Cautela en los agentes sociales hasta conocer la letra pequeña de las medidas económicas

Las organizaciones empresariales aragonesas (CEOE y Cepyme) y los sindicatos mayoritarios (UGT y CC. OO.) calificaron de «positivas» las medidas económicas, sociales y laborales que recoge el decreto ley aprobado ayer por el Consejo de Ministros para paliar y hacer frente al brutal impacto que está provocando la crisis del coronavirus sobre empresas y trabajadores, especialmente los más vulnerables. Pero, sin embargo, y a falta de conocer la letra pequeña del decreto y la concreción de las actuaciones anunciadas por Sánchez, los representantes empresariales y sindicales se mostraron cautos en la valoración de las actuaciones anunciadas, aunque reconocieron que recogen en lo esencial las propuestas presentadas el pasado jueves por la mesa del diálogo social.

El presidente de CEOE Aragón, Ricardo Mur, consideró positivo que tras la salvaguarda de la salud de los ciudadanos, sostener la actividad empresarial, el empleo asociado a ella y las cadenas de financiación para las empresas «sea una prioridad para el Ejecutivo». Mur valoró que se haya articulado un conjunto «importante de medidas», entre las que destacó los avales públicos, pero señaló que «hay que esperar a que se concreten los detalles de porcentajes y garantías», si bien confió en que estén en la línea de los anunciados en países como Alemania e Italia. Con todo, CEOE Aragón espera que dichas medidas sean útiles para que el flujo crediticio pueda seguir llegando hasta las empresas y ayuden al mismo tiempo a preservar el empleo.

A la expectativa se mostró también Mur en cuanto a las actuaciones de ámbito laboral. «Damos la bienvenida a la agilización de los expedientes temporales de regulación (ERTE) y a la suspensión de cotización», señaló el presidente de la patronal aragonesa, aunque insistió en que «no es posible hacer una valoración más exhaustiva sin disponer del documento que nos permita conocer el detalle final de las medidas propuestas, que entendemos que debiera ir en sintonía con el acuerdo alcanzado por los interlocutores sociales el pasado jueves».

Muy cauto se mostró también el presidente de la Cepyme, Aurelio López de Hita. «En principio nos parecen medidas muy favorables», señaló. Y reconoció que 200.000 millones «es una cifra muy importante», pero insistió en que más importante será la agilidad y la rapidez con que se movilizan esos recursos. «Las pymes van a verse muy perjudicadas con esta crisis, pero no cabe otra, así que lo perentorio es apoyar al tejido empresarial que es el que va a tener que remontar la situación y recuperar la generación de riqueza y empleo», destacó.

Expectantes

«Aún no conocemos el texto», señaló el secretario general de UGT-Aragón. Pero con lo conocido a grandes rasgos, Daniel Alastuey calificó de positivo que el Gobierno muestre su decisión por sostener las familias, el empleo y las empresas. Consideró «muy importante» las actuaciones previstas para garantizar la vivienda, la energía y las telecomunicaciones a los hogares más vulnerables y, especialmente, que los ayuntamientos puedan gastar el dinero ahorrado en protección social.

Se mostró sin embargo expectante «ante los detalles que concretarán como se tramitan y aplican los expedientes de regulación temporal de empleo», aunque reconoció que el grueso de las medidas está en la línea de lo acordado con los sindicatos.

Así lo destacó también, «con la prevención que supone no conocer la letra pequeña», el secretario general de CC. OO. en Aragón, Manuel Pina, que insistió en que tras la prioridad de frenar el virus, es esencial luchar para que «las empresas no cierren tras esta crisis y no haya despidos después». Insistió en lo «fundamental» de las ayudas sociales, y reconoció que el sindicato que lidera está a la expectativa de ver cómo se articulan los ERTE, que –vaticinó– «van a llegar en aluvión en cuanto el decreto entre en vigor».

En el plano político, el portavoz de Cs en las Cortes de Aragón, Daniel Pérez Calvo, reclamó una mayor protección al sector de los autónomos y anunció que solicitará al Gobierno de Javier Lambán «medidas complementarias». Desde CHA, Joaquín Palacín vio «muy positivo» que se tomen medidas «claras y contundentes» y Álvaro Sanz, de IU, subrayó la importancia de este «escudo social» para los sectores más vulnerables.El PP, por su parte, se remitió a las declaraciones de su líder nacional.