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Economía

Los agricultores advierten que la subida del salario mínimo disparará un 50% sus costes laborales

La organización agraria COAG asegura que este incremento será "inasumible" para las pequeñas y medianas explotaciones del sector. 

Un joven, que se ha incorporado accediendo a estas ayudas, examina la evolución del cultivo
Un joven agricultor examina la evolución de un cultivo
DGA

La organización agraria COAG ha asegurado que una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a los 1.000 euros supondría un aumento del 50,4 % de los costes laborales para los agricultores respecto a 2018, algo "inasumible" para las pequeñas y medianas explotaciones.

En un comunicado, el responsable del Área de Relaciones Laborales de COAG, Eduardo López, ha abogado por unos salarios "dignos" y un empleo "de calidad" en el campo pero ha considerado que en un contexto de caída de rentas (-8,6 % en 2019) y de entrada "sin control" de importaciones, la subida de los costes laborales "nos expulsa del mercado".

"Resulta inasumible para las pequeñas y medianas explotaciones con dos otres trabajadores fijos. Nuestro coste laboral diario (69 euros), multiplica por 14 el salario de un jornalero en Marruecos (5 euros/ día)", ha subrayado.

Además, ha señalado que el sector primario está "a años luz" de poder trasladar al precio de sus productos el incremento de costes, en un mercado desregulado en el que "se impone la ley de la selva".

Por ello, COAG pedirá al Ministerio de Trabajo participar en la mesa de diálogo social que se abra con los diferentes agentes para abordar la subida del SMI.

Además, en un hipotético escenario de nuevas subidas, COAG reclamará medidas compensatorias para los profesionales agrarios, vía bonificaciones de las cotizaciones a la Seguridad Social e IRPF.

COAG ha pedido al nuevo Gobierno una apuesta "clara y decidida" por el modelo social y profesional de agricultura, que pasa por una cadena de valor que remunere "de forma justa" el trabajo y por una defensa del principio de preferencia comunitaria que exigencia en frontera a las importaciones de terceros países de los mismos estándares que en la UE.

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