción y comercio, este último, uno de los sectores más castigados por el impacto de la pandemia.
También repuntaron en la actividad hostelera, que aunque ahora se encuentra más expuesta ante las restricciones por el estado de alarma, entre enero y febrero ya registró un 8,11 % más de concursos, 70 procedimientos, en comparación con los dos primeros meses de 2019.
A tenor del último informe elaborado por la agencia de calificación Axesor, Cataluña, con 244, y Madrid, con 170, fueron las comunidades autónomas con más concursos, con aumentos del 39,43 % y 49,12 %, respectivamente. Por el contrario, donde más se redujeron las insolvencias fue en La Rioja, un 37,5 % menos, y Navarra, un 28,57 %.
Expertos consultados adelantan que la actividad concursal, que en estos dos primeros meses ya ha subido un 29,4 % respecto al mismo periodo de 2019, romperá al alza este año, aunque confían en que las medidas del Gobierno puedan mitigar, al menos en parte, las necesidades de liquidez.
Los avales del Estado tendrán carácter retroactivo y podrán solicitarse para las operaciones formalizadas con posterioridad a la entrada en vigor del real decreto-ley de medidas extraordinarias del pasado 18 de marzo.
Su coste, de entre 20 y 120 puntos básicos, será asumido por las entidades financieras, aunque se da por hecho que, gracias a esa garantía, la banca estará más dispuesta a conceder financiación al compartir el riesgo.
Las empresas y autónomos interesados podrán solicitar la garantía para sus operaciones hasta el 30 de septiembre. Para ello deberán dirigirse a los bancos con los que el ICO haya suscrito los correspondientes acuerdos de colaboración.
