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El Gobierno plantea que se pague por usar las autovías, pero el sector del transporte lo rechaza

El cobro es una cuestión a debatir, según Fomento, para mantener una red que cuesta 1.100 millones/año.

Imagen de archivo de retenciones en la A-2, entre Miralbueno y la Feria de Zaragoza.
Imagen de archivo de retenciones en la A-2, entre Miralbueno y la Feria de Zaragoza.
Guillermo Mestre

La red de autovías españolas tiene un coste anual de mantenimiento para el Estado de 1.100 millones de euros, por lo que hace tiempo que el debate sobre su financiación está sobre la mesa. En la última legislatura el Ministerio de Fomento planteó la creación de una subcomisión de estudio sobre cómo pagar la red de alta capacidad por sus necesidades de conservación, pero no llegó a constituirse.

"Es necesario un proceso de reflexión para debatir este problema, no ya para el Gobierno sino para la sociedad en su conjunto", aseguran fuentes del Ministerio de Fomento a este periódico, que confirman que "no hay ningún documento aún sobre la mesa" y que no se sabe cómo se estipularían las tarifas. "Es una cuestión de debate que no está ni siquiera iniciada", apuntaba el ministro José Luis Ábalos en una entrevista en Telecinco.

También desde Hacienda aseguraron que se están estudiando "diferentes fórmulas" que ya se aplican en otros países de Europa para mantener las autovías. "Estamos contando con los trabajos técnicos iniciados en el Congreso, que no pudieron llevarse a conclusiones, pero es un elemento, una motivación para recuperar esos trabajos", comentó la ministra María Jesús Montero.

Seopan, organización de 25 constructoras y concesionarias españolas entre las que se encuentran ACS, Acciona, FCC, Ferrovial, OHL y Sacyr, demanda al Gobierno desde hace tiempo tarificar la red de carreteras en su conjunto para alinearse con el resto de países de Europa y así conseguir recursos extra para que las autovías no le supongan al Estado un gasto tan elevado.

En un estudio presentado por Seopan en junio en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander, la patronal estimaba que una tarificación de solo 0,03 euros por kilómetro para vehículos ligeros y 0,14 para los pesados supondría una recaudación de entre 3.200 y 4.300 millones de euros al año. Estas serían tarifas muy "moderadas", las más reducidas vigentes en Europa. La propuesta de Seopan es aplicar este sistema de tarificación a la red viaria interurbana formada por 14.100 kilómetros.

Más tráfico en las secundarias

Pero esta medida tiene también muchos detractores. La patronal de camioneros y transportistas (Fenadismer) reaccionó con duras críticas a la propuesta que se está estudiando. "La posible implantación de un pago por el uso de las autovías perjudicaría gravemente las exportaciones españolas, lo que resultaría preocupante en la actual situación de inestabilidad económica", señalaron en un comunicado.

Fenadismer recordó que no es la primera vez que se plantea una generalización de los peajes, pues "anteriores Gobiernos ya habían amenazado con aprobar medidas recaudatorias similares a fin de atender las necesidades de financiación de las empresas constructoras para incrementar su actividad empresarial, como han venido históricamente demandando sin ningún pudor".

Defienden que el sector ya paga muchos impuestos a través de las tasas de los hidrocarburos, unos 21.000 millones de euros anuales según sus cálculos, lo que supone una contribución "suficiente" para mantener las infraestructuras españolas. Aseguran que si el uso de las autovías fuera de pago, "aumentarían los costes de explotación de la actividad del transporte lo que afectaría al valor final de los productos españoles destinados a la exportación".

Un paso más allá fue el director de Seguridad del Real Automóvil Club de España (RACE), Antonio Lucas, que alertó de que el cobro en las autovías hasta ahora gratuitas derivaría el tráfico hacia vías menos seguras. En una entrevista a la Cadena Ser, señaló que esta medida supone "penalizar el uso de vías más seguras" y, por lo tanto, "puede hacer que muchos conductores, precisamente para evitar este pago por uso, se vayan a carreteras secundarias, que es donde se produce el 78% de los accidentes mortales".

Lucas defendió que esto es exactamente lo contrario que defienden desde su organización desde hace años, que es trasladar ese tráfico en carreteras secundarias, "peligrosas, con un déficit en mantenimiento y con menores sistemas de contención y protección" hacia las autopistas, autovías y vías de alta capacidad.

La asociación de consumidores Facua también se mostró contraria a esta eventual medida planteada por el ministro en funciones ya que perjudicaría a los usuarios con menor poder adquisitivo y de aplicarse supondría "un auténtico ‘copago’ o ‘repago’", al obligar a los usuarios a financiar unas infraestructuras que ya pagaron a través de los impuestos. 

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