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España se libra de la multa de 80 millones por el retraso en aprobar la ley hipotecaria
El Gobierno dice que esta transposición fue una de sus prioridades nada más tomar posesión en junio de 2018
El Ministerio de Economía y Empresa ha confirmado que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha archivado la sanción a España por el retraso en la transposición de la Directiva de Contratos de Crédito Inmobiliario, que podría haber ascendido a casi 80 millones de euros. España estaba expuesta a una multa multimillonaria por el retraso en la transposición de una norma comunitaria que debería haber sido incorporada al ordenamiento jurídico español antes del 21 de marzo de 2016. Pasada la fecha y remitidos los avisos sin que se produjesen avances, la Comisión Europea presentó el 28 de abril de 2017 una demanda contra España ante el TJUE.
Las autoridades europeas pidieron al Tribunal que impusiese una multa de 106.000 euros por cada día de retraso en aprobar estas normas desde el día del fallo. La decisión del Tribunal, que ha dictado ahora un auto de archivo del proceso sancionador abierto a España, se produce después de que la Comisión Europea le comunicara el desestimiento de su demanda al dar por completada la transposición con la entrada en vigor el pasado 16 de junio de la conocida como 'ley hipotecaria', así como del real decreto y la orden ministerial que la desarrollan.
La Justicia europea, no obstante, tendrá que dirimir qué parte del asunto es responsable del pago de las costas. En estos casos, el reglamento establece que es el demandante que desiste el que tiene que hacerse cargo de estos gastos, pero esta responsabilidad puede trasladarse a la parte denunciada "si se estimase que la actitud de ésta última lo justifica".
El Ministerio de Economía y Empresa ha remarcado en un comunicado que nada más tomar posesión en junio de 2018, el Gobierno fijó como una de sus prioridades la transposición de esta directiva y de otras que acumulaban también gran retraso.
En este sentido, ha explicado que trasladó inmediatamente sus propuestas al Congreso de los Diputados, donde la negociación dio lugar a un "amplio" acuerdo parlamentario para el aumento de la protección y para garantizar los derechos de los clientes, además de para reforzar la seguridad jurídica y la transparencia del sector.
