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UGT y CC. OO. amenazan con una huelga de temporeros en plena campaña frutícola

La negociación del convenio en Huesca se rompe ante la negativa de UAGA a firmar un acuerdo que «estaba totalmente cerrado» y los sindicatos `ponen una denuncian ante inspección de trabajo para se posicione sobre el cálculo con el que se debe aplicar el SMI a los trabajadores del sector.

Protesta de temporeros el pasado mes de mayo.
Protesta de temporeros el pasado mes de mayo.
CC. OO.

La campaña frutícola podría verse alterada por un nuevo contratiempo, y no es atmosférico. Los sindicatos UGT y CC. OO. están dispuestos a convocar una huelga en el sector agrícola oscense si no se retoman las negociaciones del convenio colectivo de esta provincia, rotas el pasado viernes cuando todo estaba preparado para estampar la firma en un acuerdo consensuado por los sindicatos y las organizaciones agrarias UAGA.

Como primera medida de presión ya han convocado una movilización que esperan multitudinaria y que se celebrará el próximo 17 de julio a las 20.00 horas en la localidad oscense de Fraga, centro neurálgico de una de las comarcas más importantes en la producción de fruta dulce de Aragón. Pero esta protesta sera solo “el despegue” de una “hoja de ruta de movilizaciones” que incluye una huelga, todavía por concretar, a realizar durante la semana entre el 22 y el 26 de julio y que, tras el parón de agosto, podría volver a retomarse en septiembre con nuevas protestas.

Lo han anunciado este miércoles el secretario general de UGT FICA Aragón, José Juan Arcéiz, y la secretaria general de la Federación de Industria de CC. OO. Aragón, Ana Sánchez, que han responsabilizado a la organización agraria UAGAde la ruptura de las negociaciones del convenio colectivo del campo de Huesca que a fecha de hoy (suele haber fluctuaciones a lo largo de la campaña) afecta a unos 11.000 trabajadores en toda la provincia.

“Después de 16 meses de negociaciones, habíamos alcanzado un acuerdo en el que solo faltaba la firma, acto que esta previsto realizar el pasado viernes, pero UAGA decidió unilateralmente no suscribir el acta y sin dar ninguna explicación se levanto de la mesa”, ha detallado Arcéiz para explicar el bloqueo en el que se encuentra ahora dicho convenio. Y aunque los representantes de UAGA no dieron explicaciones a su decisión, el representante de UGT-FICA asegura que los sindicatos saben el motivo: no aceptan el cálculo propuesto para aplicar el salario mínimo interprofesional al peón recogedor y que eleva el precio de la hora a 7,16 euros.

“Nos sorprende que una organización agraria que creíamos progresista se niege a cumplir la legalidad, lo que nos lleva a una época casi feudal”, ha anadido Arcéiz, que ha insistido en que la situación de los trabajadores en el sector es “insostenible”. Y aunque los representantes sindicales que tras la movilizaciones del pasado mes de mayo ha habido una mejoría, han asegurado que “en muchas explotaciones todavía hay nichos de fraude”.

Ante Inspección de trabajo

Dado que el método de cálculo para aplicar el SMI es el escollo para sellar el acuerdo, UGT y CC. OO. han presentado una denuncia ante Inspección de Trabajo “para que pregunten a las organizaciones agrarias cuál es su fórmula y se posicione sobre el método a utilizar”, ha explicado Ana Sánchez. La representante de CC. OO. reconoció que puede que la situación no se soluciones con la intervención de la inspección pero “cuantos más agentes se posiciones más avaladas quedaran nuestras propuestas”, ha dicho.

De momento la situación afecta a los trabajadores de Huesca. En Zaragoza, donde podrían estar afectados unos 15.000 empleados, el convenio está ahora en plena negociación -la próxima reunión está prevista para el próximo 15 de julio- aunque los sindicatos están convencidos de que UAGA llegará a la reunión con la misma negativa. En Teruel, el convenio está encallado desde 1998 y aunque tiene menor afección, los sindicatos advirtieron que no pierden de vista la situación en esta provincia.

Tanto Arcéiz como Sánchez hicieron un llamamiento a la organización agraria para retomar las negociaciones porque “había acuerdo en todo y solo faltaba que lo ratificaran los órganos superiores”. El acuerdo consensuado y ahora rechazado por la organización agraria contempla un incremento salarial del 1,3% en 2018, del 1,8% en 2019 y del 2% en 2020 y 2021; un nuevo sistema de registro horario para evitar el fraude; el cobro por talón o cuenta bancaria; pago de la nómina antes del quinto día natural del mes, permisos retribuidos y una flexibilidad que hasta 10 horas entre mayo y septiembre; así como un SMI para el peón cogedor de 7,15 euros/hora.

Muy crítico, Arcéiz ha insistido en que conoce las muchas dificultades por las que atraviesa el sector, pero ha denunciado que no se puede cargar sobre los trabajadores todos los problemas que tiene el campo. El sindicalista ha asegurado que se han ofrecido a las patronales del sector a acompañarlos “donde haga falta” para exigir unos precios justos para los productores, pero ha lamentado que este sector “tan subvencionado se acoja a la ley para recibir ayudas, pero no quiera cumplirla para pagar dignamente a sus empleados". Incluso ha propuesto que “tendría que haber mecanismos para que les retiraran dichas ayudas si no cumplen la ley”.

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