La Agencia Tributaria y Guardia Civil investigan un entramado societario que podría haber defraudado más de cinco millones de euros por la compra de derechos de económicos de jugadores de fútbol y la financiación de fichajes y clubes.

En concreto, funcionarios de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria y agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en el marco de la operación 'Dean', están llevando a cabo distintas actuaciones en las provincias de Madrid, Alicante, Valencia, Asturias, Sevilla, Cádiz, Granada, Murcia y Baleares, con el fin de obtener elementos probatorios de presuntos delitos fiscales y de blanqueo de capitales.

Estas actuaciones están bajo la dirección y coordinación del juzgado central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, quien ha ordenado la realización de varios registros en domicilios, así como requerimientos de documentación a múltiples sociedades, según ha informado este miércoles el Ministerio de Hacienda.

La investigación se inició a principios del año pasado centrándose en las operaciones llevadas a cabo en España por un fondo de inversión constituido en el año 2011 con sede en Malta.

Las actividades de este fondo consistieron en la compra de derechos económicos de jugadores de fútbol con proyección, persiguiendo lograr plusvalías con sus traspasos a terceros equipos.

Asimismo, financió fichajes y facilitó liquidez a clubes de fútbol españoles con dificultades económicas, todo ello bajo el asesoramiento de bufetes de abogados.

Según explica Hacienda, los acuerdos con los clubes de fútbol españoles parecen haber sido negociados en España por dos representantes de futbolistas, quienes podrían haber simulado su residencia fiscal fuera de España para no declarar a la Hacienda Pública los beneficios obtenidos. 

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Más de 5 millones de euros

Para la comisión de los fraudes detectados se ha utilizado una "compleja" estructura societaria que habría permitido ocultar los beneficios de los préstamos y de la venta de los derechos económicos de los jugadores de fútbol, cifrándose la cantidad supuestamente defraudada a la Hacienda Pública española en más de 5 millones de euros.

De momento, son cinco las personas investigadas y varias decenas prestarán declaraciones testificales. Además, debido a la repercusión internacional, se ha solicitado colaboración a varios países. 

Dos exjugadores del Atlético de Madrid, entre los investigados

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha citado a declarar entre este jueves y el viernes al administrador de Doyen Sports Investment Limited, Nelio Freire Lucas, y al exjugador del Atlético de Madrid Juanma López Martínez por haber ocultado presuntamente al menos cinco millones de euros procedente de operaciones de compraventa de jugadores y préstamos a clubes de Primera y Segunda división.

El titular del Juzgado Central de Instrucción 5 ha dirigido una investigación por los presuntos delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales contra el fondo de inversión Doyen Sports y su administrador Nelio Freire Lucas; así como contra López Martínez, que actuaría de intermediario; su pareja Rocío del Carmen Sánchez Ortega; y el también intermediario Mariano Aguilar López y su hermano Miguel.

Todos ellos están citados a declarar como investigados entre este jueves y viernes ante el juez De la Mata como investigados por no tributar en España los rendimientos derivados de operaciones de compra de derechos económicos de jugadores de fútbol y de la concesión de préstamos a varios clubes como el Atlético de Madrid, el Sporting de Gijón, Getafe o Sevilla.

El magistrado instructor ha dictado un auto, en el que admite una querella de la Fiscalía Anticorrupción, en el que explica que la rama española del fondo de inversión se encuentra liderada por dos hombres de confianza: Mariano Aguilar y Juanma López Martínez. Ambos, según la resolución, actuaron como intermediarios junto a Freire Lucas, a través de la sociedad Assets 4 Sports -posteriormente sustituida por la sociedad maltesa Vela Management-, llegando a representar y negociar en nombre del fondo los mayores fichajes del fútbol, embolsándose por ello importantes cantidades.

"Han ocultado, en distintos momentos, su condición de residentes en territorio español, así como su renta y patrimonio por lo que la ocultación podría haber tenido no solo no solo consecuencias penales en relación con sus propias obligaciones tributarias, sino que podrían influir en la calificación definitiva delictiva de los incumplimientos tributarios de Doyen", apostilla De la Mata.

Requerimiento de información a varios clubes y organismos de fútbol

El juez de la Audiencia Nacional -que ha levantado el secreto de las actuaciones- ha coordinado una operación policial en la que se ha procedido a registrar los domicilios de algunos de los investigados y se ha solicitado información a estos clubes de fútbol, además de al Valencia, Cádiz, Elche y organismos como la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la Liga de Fútbol Profesional (LFP). Ninguno de ellos se encuentra investigados en este procedimiento.

Según explica el magistrado en su auto, Doyen es un fondo de inversión con capital de 100 millones de euros constituido en 2011, con domicilio en Malta. Pero "en realidad", concluye De la Mata, "simuló" que su actividad se realizaba desde esa isla cuando en verdad se sirvió de "un complejo entramado empresarial que constituye un asentamiento operativo lo bastante sustancial y significativo como para considerar que se actúa en territorio español con plena coherencia geográfica y comercial, y con un significativo grado de permanencia en el tiempo".

El auto describe toda la operativa desarrollada, recogiendo los hechos apuntados en la querella de Anticorrupción, y señala que el Doyen recibía como contraprestación a realizar por el club financiado, no solo el cobro de los intereses por el capital prestado, sino un porcentaje de la eventual futura venta del futbolista que necesariamente debía llevar a cabo la entidad al recibir una oferta que cumpliera las condiciones previstas al celebrar el inicial contrato de préstamo.

Aunque estos acuerdos denominados TPO (Third Party Ownership) fueron prohibidos por la FIFA en abril del año 2015, Doyen mantuvo la vigencia de dichos contratos formalizados hasta entonces y siguió gestionando los derechos de imagen y concediendo nuevos préstamos a clubes de fútbol profesional.

Distintas operaciones

De este modo, el juez señala operaciones de adquisición de derechos como el de Josuha Guilavogui al Atlético de Madrid y el préstamo de 2,5 millones de euros; la venta de derecho de Radamel Falcao y asistencia financiera añadida al mismo club. También la compra de derechos económicos de jugadores del Sporting de Gijón; la compra del 50 por ciento de derechos económicos de Miroslav Stepanovic y de Geoffrey Kondogbia o del 20 por ciento de Babá, entre otros.

Por este concepto, indica el auto, de manera indiciaria Doyen obtuvo entre 2013 y 2016, 21,1 millón de euros; mientras que por las operaciones de préstamo, el beneficio obtenido entre 2013 y 2015 fue de 1,4 millones de euros. Siempre según la resolución del Juzgado central de Instrucción 5, se han identificado 2,5 millones al Atlético de Madrid y al Sporting de Gijón; 3,65 millones al Sevilla; 3,5 millones al Getafe y medio millón al expresidente del Sevilla José María del Nido.

"Los anteriores datos implican que, para el ejercicio 2013, la base imponible atribuible al establecimiento permanente alcanza 15.328.829,23 euros y la cuota tributaria defraudada sería de 4.583.648,77 euros. Ello sin perjuicio de que afloren nuevos ingresos no computados, tanto en 2013 como en otros períodos impositivos", concluye el magistrado.

El juez esgrime también que sólo en 2013, tal y como apunta la Fiscalía, por parte únicamente de Doyen se podrían haber defraudado más de 5 millones de euros, a lo que habrá que sumar nuevas cantidades una vez que se disponga de la información precisa para poder cuantificarlas.

La resolución detalla que el Grupo Doyen no presentó ninguna declaración en territorio español, pese "a su estrecha vinculación económica al mismo". Con motivo las filtraciones de Football Leaks y a partir de 2015, indica, comienza a depositar en el Registro Mercantil sus cuentas anuales de los ejercicios 2011 y sucesivos.

Competencia de la Audiencia Nacional

Por último, el juez instructor justifica en su auto la competencia de la Audiencia Nacional en que la tramitación de la causa requerirá de mecanismos de cooperación judicial internacional, unido a la aparentemente "deliberada estrategia de utilización de múltiples sociedades" para ocultar la actividad de las personas contra quienes se dirige la acción penal. "Será preciso el examen de abundante y compleja documentación que incrementará sin duda las dificultades de la investigación", añade.

Además, explica, se investigan hechos que indiciariamente serían constitutivos de delito de blanqueo de capitales mediante la circulación de dinero por diferentes países, como Gran Bretaña -donde se ha declarado residente Mariano Aguilar López- o Suiza -lugar en el que se ha declarado residente el exjugador del Atlético de Madrid-.

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