Movilidad y sostenibilidad

Uno de los temas sobre los que se suelen analizar las partidas de los Presupuestos Generales del Estado es el de las inversiones en infraestructuras, desde donde se obtienen ‘conclusiones’ sobre un mejor o peor trato territorial, pues existe una idea de que las infraestructuras son siempre un instrumento de crecimiento económico. Esta visión debe ser objeto de revisión por dos motivos. Uno, que, a partir de un determinado nivel, las inversiones en nuevas infraestructuras de transporte comportan una utilidad marginal decreciente y puede ser más interesante invertir en infraestructuras de comunicación, que teóricamente pueden ayudar a fijar población en el territorio fuera de los grandes núcleos y que, en todo caso, hacen la economía más competitiva. El segundo, y más importante, que en este siglo XXI ya no procede hablar de políticas de infraestructuras, sino de política de movilidad en un contexto de sostenibilidad económica, social y ambiental. Así se reconoce, por cierto, en la Agenda de Naciones Unidad 2030, que debe ser palanca principal para dar respuesta a las nuevas exigencias de los ciudadanos.

España, en los últimos años, ha transformado hasta tal punto las redes e infraestructuras que ahora nos encontramos incluso con un ‘stock’ de las mismas (aunque existe una clara asimetría por tipo y población), con un claro problema de mantenimiento.

Por ello, al igual que ahora en Francia se está tramitando un proyecto de Ley de Movilidad, debemos asumir que es necesario reenfocar nuestra política de inversiones, avanzando hacia una cultura de movilidad inteligente, fiable, responsable, cooperativa y sostenible. Una política que tenga en cuenta la necesidad de cohesión territorial, que se alinee con la estrategia de corregir la importante problemática de la despoblación (lo que muy gráficamente se ha calificado por Sergio del Molino en su libro como ‘La España vacía’).

La inercia hacia la concentración de la población en grandes espacios urbanos (en España, además, se observa un fenómeno de desplazamiento hacia las líneas costeras), puede conducir a un colapso desde esta óptica de movilidad. Por ello, es tiempo de, más allá de intereses muy concretos y cortoplacistas, utilizar luces largas para diseñar un nuevo modelo de movilidad sustentado por una planificación eficiente y sostenible, que ponga el acento no solo en el crecimiento, sino también en la equidad social, atendiendo al impacto del índice de variabilidad en la calidad de los servicios esenciales (directamente vinculados a la movilidad) condicionado por el lugar donde reside un concreto ciudadano, lo que se vislumbra como un problema de especial intensidad en Aragón.

Una política de movilidad inclusiva (menos líneas de alta velocidad y más y mejores cercanías, por ejemplo) que, junto a otras políticas públicas activas, fije población y estructuras productivas en distintos territorios, lo que, además, puede coadyuvar a rebajar la tensión existente sobre el mercado de la vivienda.

En este fin de mejora de la movilidad deben jugar un importante rol las nuevas tecnologías, no solo en la gestión de las infraestructuras existentes, sino, muy especialmente, en la coordinación de servicios, traspaso de información a los usuarios, etc.

La iniciativa del Gobierno francés debe servir para una adecuada reflexión para afrontar los nuevos desafíos vinculados a las carencias de movilidad (que suponen una clara fractura social y son fuente de injusticia y desigualdad), la emergencia ambiental por el cambio climático y el colapso de infraestructuras que han congestionado las metrópolis. La movilidad es, así, una política de Estado que debe afrontarse desde el mayor consenso y, sobre todo, desde la coordinación de competencias entre las distintas administraciones, que deben participar juntas no solo en el diseño sino en la financiación (con corresponsabilidad), superando una visión estrictamente local, que puede comprometer el objetivo principal. Y es, también, una oportunidad para que, al igual que pretende Francia, sumando al proyecto a actores económicos y científicos, liderar una política activa de innovación en movilidad que sitúe a España en la vanguardia desde la esencia de un modelo eficiente en la sostenibilidad y la seguridad, que planifique y priorice adecuadamente las inversiones.

Pero, sobre todo, una política de movilidad comprometida con la equidad social, que debe ser la principal seña de identidad, que permita corregir las disfunciones del modelo territorial desarrollista de finales del siglo XX.

José María Gimeno Feliu es catedrático de Derecho administrativo