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Al menos 3.000 camiones aragoneses afectados por el cartel europeo

Los transportistas reclaman en los tribunales indemnizaciones por el sobreprecio pactado por los principales fabricantes entre 1997 y 2011.

Trucks queue on a motorway in the direction of Italy near a the tunnel as people leave for holidays on April 14, 2017 in Chamonix, southeastern France. / AFP PHOTO / JEAN-PIERRE CLATOT[[[AFP]]] FRANCE-TRANSPORT-ROAD-TRAFFIC-HOLIDAY-EASTER
Los transportistas pueden reclamar el sobreprecio que pagaron.
Jean-Pierre Clatot/AFP Photo

Al menos 3.150 camiones aragoneses fueron comprados por encima de su precio entre 1997 y 2011 debido al pacto alcanzado por los principales fabricantes europeos. Estos son los que están en manos de varios despachos de abogados para reclamar el sobreprecio que acordaron DAF, Daimler-Mercedes, Iveco, Renault-Volvo, MAN y Scania y por el que fueron multados en 2016. Además, los fabricantes están acusados de retrasar deliberadamente la introducción en el mercado de nuevas tecnologías para reducir las emisiones de sus vehículos. MAN denunció las prácticas y le fue perdonada la multa, mientras Scania se negó a reconocer la existencia del pacto y fue sancionada después. La multa al cartel supera los 3.800 millones de euros. A ello se suman las indemnizaciones que puedan conseguir en los tribunales los transportistas.

Los afectados han tenido que ponerse ya en marcha para pedir indemnizaciones por el sobreprecio pagado, que desde despachos de abogados como Caamaño, Concheiro & Seoane (CCS), cifran en un 16,35% de media. Este bufete, que se ha hecho cargo de las reclamaciones de la patronal de las grandes empresas de transporte de mercancías CETM, a la que pertenece la zaragozana Fetraz, representa a 270 clientes y 2.350 camiones en Aragón. De ellos, 1.279 fueron comprados por 69 empresas zaragozanas, 617 corresponden a 135 clientes oscenses y 454 a 66 compañías turolenses. En toda España llevan unas 7.000 reclamaciones. «Estamos en proceso de presentar las demandas», explica Miguel Caamaño, socio de CCS con el ex ministro de Justicia Francisco Caamaño, y otros socios.

Nuevo plazo para reclamar

Para quienes no iniciaron el proceso, el plazo para iniciar las reclamaciones ya ha pasado, salvo si compraron vehículos de la marca Scania, porque se está a la espera de que se confirme la sanción de 800 millones de euros que se le impuso y que fue apelada por el fabricante, que negó los hechos al principio y retrasó su caso.

Sin embargo, esta circunstancia puede suponer ampliar el plazo de reclamaciones contra el resto de marcas. Miguel Caamaño considera que cuando la sanción a Scania se confirme «se reabrirán los plazos para demandar a los demás fabricantes» siguiendo el concepto de «solidaridad impropia». Esta «permite demandar a un fabricante por los daños cometidos por otros», explica desde el bufete con sedes en Madrid, La Coruña y Vigo. Esto supondría una nueva oportunidad para quienes no hayan demandado aún.

El informe clave para determinar la indemnización

El cartel afectó tanto a grandes compañías de transporte como a autónomos que renovaron su flota dichos años. Unos 800 vehículos de unos 300 asociados de Tradime Aragón preparan sus demandas a través del despacho madrileño NLD. Se encuentran en fase de completar la documentación para la prueba pericial, el informe clave para determinar el cálculo de la indemnización. «Hay que basarla en un estudio cuantitativo y cualitativo que acredite la compra por los transportistas en el periodo de cartelización, en que se manipularon los precios, para calcular el sobreprecio», explica Arien Andrade, abogado de este último despacho madrileño. «Hay que calcular cuál hubiera sido el precio en el supuesto de que no hubiera habido cártel», añade Caamaño. Y los posibles daños. Los compradores han tenido que entregar documentación como la factura de compra o del ‘leasing’, la ficha técnica y el permiso de circulación. «Hay cinco marcas con distintos modelos, la diversidad es muy grande», reconoce Andrade.

Primeras sentencias

Falta por llegar el grueso de sentencias y no existe todavía doctrina. En España ha habido hasta ahora cinco fallos, en su mayoría a favor de los transportistas, como ha ocurrido en países como Alemania. Solo un juzgado en Zaragoza no estimó la indemnización porque consideró que el estudio presentado para calcularla era «insuficiente». La sentencia reconoce que el procedimiento para el cálculo es «enormemente complejo». Existen varios métodos e incluso una guía europea.

Las dudas se irán despejando a medida que se dicten más sentencias, confían desde el despacho zaragozano Jiménez, Asensio, Yus y Moreno, que prepara varias demandas. Juan Jiménez destaca la «segunda oportunidad» que puede suponer para nuevas reclamaciones la confirmación de la multa a Scania. Los procesos se seguirán en las Audiencias provinciales si hay recursos y no se descarta que lleguen hasta el Tribunal Supremo, lo que dilataría el proceso. Algunos afectados han vendido su derecho de reclamación a multinacionales que luego litigarán con los fabricantes, quedándose con un porcentaje. Hay quienes hablan de más de diez años de batalla judicial, pero CCS abogados cree que puede reducirse a cinco o seis años. Jiménez, aun siendo «optimista» sobre la llegada de más sentencias a favor de los compradores, cree que el plazo puede irse a «ocho o diez años».

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