El sector porcino ha sido uno de los grandes protagonistas de la economía aragonesa durante 2018. Mucho se ha hablado durante todo el año de esta actividad ganadera, que no ha dejado de crecer en los últimos años hasta situarse en niveles de liderazgo, superando incluso a la potente Cataluña. Pero también se ha hablado mucho de la necesidad de ordenar y regular un crecimiento que suscita recelos medioambientales.

Y se hablado incluso cuando el año tocaba ya casi a su fin. El pasado 21 de diciembre se presentaba el número 66 de la revista Economía Aragonesa de Ibercaja, que recoge un estudio realizado por expertos en el que se evidencia la necesidad de incrementar la cabaña porcina en la Comunidad para responder a la capacidad de sacrificio con la dispondrá la región y que llegará con las millonarias inversiones previstas para los próximos años.

Y (casualidades o no), el mismo día y casi a la misma hora, representantes de las consejerías de Desarrollo Rural y de Vertebración del Territorio avanzaban los detalles de «varias modificaciones importantes» (cuyos primeros anuncios fueron publicados el 31 de diciembre en el BOA) que afectan al Decreto 24/2009 de 26 de mayo, o lo que lo mismo, la norma que regulad la actividad y la instalación de explotaciones ganaderas en Aragón. Es cierto que dichos cambios se aplican a granjas de todas las especies ganaderas (ovino, caprino, vacuno, equino, avícola) y tanto si su explotación se hace en extensivo como en intensivo, pero lo cierto es que su lectura transporta inmediatamente al desarrollo y crecimiento que el porcino está viviendo en Aragón. Una ganadería que no ha dejado de crecer en los últimos años y que como recuerda el director general de Alimentación y Fomento Agroalimentario del Gobierno de Aragón, Enrique Novales, supone ya casi el 61% de la facturación de toda la ganadería aragonesa y nada menos que el 35% de la producción final agraria de la Comunidad.

Y lo que está por venir, porque durante el pasado año no dejaron de anunciarse inversiones millonarias que, según señalan el informe publicado, elevarán la capacidad de sacrificio de Aragón hasta los 20,6 millones de cerdos. Esta cifra obligará, dicen también los autores del documento, a la implantación de nuevas granjas con capacidad para responder a esta demanda.

No es que el Gobierno aragonés quiera poner freno al avance de esta ganadería. Lo que pretende, según detallan desde el Ejecutivo, es que el crecimiento de esta actividad sea armónico, tanto respecto al propio sector, como con el resto de los agentes con los que tiene que interactuar, esto es: los núcleos urbanos, empresas de otros sectores económicos y, por supuesto, el medio natural y los variados, singulares y bellos ecosistemas naturales de los que puede presumir Aragón.

Es el objetivo de las modificaciones realizadas en el decreto que regula la actividad y la instalación de explotaciones ganaderas, con las que se matizan distancias, se ponen límites en determinadas zonas y se piden alternativas al uso de los purines como fertilizantes.

No es una novedad, pero se repite como un mantra cada vez que se habla del sector porcino aragonés. La Comunidad ha logrado encaramarse a lo más alto del podio en producción, pero no ha conseguido que el número de cabezas de cerdos sacrificados se acerque el número de animales que se producen en la región. Dicho en porcentajes: a diferencia de lo que ocurre en comunidades como Cataluña o Castilla y León, donde este índice supera con creces al 100% o se acerca al 90%, respectivamente, en Aragón no alcanza ni el 50%, es decir apenas se sacrifican 3,7 millones de los casi 14 millones de cerdos que producen las granjas aragonesas, con lo que, como siempre se advierte, más de la mitad de la producción se transforma en valor añadido en otros territorios.

El futuro se asoma, sin embargo, con un escenario muy diferente. Lo retratan en un informe José Antonio Domínguez, director gerente del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) y Arturo Daudén, del departamento de administración de dicho centro, que advierten que en los próximos años se va a producir una «verdadera revolución» de todo el complejo ganadero-industrial en el porcino de la Comunidad. Revolución que propiciará un auténtico vuelco a la situación, de tal manera que si ahora lo que falta es sacrificio, en apenas dos ejercicios lo que podría escasear es la producción.

Y es que, señala el informe, si como todo parece indicar se mantiene el ritmo de crecimiento actual en el sector en cuanto a cabaña ganadera, Aragón alcanzará en 2020 una producción que rondará los 16,2 millones de cerdos, unos dos millones más que en estos momentos. Sin embargo, los proyectos de instalación de nuevas empresas o las ampliaciones previstas en compañías ya instaladas permiten calcular que la capacidad de sacrificio para ese año se habrá disparado hasta los 20,6 millones de animales, el triple de la existente en la actualidad.

Los autores del estudio señalan que esta cifra «supondrá un paso adelante en aprovechamiento del valor añadido potencial basado en recursos ganaderos del propio territorio». Y van más allá. Domínguez y Daudén advierten que de la posibilidad de mayor sacrificio nacerá una necesidad: la de cubrir un 27% de la demanda ganadera generada por esta circunstancia.

Diferentes escenarios

En este futuro 2020 cada provincia aragonesa presentará su propio escenario. Dice el estudio que será Huesca la que muestre el mayor salto cuantitativo. En el Alto Aragón y debido a la proximidad de Cataluña, que alberga importantes infraestructuras cárnicas, ha existido hasta ahora un destacado desequilibrio entre la producción y el sacrificio. Pero las inversiones anunciadas hacen prever que la capacidad de sacrificio se incrementará de los 0,93 millones de animales actuales a nada menos que 10,7 millones.

También habrá una mejora significativa en la provincia de Zaragoza, aunque su situación de partida es más positiva. El informe señala que las infraestructuras desarrolladas en los últimos años ya permitían que en esta provincia se sacrificase prácticamente el 95% de la producción ganadera de sus comarcas. Un porcentaje que se disparará porque los desembolsos previstos para realizar ampliaciones en determinadas cárnicas apuntan a una capacidad de sacrificio en 2020 de 8,2 millones de cerdos, cuando su producción se sitúa en algo menos de 5 millones de cabezas.

Teruel es la que presenta un avance menos significativo. Tradicionalmente, señala el informe, esta provincia ha contado con estructura de mataderos debido al arrastre de la industria del jamón. Por eso históricamente su índice de sacrificio de la producción ganadera se ha situado en el entorno del 40%, a pesar del cierre progresivo de algunos de sus infraestructuras. Pero, aunque existen proyectos de ampliación que prevé un aumento de la producción existente, los autores de este estudio destacan que no se conocen inversiones de nuevas instalaciones de sacrificio por lo que su capacidad solo aumentará de los 0,88 millones de cerdos a los 1,37 millones.

Quizá previendo la necesidad de una cabaña ganadera mayor, pero también ante el incesante goteo de solicitudes para la implantación o ampliación de las granjas porcinas, el Gobierno de Aragón lleva tiempo trabajando en diversas medidas que modifican el decreto que regula la actividad y la instalación de explotaciones ganaderas (y no solo de porcino). Unas modificaciones que se presentaron el mismo día que se hacía público el informe realizado por Domínguez y Daudén y que aparece publicado en el número 66 de la Revista Economía Aragonesa que edita Ibercaja.

De la mano de la consejería de Desarrollo Rural y de Vertebración las nuevas normas, cuyos anuncios ya han sido publicados en el BOA para su información pública, establecen ciertas limitaciones. Pero, como insisten desde el departamento que dirige Joaquín Olona, no se trata en ningún caso de frenar una actividad «clave para el mantenimiento de la población en el medio rural aragonés». Todo lo contrario, se pretende «permitir el fomento y el desarrollo ordenado de la ganadería mediante una la mejora de las condiciones de las explotaciones ganaderas». Eso sí, precisa la orden, articulando un nuevo marco normativo que procure que este desarrollo sea «sostenible y ordenado», pero que lo sea a la vez que se respeta el entorno y se consigue «hacer compatibles en su justa medida los intereses de quienes son titulares de explotaciones ganaderas con los de otros sectores económicos y con los de la población en general».

Novedades

Dos novedades marcan distancias en esta nueva norma. Por primera vez, la consejería de Desarrollo Rural pone nombre a las llamadas «zonas saturadas de nitrógeno», utilizando para ello una nueva herramienta desarrollada por el Inaga que permite conocer cuáles son los pueblos en los que la carga de nitrógeno procedente de las deyecciones ganaderas intensivas resulta excesiva en relación con la superficie agrícola útil disponible para la aplicación de estiércoles. Repartidos por las tres provincias aragonesas, son los municipios de Albalatillo, Alfántega, Altorricón, Castillonroy, Mirambel, Monroyo, Peñarroya de Tastavins, Sena, Vencillón, Mainar y Villarreal de Huerva los merecedores de esta consideración, ya que su índice de carga ganadera supera los 220 kilos de nitrógeno por hectárea y año. En todos ellos estará prohibida la instalación de nuevas explotaciones.

Sin embargo, como en toda norma hay excepción, será el Ayuntamiento el que la aplique cuando en estos pueblos la inversión llegue acompañada de una plan de gestión de los estiércoles generados en el que se proponen sistemas alternativos a su aplicación directa como fertilizante.

Las nuevas granjas tampoco podrán estar cerca de los espacios naturales protegidos. Estas tendrán que mantener una distancia mínima de un kilómetro o, al menos, no acercarse más de 500 metros a su zona periférica de protección. «Se trata de promover la utilización ordenada de los recursos, así como la conservación y preservación de la variedad, singularidad y belleza de los ecosistemas naturales», señala el departamento de Desarrollo Rural.

No hay grandes modificaciones en la distancia que actualmente ya tienen que mantener las explotaciones ganaderas respecto a los núcleos de población. El porcino y la avicultura son las actividades que más tiene que alejarse, con distancias que van desde los 1.000 metros (en núcleos de población de hasta 3.000 habitantes) hasta los 1.500 metros si la localidad más próxima tiene más de 3.000 habitantes.

Sí hay cambios cuando se trata de explotaciones de vacuno y de equino, para las que el Gobierno ha reducido las distancias a mantener con municipios de menos de 500 habitantes (los 400 metros actuales se reducen a 300 metros) y con aquellos que tienen de 500 a 3.000 habitantes (se pasa de los 750 metros a los 500 metros que recoge la modificación).

Y es también novedoso el especial protagonismo que cobran en el nuevo marco regulatorio las zonas desfavorecidas de montaña. En este caso y teniendo en cuenta que las características de la orografía reducen notablemente la disponibilidad de terreno para la instalación de l ganadería de extensivo, el Gobierno ha flexibilizado las condiciones para favorecer su instalación. Así, en este caso, las distancias mínimas -para vacuno y equino, ovino y caprino- se acortan para asegurar la supervivencia de este tipo de actividad «vista la preocupante regresión y la destacada función económica y territorial de la ganadería extensiva».