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Economía

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El juicio de Glovo se aplaza a marzo por falta de pruebas pedidas por la empresa

El macrojuicio en el juzgado de lo social 5 de la Ciudad de la Justicia de Zaragoza, en el que estaban citados 324 colaboradores, se celebrará el 27 de marzo.

Algunos 'riders' denuncian que son falsos autónomos.
Algunos 'riders' denuncian que son falsos autónomos.
Glovo

El macrojuicio contra Glovo, previsto para este lunes en el juzgado de lo social 5 de la Ciudad de la Justicia de Zaragoza, en el que estaban citados 324 colaboradores, se ha aplazado hasta el 27 de marzo por falta de pruebas solicitadas por la empresa.

Este es el primer juicio de oficio colectivo que se va a celebrar en España contra Glovo después de las actuaciones previas de la Inspección de Trabajo sobre la actividad de reparto y las características de la prestación de servicio.

La autoridad laboral estimó indicios de que estos colaboradores eran en realidad falsos autónomos y, tras las alegaciones presentadas por la empresa, el caso ha acabado en los juzgados.

Desde UGT, que ejerce la acusación particular, consideran que ésta es una "maniobra dilatoria" de la empresa "a la espera de una legislación favorable" y lamentan que hechos del 2017 se vayan a juzgar en 2020.  

A las puertas del Juzgado, ha hecho hoy declaraciones por parte de Glovo Miguel Ferrer. El director de políticas públicas de la compañía, ha destacado ante los periodistas que "el modelo de trabajo autónomo de Glovo es adecuado a la legislación española, como demuestra que sea un ámbito elegido por varios sectores productivos" incidiendo en que los repartidores "eligen colaborar con nosotros para organizarse de forma autónoma y decidir cuándo y cómo operar con la plataforma". Asimismo ha puesto en evidencia como "solo en España, del resto de 26 países en que opera Glovo, se ha optado por la judicialización en lugar de por el diálogo". Ha hecho también referencia a las contradicciones entre las distintas resoluciones judiciales ya que ocho de ellas  "ven nuestro modelo viable".

Para contrarrestar los testimonios del trabajador de Glovo, dado a conocer la pasada semana por UGT, la compañía tecnológica se ha traído de Madrid a dos repartidores que han cuestionado la declaración de su compañero de Zaragoza, que dijo que para ganarte 1.000 euros hay que trabajar 13 horas. Así, Gustavo Gaviria, de Perú, que lleva trabajando con Glovo tres años y medio, ha dicho "sentirse totalmente a gusto" ya que decide "cómo lo hago, cuando lo hago y en qué vehículo hago el trabajo". Ha subrayado también que en "un mercado laboral tan cerrado y burocrático como el español, Glovo ofrece una oportunidad a personas como él", que ha confesado, "trabajando también para otras dos plataformas, Amazon y Stuart se saca 2.000 euros mes por entre 10 y 11 horas de trabajo al día después de haber descontado los impuestos que tiene que pagar.  En el mismo sentido, se ha manifestado Raúl Ocaña al indicar que "superó los 1.200 euros trabajando para Glovo cinco horas al día en Madrid" y ha añadido que "todos podemos vivir sin problemas y que es necesario que las leyes se vayan adaptando a las nuevas plataformas tecnológicas para no quedarse en el pasado".  

Sobre el aplazamiento del juicio, que finalmente se celebrará el 27 de marzo, el abogado de UGT, Bernardo García, ha indicado que a su juicio, "no era necesario pedir más información a la Agencia Tributaria, pero la magistrada ha considerado suspender el señalamiento y hacer uno nuevo". Para Bernard es "bastante elocuente" que Glovo haya pedido una prueba "ingente" a la Administración Pública a unas semanas del comienzo del juicio cuando el señalamiento estaba previsto hace un año, lo que ha llevado a algunos letrados a hablar de maniobra dilatoria por parte de la empresa, aunque ésta lo haya solicitado en tiempo y forma.

Los colaboradores que han asistido al juicio han recibido la noticia con "decepción", según ha indicado Rubén Ranz, de UGT, quien ha puntualizado que este retraso complica todavía más un procedimiento que ya es complejo y cuyos hechos se remontan a 2017.

"Es muy doloroso, aquí hay mucha gente con deudas con Hacienda y con la Seguridad Social y esto genera mucha incertidumbre", ha concluido.

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