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Economía

agricultura

La firma del convenio del campo en Huesca abre una brecha entre UAGA y Asaja

Las organizaciones agrarias mayoritarias en Aragón toman rumbos distintos en el acuerdo alcanzado con UGT y CC. OO.

Unos trabajadores en una explotación de melocotones en la provincia de Huesca.
Unos trabajadores en una explotación de melocotones en la provincia de Huesca.
C. S.

Los trabajadores del campo oscense ya tienen convenio colectivo. Y en él se ha incluido el incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) tal y como estableció el real decreto aprobado por el Gobierno de Sánchez en diciembre de 2018. El acuerdo laboral recoge así un alza salarial del 1,3% en el 2018, 1,8% en el 2019 y 2% en los años 2020 y 2021, así como el desarrollo del registro horario, el pago de los salarios a través de cuentas bancarias "para evitar el fraude" y mejoras en cuanto a la conciliación y los permisos recogidos en el Real Decreto de 8 de marzo de 2019. El texto incluye además soluciones para las necesidades del sector en periodo de campaña mediante la flexibilidad de jornada.

Su firma, sin embargo, ha provocado una brecha entre las dos organizaciones agrarias mayoritarias en Aragón, que han tomado rumbos diferentes en el apoyo (o no) a este nuevo convenio. Asaja ha suscrito el acuerdo junto con CC. OO. Industria y UGT FICA, pero no así UAGA, al que no le gusta la situación generada y lamenta "la ruptura de la unidad de acción" que hasta ahora habían mantenido ambas organizaciones, más en un momento como el actual en el que el sector frutícola atraviesa una complicada situación económica por los bajos precios, que hace "inasumible" un mayor incremento de sus costes.

"No es que no queramos un acuerdo o que no estemos dispuestos a negociar", señaló este viernes el secretario general de UAGA-COAG, José María Alcubierre, que insistió en que la decisión de su organización agraria se sustenta en una cuestión de criterio. Para UAGA, la subida del SMI debe aplicarse a la jornada legal establecida en España (es decir, a 1.820 horas) y no, como defienden los firmantes, a la que recoge el convenio oscense, que se sitúa en las 1.760.

"No somos señores feudales y cumplimos nuestras obligaciones legales", señaló Alcubierre, en referencia a las críticas y descalificativos al sector vertidos por los sindicatos UGT y CC. OO., pero el secretario general de UAGA ha insistido en que en un momento de crisis "tan grave" como el que vive actualmente el sector frutícola "es una barbaridad plantear incrementos salariales que disparan un 20% más nuestros ya elevados costes de producción".

Alcubierre señaló que "había alternativas" y que la organización agraria había planteado la negociación de un convenio regional, para que no se produzcan situaciones como las que ahora provocarán dos convenios en los que puede suceder que "coger un melocotón en Huesca se pague a distinto precio que si se recolecta en Zaragoza". Y lanzó un mensaje a Asaja: "Extraña que esta organización plantee movilizaciones a los fruticultores y luego firme este convenio. A ver cómo explica a sus asociados y al sector los problemas que les va a a añadir el acuerdo laboral".

"A nuestro pesar"

Desde Asaja Huesca, su presidente, Fernando Luna, fue claro: "Asaja ha firmado el convenio muy a nuestro pesar, porque en enero ya fuimos conscientes de que la subida del SMI iba a llevarnos a un convenio complicado por la situación de bajos precios y de nula rentabilidad que vive el sector". Pero aún reconociendo que este pacto "elevará los gastos de producción a unos niveles que los agricultores no podrán cubrir con lo que cobran por sus producciones", Asaja Huesca entiende que "es una ley de obligado cumplimiento que hemos tenido que firmar tras haber pasado por Inspección de Trabajo y por el SAMA", precisó Luna.

Los representantes de CC. OO. Industria y FICA UGT valoraron positivamente el conjunto de lo pactado "por los avances recogidos", aunque lamentaron que UAGA no haya suscrito un acuerdo que, advirtieron, "estamos dispuestos a hacer cumplir". Una amenaza ante la que los responsables de UAGA respondieron que sus servicios jurídicos estudiarán si reúnen los requisitos para que sea de obligado cumplimiento incluso para la parte no firmante.

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