"El concurso de acreedores no se usa para intentar reflotar la empresa"

La mayoría de las empresas que acuden al concurso de acreedores lo sigue haciendo cuando ya no hay posibilidad de revertir su situación. "El concurso de acreedores no se usa para intentar reflotar la empresa", ha lamentado este jueves en Zaragoza Enrique Díaz, subdirector general adjunto para la Modernización de la Justicia, que ha abierto las jornadas concursales que ha celebrado un año más el colegio de Economistas, el de Titulados Mercantiles y Empresariales de Aragón, el de Abogados de Zaragoza y el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de la comunidad. En su conferencia inaugural ha reconocido que "la cultura concursal española no es muy buena" y el deudor español "se defiende como gato panza arriba para no llegar al concurso de acreedores" por ello, siguen siendo casi la totalidad las empresas que terminan en liquidación.

Las jornadas, bajo el título 'Avanzando hacia el escenario europeo del procedimiento concursal', han reunido a expertos para hablar de los cambios que se esperan en materia concursal. Díaz ha analizado el avance de la digitalización en la Administración de Justicia donde ha considerado "ridículo" que en el siglo XXI se sigan haciendo algunas comunicaciones en papel. Y ha analizado los diferentes sistemas que existen entre comunidades, donde no se ha logrado que todas utilicen el mismo.

Entre los temas normativos pendientes figura el texto refundido de la ley concursal que ha quedado paralizado por la falta de Gobierno. Este pasará de 242 artículos a unos 700, en los que no se introducen novedades pero sí "se ha estructurado un orden lógico" tras los numerosos parches de la ley desde que fue elaborada en 2003.

Reestructuraciones preventivas

Queda pendiente también la transposición de la directiva europea de reestructuraciones preventivas y segunda oportunidad, cuyas líneas generales ha detallado Juana Pulgar, catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad Complutense de Madrid y vocal permanente de la Comisión General de Codificación. Ha explicado que introduce un "sistema de alertas" para prevenir las crisis empresariales, pero ha reconocido que es "una de las partes más difusas" porque no se concretan. De la experiencia de otros países como Francia que ya las tiene en su normativa, ha advertido de que se puede correr el riesgo de la "profecía autocumplida" y que la alerta de un posible concurso pueda terminar provocándolo. "Sobre el papel está muy bien, pero en la práctica puede ser contraproducente", ha confesado. Ha apostado por un sistema que puedan utilizar, sobre todo las pymes, para consultar de modo interno a organismos sobre ciertas señales. Otros conceptos que incluye la directiva son el del "administrador encargado de la reestructuración" y la "probabilidad de insolvencia", que también ha considerado que será "complicada" de definir.

En Aragón se han presentado 71 concursos hasta junio, de los que 30 han sido de personas físicas, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). En todo el año pasado hubo 205 concursos de acreedores en la comunidad, de los 1.588 registrados en España. "En la práctica han bajado los concursos de empresas", ha explicado Carlos Terreu, desde el Colegio Oficial de Economistas. Por contra, siguen aumentando los de persona física. En estos últimos, "la mediación no ha sido una solución porque terminan casi todos en concurso consecutivo", ha reconocido Miguel Ángel Palazón, desde el Colegio de Abogados. Los expertos han coincidido en que si la desaceleración que apuntan las previsiones económicas se convierte en recesión volverá a repuntar el número de concursos. "Las previsiones son malas", ha apuntado Antonio Envid, presidente de los Titulados Mercantiles. "La empresa española ha hecho unos deberes que no ha hecho el Estado, quitarse endeudamiento financiero de forma sólida, pero puede aguantar uno o dos años en pérdidas, al tercero desaparece", ha alertado Envid.