Unos 250 aragoneses afectados por el 'dieselgate' de Volkswagen en la demanda que pide 22 millones en indemnizaciones

Este lunes, cuatro años y medio desde que estalló el escándalo Volkswagen por el trucaje de motores diesel se celebra en el juzgado de lo Mercantil nº1 de Madrid, la vista oral de la demanda colectiva que OCU presentó en defensa de más de 7.500 consumidores afectados. Entre ellos hay 247 aragoneses que compraron sus vehículos y se vieron afectados por la trama conocida como 'dieselgate', según ha informado la citada organización de consumidores.

OCU ha llevado a cabo diferentes acciones en defensa de los afectados, que, "ante la negativa de la empresa a asumir su responsabilidad frente a los consumidores engañados, le han obligado a acudir a los tribunales", ha explicado. La acción judicial se inició en junio de 2017 tras un intento fallido de conciliación. En dicha demanda la organización exige más de 22 millones de euros en indemnizaciones en concepto de daños y perjuicios, alrededor de 3.000 euros por persona afectada. "Esperamos un fallo positivo de la administración de justicia y que haya una sanción ejemplarizante para que este tipo de fraudes masivos no vuelvan a ocurrir en España", ha deseado la portavoz de la asociación OCU, Ileana Izverniceanu, antes del inicio del a vista oral.

Además, ha lamentado que en España "las sanciones administrativas no han llegado como en otros países". En Polonia han alcanzado los 28 millones de euros, en Alemania la sanción ha sido de 100 millones de euros e Italia por cuatro millones de euros, según ha repasado.

"Pasividad" de las administraciones

OCU considera acreditado que Volkswagen "diseñó y puso en marcha un sistema para engañar a las autoridades y los consumidores sobre las emisiones reales de algunos de sus vehículos". Como consecuencia de este engaño, OCU defiende que los usuarios afectados tienen derecho a ser indemnizados por el perjuicio sufrido, en condiciones similares a los consumidores americanos y australianos, donde la empresa ha llegado a acuerdos con los afectados. La situación es totalmente distinta en Europa, donde la asociación critica la "pasividad" de las administraciones que "ha obligado a organizaciones de consumidores de toda Europa a acudir a los tribunales para que exigir la indemnización a la que tienen derecho los afectados".

OCU recuerda que, en la actualidad, la única vía abierta en España para reclamar una indemnización es la vía civil, puesto que las acciones penales han sido trasladadas a Alemania, y en las mismas no cabe la posibilidad de solicitar indemnizaciones.

En este sentido, OCU señala que ya hay sentencias favorables a los consumidores por demandadas similares en otros países de Europa y advierte en todo caso que, aunque, en otros países los jueces puedan declarar la responsabilidad de la empresa los consumidores deberán iniciar un procedimiento individual en España para reclamar la indemnización.

OCU denuncia la pasividad de las diferentes Administraciones Españolas que más de cuatro años después aún no han sancionado a la empresa. Esta actitud contrasta con las multas impuestas por las autoridades americanas, australianas o incluso europeas. A modo de ejemplo mientras la Agencia de Consumo Catalana procedía a archivar todas las reclamaciones recibidas por parte de los usuarios, las autoridades polacas han impuesto una multa de 28 millones de euros por las mismas prácticas que la Agencia Catalana ha considerado que cumplían la Ley. Ello lo ha considerado "un ejemplo de lo barato que les resulta en España a las empresas engañar de forma masiva a los consumidores". OCU cree necesario "endurecer las sanciones por infringir la normativa de protección de los consumidores".

Reformar las acciones colectivas

Para OCU el caso Volkswagen, es un "perfecto ejemplo de la dificultad que tiene en España el desarrollo de acciones colectivas en defensa de los consumidores". A este ejemplo se unen otros (Banco Popular, cláusulas suelo, Gastos hipotecarios, Idental, Concesionarios) que la asociación explica que tienen un denominador común "el enorme retraso que acumulan y que desincentiva que los consumidores reclamen una justa indemnización".

Por todo ello OCU ha pedido al nuevo Ministerio de Consumo, que, en línea con las medidas propuestas por la Comisión Europea, impulse una reforma de las acciones colectivas que facilite que los consumidores puedan reclamar indemnizaciones ante los fraudes masivos.