Las dificultades y la grave crisis que arrastra la ganadería extensiva no amilanaron a Sergio cuando con apenas 28 años decidió incorporarse al sector agrario como ganadero de ovino. Se instaló en la localidad zaragozana de Cabañas de Ebro, invirtió en la construcción de una nave para sus animales, incrementó su cabaña con la nuevos ejemplares (tiene ahora 750 ovejas) y comenzó la difícil aventura de “dedicarme a esta actividad que es lo que me gusta hacer”, explica.

Con lo que no contaba este joven que ahora tiene 36 años es que la burocracia pondría en serio peligro no solo la rentabilidad de su explotación y con ello la supervivencia de su cabaña ganadera, sino que iba a hacer tambalear su economía doméstica. “Estoy en la ruina, tengo dos hijos pequeños y apenas tenemos para comer”, repite visiblemente nervioso. Esperaba cobrar en el mes de noviembre los “apenas 9.000 euros anuales” que recibe por las ayudas que le corresponden según establece Política Agraria Común (PAC), unas ayudas para las que incluso tuvo que alquilar tierras de pasto lejos de su casa “más allá de Calatayud”, dice, porque aunque “tengo todo un pueblo en el que puede pastar mi ganado, dicen que estas tierras no sirven para declarar”.

Pero el dinero no ha llegado porque el Fondo Estatal de Garantía Agraria, organismo dependiente del Ministerio de Agricultura que se encarga de gestionar los recursos económicos que llegan de Bruselas, está recalculando los derechos históricos de la reserva nacional (a los que accedió este productor) y mientras dicho organismo no transmita la cifra al Gobierno de Aragón, la consejería de Desarrollo Rural no puede realizar dicho pago aunque esté preparado para hacerlo de forma inmediata. Es cierto que, como insisten en destacar las administraciones, el plazo para realizar estos pagos se extiende hasta el mes de junio, pero los perceptores están acostumbrados, porque así lo han decidido adelantando los pagos tanto Bruselas, como el Gobierno central y el autónomo, a recibir estas ayudas antes de que termine el año.

“Nadie me dice nada, no me explican qué está pasando”, asegura el ganadero, que explica que ha ido a solicitar información tanto a la oficina comarcal agraria (OCA) que le corresponde, como a la sede de la Consejería de Desarrollo Rural y en ninguno de estos organismos le han podido dar solución a la difícil situación que atraviesa y que se complica con las obligaciones financieras a las que tiene que hacer frente para amortizar las inversiones realizadas.

“No he recibido ninguna carta en la que al menos avisaran de que no iba a cobrar o me explicaran cuándo podré recibir el dinero”, insiste el joven, que asegura que si al menos contase con un escrito en el que las administraciones explicaran que solo se trata de un nuevo cálculo pero que recibirá la ayuda podría acudir a una entidad financiera para solicitar un adelanto. “No puedo pedir nada porque el banco no sabe lo que está pasando y no se fía”, lamenta.

“Es mi trabajo y me encanta hacerlo pero voy a tener que dejar todo porque no puedo comprar pienso, no tengo dinero ni para que mi familia pueda comer”, denuncia este ganadero, que explica que ha demostrado que tiene su cartilla de explotación ganadera con total corrección y que hace poco tiempo tuvo una revisión para evaluar el bienestar animal de su ganado y “no tuve ningún problema, todo lo contrario estaba todo correctamente y perfectamente”, señala.

Más casos

No es el único ganadero que también ha visto paralizado el cobro de su PAC por la misma circunstancia, aunque no todas las situaciones son tan dramáticas. Desde UAGA explican que la única explicación que ofrecen desde la consejería que dirige Joaquín Olona es que todo está en manos del FEGA que es quien da las órdenes de pago y que mantiene estas ayudas a la espera mientras realiza un nuevo cálculo de los derechos históricos que dan acceso a estas ayudas que se otorgaron en 2015 desde la reserva nacional.

Desde la organización agraria reconocen que aunque se produzcan estos retrasos lo cierto es que las administraciones no están incumpliendo el plazo que se extiende hasta el mes de junio, pero señalan que se producen situaciones perversas ya que los perceptores cuentan con este dinero antes de final de año y si no llega colocan al productor en una situación muy complicada por falta de liquidez.